El paro realizado por la Unión de Transportistas de Combustibles (UTC) la semana pasada provocó el desabastecimiento de combustibles en las estaciones de todo el país, una situación que obligó al Poder Ejecutivo a decretar la esencialidad del servicio. Del análisis de dicha situación surgen algunas interrogantes interesantes.

La gremial de fleteros comenzó con el paro el jueves 6 de diciembre, a partir de un accidente laboral ocurrido el día anterior, en el que un transportista, mientras cargaba su camión, sufrió lesiones en una mano cuando una manguera le cayó encima, en la planta de ANCAP en La Tablada. El dirigente gremial Óscar Benavidez declaró en distintos medios que el trabajador sufrió “cortes de tendones”, “fractura expuesta” y que el accidente le “guillotinó la mano”; sin embargo, el sábado 10 el trabajador fue dado de alta luego de haber sido tratado por la luxación (dislocación de un hueso) que sufrió en su mano.

Al otro día del accidente, ANCAP realizó el cambio de la pieza averiada que generó el accidente y encomendó informes técnicos para determinar las causas del siniestro, ya que la empresa asegura que viene cumpliendo con las tareas de mantenimiento y realiza las inspecciones periódicas correspondientes. Al día siguiente se creó una mesa de diálogo para atender la demanda de la UTC, basada en los problemas de seguridad laboral. En dicha instancia se estableció un cronograma de reuniones y se firmó un acta entre los ministerios de Trabajo e Industria, ANCAP, FANCAP (Federación de Trabajadores de ANCAP) y la UTC. En el documento, se estableció el compromiso de reanudar la actividad al otro día.

Tal como había sido acordado, los trabajadores de ANCAP abrieron La Tablada el sábado para esperar a los transportistas, que finalmente definieron no recargar allí. Al no cumplir con lo pactado, la UTC generó una grave situación de desabastecimiento. Durante el fin de semana, el MIEM (Ministerio de Industria, Energía y Minería) monitoreó la distribución de combustible y concluyó que el domingo se constató escasez de gasoil y verificó que no quedaban estaciones de servicios capaces de suministrar nafta.

El lunes 10, la gremial definió retomar la distribución, pero solamente para las estaciones de servicio de Axion y Petrobras. No así para las de DUCSA (Distribuidora Uruguaya de Combustible SA), que son la mayoría, sobre todo en el interior del país. Esta inesperada reacción, contraria a lo acordado, motivó al MIEM a transmitir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la necesidad de decretar la esencialidad de los servicios “de suministro, transporte y entrega de combustibles y derivados”. La resolución estuvo vigente hasta que se reanudó el funcionamiento pleno y normal del servicio.

Más allá de los hechos

Lo primero a resaltar es la arbitrariedad de la UTC. El viernes 7 ya se conocía el diagnóstico del trabajador, que fue dado de alta el sábado. Por tanto, no se fundamentaba continuar con la medida. Además, la decisión de incumplir el acuerdo no aportó al diálogo ni a la construcción de una salida a la demanda original: los problemas de seguridad, supuesta raíz del reclamo.(*)

En este contexto, el gobierno se vio obligado a decretar la esencialidad de los servicios, dado el agotamiento de todas las instancias anteriores. ¿Por qué? Porque luego de haber cumplido con las obligaciones a las que se responsabilizó, generando un espacio de trabajo con todos los actores involucrados y frente al incumplimiento por parte de la gremial de transportistas, debió priorizar el respeto a los derechos de la ciudadanía y garantizar el acceso al combustible.

El desabastecimiento afecta a todas las actividades del país. Perjudica, transversalmente, a toda la población, altera la producción e interrumpe el traslado de bienes y personas. Es decir, paraliza los procesos de distribución tanto de mercaderías para la exportación como para el mercado interno, o el transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades.

Genera un proceso de desestabilización en los aspectos productivos y sociales. Y tiene efectos muy importantes en el plano económico.

Por tanto, la definición de tomar una medida de esta naturaleza debe ser muy meditada. Un país entero no puede quedar de rehén de la voluntad de un colectivo patronal que no cumplió con el compromiso adoptado, que manejó información falsa en diversos medios de prensa y que desestimó el espacio de diálogo y trabajo creado e integrado por dos ministerios y una empresa pública, especialmente, para atender a su demanda.

¿La historia se repite?

En octubre de 2006, en el primer gobierno del Frente Amplio (FA), ocurrió un hecho distinto, pero con algunas semejanzas y una particularidad también presente en este conflicto: los sindicatos de los trabajadores no adhirieron a los paros patronales. En aquella oportunidad, la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre de Uruguay, al verse afectada por la decisión del gobierno de aumentar el gasoil para financiar la baja del boleto del transporte colectivo, realizó un paro por tiempo indeterminado, que fue rechazado por el PIT-CNT con un paro general “en defensa de la democracia”.

Si bien las situaciones son disímiles, ambas nos permiten reflexionar sobre los orígenes de algunos conflictos, sus actores y su naturaleza. No es nuevo ni sorprende que el “lockout patronal” sea uno de los mecanismos utilizados por las derechas para presionar y debilitar a los gobiernos de izquierda. No quiero decir con esto que el paro del fin de semana pasado buscara ese objetivo. Pero sí nos puede ayudar a recordar que en nuestro país a un año de la asunción del primer gobierno del FA, los empresarios nucleados en una gremial intentaron desestabilizar la vida social y económica de nuestro país.

La desestabilización como método

De un tiempo a esta parte circulan relatos que describen la realidad actual como un momento de crisis económica y social. Se intenta implantar la idea de que nuestro país vive una situación de caos y se escuchan voces que minimizan la crisis del 2002 y sus impactos. Pero hay un problema: es muy difícil olvidar aquel Uruguay en el que 40% de la población vivía en situación de pobreza y miles de uruguayos realizaban colas para poder alimentarse en las ollas populares o en los comedores del INDA (Instituto Nacional de Alimentación). Suavizar el pasado es una estrategia para borrar de manera discursiva las consecuencias que sufrimos los uruguayos, producto de las políticas neoliberales aplicadas en los años 90. Quienes hoy relativizan los efectos de aquella crisis, casualmente, son quienes la generaron.

A días de comenzar el año electoral y con una derecha ansiosa por recuperar los privilegios perdidos, se hace imprescindible afinar la lectura sobre diversos sucesos de la realidad. Debemos estar atentos porque la desestabilización puede ser una tentación para algunos actores que anteponen sus intereses particulares al interés general y nacional.

(*) De todas maneras, es necesario aclarar que el cronograma de reuniones pautado en el primer encuentro de la mesa de diálogo del viernes 7 se vienen respetando las fechas fijadas. La última reunión se desarrolló el pasado miércoles 12.

Alejandro Sánchez, diputado del MPP