El sábado 10 en una columna de opinión publicada por el diario El País, el doctor Ignacio de Posadas cuestionó actuaciones recientes de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Sería fácil ironizar considerando los antecedentes políticos y profesionales del opinante, pero el caso es que bastante razón tiene.
De Posadas criticó que el directorio de la Jutep se haya referido, en un comunicado, a “conductas que, sin estar explícitamente prohibidas, agreden las legítimas aspiraciones de la ciudadanía con respecto a las normas que deben regir la conducta de quienes ocupan cargos públicos”. Según el columnista, “además de la judicialización de la política ahora tendremos la ‘jutepización’. Por encima y por fuera de los mecanismos constitucionales de funcionamiento de la democracia vamos a tener algunas personas erigidas en custodios morales, sin haber sido elegidos para ello ni tener que responder democráticamente por su accionar”.
La Jutep fue creada en 2008 (como Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado) para cumplir compromisos asumidos por Uruguay al aprobar la Convención Interamericana contra la Corrupción. Al principio tuvo como “cometido exclusivo el asesoramiento a los órganos judiciales con competencia penal, emitiendo opinión dentro del marco de su materia”, y sólo cuando la Justicia o el Ministerio Público así lo dispusieran. Esto además de ocuparse de las declaraciones juradas de bienes e ingresos de las y autoridades y funcionarios públicos, y de proponer “modificaciones de normas sobre las materias de su competencia”. Luego se fueron ampliando sus atribuciones, pero sigue siendo un organismo asesor, aunque su nombre ya no lo indique.
Los representantes de los partidos en el Senado, a propuesta del presidente de la República y por una mayoría especial de tres quintos, designan a los tres integrantes del directorio de la Jutep “entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral”, sin que la ley especifique a qué tipo de experiencia se refiere, y con las incertidumbres que implica dejar en manos de los senadores la definición y evaluación de la “solvencia moral”. En todo caso, no es tarea de esos directores interpretar cuáles son “las legítimas aspiraciones de la ciudadanía”. Es obvio que hoy existe (y es estimulada) una peculiar sensibilidad social ante la corrupción, pero en nuestra democracia republicana no le toca a la Jutep hablar por “la gente”.
“No somos los tutores de la ética personal”, señaló con acierto el presidente de la Jutep, Ricardo Gil. El organismo se ocupa de la “ética pública”, y esta sólo se puede evaluar en relación con las normas vigentes para quienes ocupan cargos públicos. Afirmar que determinadas conductas permitidas deberían evitarse es sólo una opinión, que a nadie obliga. Si los directores de la Jutep piensan que las normas deben cambiar, tienen el derecho y el deber de proponerlo formalmente, para que la ciudadanía y quienes la representan reflexionen y decidan. El resto sobra.