En Uruguay nos complace destacar, entre otras diferencias con países de la región, el hecho de que varias instituciones relevantes para el funcionamiento democrático −algunas estatales y otras de la sociedad civil− poseen en nuestro país una notable solidez, apoyada en el reconocimiento social de su importante autonomía con respecto a los partidos. Tal solidez no debe, por supuesto, considerarse indisoluble; hay que cuidarla, y una de las formas de hacerlo es ejercer el derecho a discutir los actos de esas instituciones, pero de la forma en que lo hagamos depende que contribuyamos a fortalecerlas o a debilitarlas. Un buen ejemplo fueron los cuestionamientos planteados esta semana a dos recientes decisiones del fiscal Luis Pacheco, que determinaron el archivo de sendas denuncias por no hallar indicios de que se hubiera incurrido en delitos penales.

En el primer caso, relacionado con el uso de tarjetas corporativas de Alur, por parte del actual senador Leonardo de León, el también senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, que había presentado la denuncia, comentó que el dictamen de Pacheco era “un escándalo”, “increíble” y “preocupante”, que contribuía “al incremento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Estas expresiones de Mieres, por lo menos discutibles, parecen, sin embargo, un prodigio de moderación si se las compara con las del ex diputado frenteamplista −ahora integrante del sector nacionalista Todos− Gonzalo Mujica respecto de la decisión del mismo fiscal sobre la denuncia que Mujica, junto con los diputados blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo, presentaron contra la actividad de la empresa Aire Fresco, ampliando otra formulada por el inefable abogado Gustavo Salle.

Mujica dijo que el pronunciamiento de Pacheco había sido “una indecencia” y que tanto este como el fiscal de Corte, Jorge Díaz, habían decidido “no investigar nada” ni en el caso de Aire Fresco ni en otros “para esconder todas las irregularidades” del anterior gobierno, en una “operación política” para que “el Frente Amplio tenga un año electoral tranquilo, sin juicios en el horizonte”. Díaz y Pacheco están “más dedicados a hacer mandados para el Frente que a hacer justicia”, afirmó el ex legislador, y agregó que “cuando quería ver payasos pagaba entradas para un circo”, pero desde ahora se va “a divertir mirando las fotos” de ambos fiscales.

A fines del año pasado, Pacheco apeló la absolución del ex ministro Fernando Lorenzo en el caso de PLUNA y, hace menos de dos meses, pidió el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic; en ambas ocasiones, muchos ensalzaron su independencia y lo señalaron como un ejemplo de virtudes republicanas. Es la misma persona que, sin duda, puede acertar en unos casos y equivocarse en otros. Lo que no vale es pasar del elogio al agravio según cómo nos va en la feria. Y si alguien piensa que contribuyendo al desprestigio genérico de las instituciones y azuzando la descalificación torpe va a salvarse de la quema, si prolifera la idea de que “son todos iguales”, comete un error singularmente tonto.