Desde el mundo de la política, quienes participan en espacios de decisión, ya sea a nivel gubernamental, social, sindical, barrial o similar, deberían ser capaces de conocer de primera mano los problemas que atañen a la sociedad. Este conocimiento es una consecuencia lógica, cuando existe por parte del militante el compromiso y el trabajo tendiente a abordar las diferentes situaciones que se presentan. A través de este intercambio, se descubre la complejidad de los problemas, sus diferentes aristas y cómo estos requieren un abordaje a través de diferentes perspectivas que, aun con sus diferencias, terminan siendo complementarias.
Llevemos esa idea a un ejemplo práctico.
Hace unas semanas, cuando se hizo la intervención en Los Palomares, se atacaron varios problemas, que convergían en uno solo: la apremiante situación que vivían varias familias de ese lugar, víctimas de un grupo criminal que, utilizando la extorsión y la amenaza, les habían privado de sus derechos más esenciales. Pero además, en paralelo, la situación develaba un trasfondo de pobreza, marginalidad, falta de vivienda digna, entre otras aristas absolutamente insostenibles. Ante esa problemática multidimensional, la respuesta que dio el Estado no se enfocó únicamente en la intervención policial-judicial, sino que se les brindaron además soluciones habitacionales, así como otras prestaciones sociales. No existen dudas de que como personas de izquierda debemos ser férreos defensores de esta forma de trabajar, ya que de ella dependerá el éxito de las políticas desarrolladas. Existen además otros ejemplos, como el Sistema Nacional Integrado de Salud o el Sistema Nacional de Cuidados, en los que varios actores del Estado confluyen en un mismo ámbito de trabajo.
Sin embargo, también debemos reconocer que esta forma de trabajo todavía requiere de un cambio de mentalidad por parte de varios tomadores de decisiones. Partimos de la convicción de que ese cambio de mentalidad es uno de los grandes desafíos que todavía tiene el gobierno, en la medida en que gran parte de lo que hemos denominado “reforma del Estado” se vincula directamente con esa nueva modalidad de encarar los problemas. Para ello, debemos apostar a que las estructuras del Estado se vuelvan más flexibles, integradas y coordinadas.
Desde esta perspectiva parte el proyecto de la compañera Cristina Lustemberg sobre garantías para el desarrollo, la atención, la educación y la protección integral de la primera infancia, que apuesta a la interinstitucionalidad como mecanismo de promoción de derechos. El proyecto propone un conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, coordinadas, relacionales y efectivas, encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de los niños y las niñas existan las condiciones humanas, sociales y materiales que promuevan, garanticen y potencien su desarrollo. Para ello se crea una unidad de coordinación, monitoreo y evaluación de políticas de primera infancia y parentalidad, la cual promoverá y gestionará la integración e integralidad de las acciones vinculadas a la ejecución de las políticas de primera infancia desde una perspectiva de desarrollo humano.
Cada uno de los integrantes de dicha unidad de coordinación tendrá además el cometido y la responsabilidad de constituirse como un ámbito sectorial, tendiente –de acuerdo a sus competencias– a ejecutar las políticas de primera infancia desde una perspectiva de desarrollo humano estrechamente ligado al desarrollo económico y regida por los principios de eficiencia y eficacia, asegurando una adecuada administración del presupuesto asociado al problema, su seguimiento y resultados. De esta manera, se tiende a una regulación, reordenamiento, sistematización y reglamentación de las políticas públicas y acciones del Estado dentro de esta área.
A su vez, el proyecto de Lustemberg plantea la definición y el desarrollo de una única estrategia nacional de la primera infancia. Esta estrategia, con proyección quinquenal, se compondrá de planes operativos anuales, presupuesto por problema unificado y cuadro de mando nacional integral de primera infancia.
A esto se le incorpora, además, un sistema de información para la gestión, el seguimiento y la evaluación del desarrollo integral de la primera infancia, que permitirá evaluar la trayectoria de vida y ruta de derechos de las niñas y los niños. Este sistema permitirá un diagnóstico mucho más fidedigno y será un insumo fundamental para el desarrollo de las políticas.
Nos parece oportuno e importante impulsar y defender este proyecto, que resulta necesario por sus aspectos sustanciales (la defensa de la primera infancia) y metodológicos (sus mecanismos de implementación). Creemos firmemente que las buenas ideas siempre deben ir acompañadas de una planificación seria y responsable que permita su concreción.
Sin dudas, hacia allí apunta este proyecto y cuenta con todo nuestro apoyo.
Charles Carrera es senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.