Un ejemplo de lo que no se debe hacer

En 2018 se supo que desde Presidencia de la República se estaba impulsando la puesta en marcha de una diplomatura en data science. Las características de dicha iniciativa y la manera en que se procedió para impulsarla motivaron pronunciamientos del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, la Universidad de la República (Udelar) y la posterior renuncia al directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de los profesores Santiago Dogliotti, en setiembre de 2018, y Luis Bértola, en febrero de 2019.

En las cartas de renuncia de ambos se señalaba que la ANII había sido invocada para dicha iniciativa a pesar de que su directorio “nunca vio, discutió y mucho menos aprobó la mencionada propuesta”, como se puede leer en la nota de Dogliotti. A su vez, la de Bértola afirma que “el directorio se manifestó ajeno a esta propuesta” y que el 3 de julio de 2018 tomó, por unanimidad, una resolución en la que deja constancia de “que no ha tomado ninguna resolución vinculada a la implementación de ningún tipo de curso de posgrado en el país”. A pesar de ello, la presidencia de la ANII siguió adelante, lo que contribuyó a determinar las renuncias mencionadas.

¿Cuáles eran las causas para que esa iniciativa tuviera ese tipo de consecuencias? Varios actores señalaron problemas de fondo.

Uno podría esperar que la expresión preocupada de tantos actores y la renuncia de los dos únicos académicos que formaban parte del Directorio de la ANII serían señales entendidas por el Poder Ejecutivo, que buscaría formas de corregir la situación. Pero no, Uruguay firmó en enero de 2019 un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar una serie de actividades, fundamentalmente el llamado Programa en Data Science, y con ello aplicó la política de los “hechos consumados”.

El texto de un préstamo firmado por el país debe ser un documento público. En el sitio web de Presidencia aparece el texto del convenio, no así sus anexos, indispensables para entenderlo plenamente. Luego de meses, hemos conseguido acceder a ellos. Su lectura es ilustrativa. A continuación menciono algunas conclusiones a las que he llegado después de una lectura con un ojo atento pero no experto. Si mi interpretación es incorrecta quisiera que alguien me explicara al respecto. De su lectura surgen estas reflexiones.

El Anexo I describe el proyecto. El componente I se llama “Capital humano digital” e incluye temas directamente vinculados al llamado Diploma en Ciencias de Datos, que es descrito con bastante detalle. En particular los puntos 2.02 y 2.03 describen directamente la “micro maestría en Data Science acreditada por el MIT [Massachusetts Institute of Technology]”. En las discusiones públicas sobre el asunto se habló indistintamente de posgrado, maestría y máster. Conviene ser cuidadoso en cómo se nombran estas cosas, para claridad del público.

El componente II refiere a “Financiamiento del ecosistema de servicios y bienes intensivos en conocimiento”. Incluye la atracción de empresas y emprendedores del exterior y la articulación de los graduados del micromáster con el ecosistema de innovación y emprendimiento, entre otros.

El costo del componente I (ejecutado por el Plan Ceibal) es de 9.527.500 dólares (5.890.000 del préstamo y 3.637.500 aportados por el prestatario, es decir el Estado uruguayo). El costo del componente II (ejecutado por la ANII) es de 2.322.500 dólares (1.960.000 del préstamo y 362.500 aportados por el prestatario). Hablamos de un préstamo de ocho millones de dólares con el BID (deuda externa) y el compromiso de una contraparte nacional de cuatro millones. Este convenio define que Uruguay destinará 12 millones de dólares a esta iniciativa, condicionando al país y al futuro gobierno en relación con una parte de su inversión destinada a ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Frente a este préstamo ya consumado sólo cabe preguntarse: ¿es legítimo que se defina una parte sustantiva del destino de los fondos públicos orientados a CTI para los años venideros sin participación del Parlamento ni de las instituciones cuyo cometido es la CTI?

Para dimensionar mencionemos algunos ejemplos. La ANII destinó en 2018 unos cinco millones de dólares al Sistema Nacional de Investigadores, 2,3 millones al portal Timbó, 3,5 millones a sus programas de investigación y casi un millón a compra de equipos científicos de punta. De modo que este préstamo representa (y condiciona) montos muy significativos para lo que Uruguay destina a CTI.

El compromiso firmado por todos los candidatos presidenciales, incluyendo al actual presidente, Tabaré Vázquez, en el que se establecía un compromiso para aumentar sustantivamente el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a investigación y desarrollo (I+D) no ha sido cumplido. Según la ANII, en 2015 el país gastó en I+D 0,36% de su PBI. En ese contexto, vale la pena preguntarse por los mecanismos y las razones para destinar las cifras involucradas por este préstamo a esta iniciativa. Asignar 12 millones de dólares a este fin implica necesariamente no destinarlos a otros. ¿Quién y con qué criterios resolvió darle prioridad a este destino? ¿Existe algún documento que analice las opciones y defina esa prioridad? Si existe, debería conocerse.

No pongo en duda la necesidad de invertir sumas sustantivas en fortalecer la innovación y la articulación entre demanda y oferta de conocimientos. Se trata de un tema complejo y central, al cual apunta el componente II del préstamo. Acá me centraré en el componente I.

Nadie duda de que se están produciendo importantes transformaciones relacionadas con el uso de grandes volúmenes de datos y con la incorporación a muchas esferas de la vida de la llamada inteligencia artificial, y que dichos procesos requieren importantes esfuerzos nacionales. La cuestión es cómo hacerlos. Una manera es formar capacidades nacionales que entiendan de qué se trata y sean capaces de aportar al desarrollo de esas tecnologías y usarlas para dar solución a los problemas que tenemos; otra es aprender a usar esas tecnologías como cajas negras cuyos misterios interiores sólo podemos apreciar a partir de manuales de uso.

La primera estrategia implica invertir en la formación de capacidades nacionales al más alto nivel. Financiar proyectos y todo lo necesario para que los grupos de investigación puedan crecer en un campo muy dinámico. Implica también lograr articular esas capacidades con nuestra realidad social y productiva. Es necesario crear puestos en instituciones académicas (universidades, institutos de investigación) y no académicas (el Estado, las empresas públicas y el tejido productivo privado) para que la gente que formemos, en la cual el país invierte, pueda permanecer en Uruguay y contribuir a desarrollar soluciones a nuestros problemas usando estas tecnologías. Uno de los problemas más graves que tenemos hoy en la política nacional de CTI es la dificultad para generar condiciones para que los miles de jóvenes que se están formando no se vayan, alejados por las dificultades que enfrentan para encontrar un lugar en el que aportar sus conocimientos.

Algunos pueden pensar que el país no ha recorrido ese camino en este campo y por tanto necesitamos comprar soluciones llave en mano a otros, en especial en materia de formación. Pero, a pesar de las enormes dificultades presupuestales a las que ha estado sometida la Udelar ¹, ese camino se ha recorrido. Se han formado personas al más alto nivel. Existen grupos de investigación locales que desarrollan su trabajo en ciencias de datos, inteligencia artificial y reconocimiento de patrones vinculados con investigadores de reconocida trayectoria en el mundo. Hay algunas empresas locales que ya incorporaron esos conocimientos. Falta mucho por hacer, en particular para lograr la articulación entre oferta y demanda de conocimientos, pero existe una base.

La segunda estrategia –que es la que se ha seguido a través de este préstamo– es una forma de mantener la dependencia y profundizarla. Equivale a la metáfora de comprar espejos de colores.

Esta no es una expresión lírica, y para que se entienda por qué está justificada debemos entender de qué trata realmente esta diplomatura en data science. Para ello nos hemos basado en la información que aparece en su sitio web. Se trata de un conjunto de cinco cursos, dictados por especialistas de la Universidad de Harvard y el MIT. La diplomatura dura 16 meses y le cuesta 12.830 dólares al estudiante. Incluye ocho semanas de talleres presenciales. El resto de los cursos se toman en línea, con apoyo local. Al finalizar, los estudiantes obtendrán tres certificados: el MicroMasters in Statistics and Data Science, expedido por EdX (una plataforma de cursos abiertos masivos en línea) bajo el nombre del MIT, el Program on Negotiation Global, emitido por el Program on Negotiation de Harvard Law School (tres días de cursos a distancia que cuestan 3.950 dólares), y el master profesional en data science expedido por la Universidad Tecnológica (Utec). Nadie duda de la calidad del MIT y de Harvard. Tampoco es razonable suponer que un conjunto de cinco cursos, dictados casi todos a distancia y sin el sostén de equipos locales de investigación, configure un programa de posgrado, razón que explica seguramente el nombre de micromáster que el propio MIT otorga a esta formación.

Existen entonces dos estrategias, y se opta por la que no deja casi nada en el país en detrimento de una que dejaría no sólo gente formada, sino capacidades locales fortalecidas y cuya naturaleza sería notoriamente diferente. ¿Cuánto hay que pagarle al MIT y a Harvard por la compra de estos cursos llave en mano? La información que aparece en el texto del préstamo con el BID no permite saber eso con exactitud, pero sí tener una idea. En el Anexo II aparece el ítem “Acuerdos con socios académicos vigentes”, al que se le atribuye un financiamiento vinculado de 2.440.000 dólares. Parecería, aunque debe ser verificado, que más de la cuarta parte del préstamo está destinada al MIT y a Harvard. Sería conveniente saber realmente cuánto está comprometiéndose Uruguay a pagar a esas dos instituciones. Duele imaginar que se contabilicen esos millones de dólares dentro del porcentaje que el país destina a la educación pública (el famoso esfuerzo por llegar al 6% del que aún estamos lejos).

El rol de la Utec en este proceso ha sido básicamente el de dar el marco institucional para que esto pueda suceder, lo cual ilustra sobre las “ventajas para el gobierno de turno” de contar con una institución universitaria pública sin autonomía. Hasta hoy, para que una institución (pública o privada) otorgara un título de posgrado se había exigido que contara con un respaldo académico propio sólido. Se inaugura así una nueva modalidad y se crea un peligroso antecedente. Quisiera que se entienda mi punto. Si se destinara una cifra millonaria para que la Utec construyera un programa propio, con recursos humanos de calidad trabajando a largo plazo en la creación de capacidades nacionales en la materia, no estaría escribiendo este artículo. La Udelar ha colaborado en este sentido desde que surgió la Utec y lo seguirá haciendo. Debemos seguir colaborando (entre nosotros y con otros) por el camino serio de la construcción de recursos humanos formados, grupos de investigación y desarrollo, etcétera. No hay atajos.

El Claustro de la Facultad de Ingeniería de la Udelar está discutiendo una Maestría en Ciencias de Datos y Aprendizaje Automático seria, sostenida por un plantel local de más de 22 docentes con doctorados, articulada con grupos del más alto nivel en el mundo y de acceso gratuito. Es casi una ironía que uno de los puntales de esa maestría sea un joven uruguayo, con doctorado en Francia y posdoctorado en Estados Unidos, especializado en estos temas, que no tiene un cargo fijo porque las limitaciones presupuestales a las que está sometida la Udelar lo dificultan. Por el momento, es financiado por un posdoctorado de la Udelar que vence en un año. De modo que el país puede pagarles varios millones de dólares al MIT y a Harvard para que nos traigan un micromáster, pero no puede financiar a sus propios recursos calificados. El sueldo bruto de un grado tres con dedicación total, que es de lo que estamos hablando, es de 113.765 pesos por mes a enero de 2019.

A través de este proyecto se destinan 9.527.500 dólares a un programa que aspira a formar a 500 estudiantes, con 70% de egreso. Parecería que el gobierno uruguayo está dispuesto a pagar esas cifras cuando entiende que la formación es “de nivel”. Da mucho que pensar sobre la valoración que tienen los que negociaron este proyecto respecto de nuestras propias capacidades y muestra que es necesario discutir seriamente la diferencia entre el marketing y la calidad de lo que hacemos.

Hace pocos meses se rechazó el incremento presupuestal solicitado por la Udelar en la Rendición de Cuentas. El argumento invocado, la falta de recursos ante una realidad adversa, parece discutible a la luz de la facilidad con la que se ha destinado a este proyecto un monto superior al que se requería, por ejemplo, para financiar el deficitario programa de dedicación total de la Udelar, que sostiene más de 75% de la investigación nacional.

No puedo dejar de pensar en que hace unos diez años hubo un proyecto para construir una mejor Red Académica Uruguaya (RAU), red de internet dedicada a vincular todas las instituciones académicas y de investigación públicas y privadas del país y los hospitales públicos, con un ancho de banda y calidad de servicio adecuados. Costaba alrededor de siete millones de dólares, pero no se hizo. Hoy seguimos sin una RAU que permita sostener seriamente la investigación y la innovación. El impacto de tal inversión hubiera sido general y profundo, estaba apoyada por todas las instituciones, incluido el Gabinete Ministerial de la Innovación, pero… fue vetado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Hasta acá nos hemos limitado a analizar este proyecto y préstamo en relación con la formación en ciencias de datos. Pero vale la pena preguntarse si ese es el problema principal en que el país debe invertir sus escasos recursos. Alguien debe decidir si pudiendo destinar 12 millones de dólares a CTI, deben destinarse a ciencias de datos o a abordar los problemas ambientales que a todas luces afectan nuestro modelo productivo, a buscar soluciones a los problemas sociales que aquejan a tantos a pesar del crecimiento económico de estos años, a buscar maneras de que algunos de nuestros problemas productivos sean resueltos de manera innovadora, etcétera. ¿Quién debe hacerlo? Uno de los más graves problemas de nuestro sistema de CTI es la falta de una estructura clara de discusión y definición de políticas. Ello hace que decisiones de este calibre queden en la órbita operativa de algunos. Su poder de influencia es tal que determinan endeudar al país, desconociendo a todos los actores relevantes, y así definen la política nacional de CTI por varios años (pues la asignación de recursos determina las políticas). La arbitrariedad y la arrogancia puestas en evidencia en esta historia muestran un déficit democrático escandaloso que debe ser denunciado.

Este relato nos muestra que necesitamos una institucionalidad seria en CTI, que permita construir políticas de largo plazo, en diálogo con todos los actores y que dé garantías de que los fondos públicos serán utilizados adecuadamente. También alerta sobre la necesidad de que debatamos seriamente cuál debe ser la política en CTI y cómo defender la educación pública para el Uruguay de hoy y del futuro. Esta historia no debe repetirse.