Ayer, tres ex intendentes del interior del país llamaron juntos a establecer “lo antes posible” un “diálogo de reconstrucción nacional”, e invocaron la necesidad de articular “la prevención y la atención a las emergencias” con “la tarea de atención a los efectos derivados de las crisis y sus consecuencias”. Tan importantes como el mensaje son, en este caso, los mensajeros: se trata del nacionalista Sergio Botana (Cerro Largo), el frenteamplista Yamandú Orsi (Canelones) y el colorado Marne Osorio (Rivera).

Los tres reivindicaron la experiencia del Congreso de Intendentes, creado por la reforma constitucional de 1996, cuyo trabajo destacaron como “una gran lección de unidad, responsabilidad y compromiso institucional”, con la búsqueda de consenso como “norma –no escrita– de funcionamiento cotidiano”.

En estos tiempos difíciles, hay distintos tipos de reacción política ante acontecimientos como este. Se alarman e indignan quienes, desde la oposición, ya comenzaron la campaña electoral de 2024 y consideran prioritario buscar, en cada palabra y acto del gobierno nacional, elementos para afirmar que sus intenciones son nefastas y que sus jerarcas son incompetentes. También quienes, desde el oficialismo, se empeñan en predicar que todos los problemas del país (incluyendo la actual emergencia sanitaria) se deben a torpezas y maldades de los anteriores gobiernos, y desprecian la idea de un “gran acuerdo nacional” alegando que es innecesaria y contraria a la voluntad popular de que el Frente Amplio (FA) no gobierne más.

Ante situaciones de emergencia como esta, es sensato dejar de lado los prejuicios ideológicos y los fundamentalismos.

Otros nos alegramos de que Osorio, Orsi y Botana hayan dado la cara para defender “la solidaridad, la tolerancia y la convicción de que tenemos que estar más unidos que nunca”, así como “una visión integradora del país”, que abarque “capital e interior, campo y ciudades”, pero también la diversidad de tradiciones e identidades políticas. Nos alegra que lo hayan hecho sabiendo que no iban a recibir sólo aplausos, sino también críticas e incomprensión, aun dentro de sus respectivos partidos.

Algunas de las medidas anunciadas esta semana por el Poder Ejecutivo tienen puntos de contacto con las propuestas que el FA le presentó al presidente Luis Lacalle Pou, y con las que le habían reclamado el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. Eso también es esperanzador, y lo que importa no es a quién se le ocurrió primero una buena idea, sino reconocerla como tal y llevarla a la práctica.

Lacalle Pou dijo el jueves que no rechaza de antemano “ningún mecanismo para poner a andar al país”, y que él ha aprendido a “valorar un poco” al economista británico John Maynard Keynes escuchando a la ministra Azucena Arbeleche, que lo menciona como “uno de sus autores preferidos”. Algunos extremistas del liberalismo económico se escandalizaron, y es probable que lo hayan hecho también quienes, en la izquierda, repudian el keynesianismo.

Un programa de largo plazo apoyado en ideas contradictorias entre sí no sería sustentable, pero parece obvio que, ante situaciones de emergencia como esta, es sensato dejar de lado los prejuicios ideológicos y los fundamentalismos.