Esta celebración del 1º de mayo pauta un año muy complicado para los trabajadores y trabajadoras en Uruguay. La crisis del coronavirus nos obliga, quizás como nunca antes, a pensar muchas dimensiones de la organización económica y social de forma simultánea. Hay muchos temas para pensar en el plano laboral. A corto plazo, el diseño de las políticas de seguro social y de transferencias de ingresos que les permitan a las personas navegar esta situación, evitar la disolución de vínculos productivos que luego será costoso recomponer y mitigar situaciones de privación material. A mediano plazo, y con un desempleo que se consolidará en cifras de dos dígitos, las condiciones económicas que permitan reanudar una senda de crecimiento del empleo, en franco deterioro desde hace ya varios años.

Pero lo primero es lo primero: la salud. La dimensión sanitaria también tiene su expresión en el ámbito laboral. Algunos estudios marcan que podríamos tener que convivir con esta situación por bastante tiempo. No deberían descartarse escenarios de confinamiento y distanciamiento social intermitentes alternados con períodos de relativa normalidad. Lo que parece claro es que la forma en que se estructuren las interacciones sociales será un factor clave. El reciente cierre de plantas frigoríficas en Estados Unidos por brotes importantes de coronavirus es sólo una muestra de la relevancia de pensar los centros de trabajo como puntos calientes de propagación de la pandemia.

Los temas de salud y seguridad ocupacional tienen una importancia central en estos momentos. La implementación de cambios en la organización del trabajo y las medidas que tomen las empresas en materia de higiene y prevención de riesgos laborales son fundamentales para evitar que la reanudación de actividades resulte en un rebrote del virus. ¿Cómo hacer para que las actividades económicas continúen operando y al mismo tiempo limitar los contagios en los lugares de trabajo? ¿Cómo se limita el contagio directo entre trabajadores o aquel mediado por la manipulación común de equipos y herramientas? ¿Cómo se limita el contagio entre trabajadores y consumidores? La importancia relativa de los distintos canales de transmisión varía dependiendo del tamaño de las empresas y el tipo de actividad. En términos generales, las medidas de prevención deberían incluir la distribución de material de protección, higiene, información y capacitación y la reorganización de la disposición del espacio físico de trabajo y las interacciones interpersonales. Idealmente, quisiéramos que los trabajadores y trabajadoras de mayor edad, los más vulnerables en caso de contagio, pudieran trabajar desde casa. Sin embargo, los datos dicen que en la realidad ocurre lo contrario. Son justamente las personas de mayor edad las que tiene trabajos con contactos interpersonales más frecuentes y menos posibilidades de trabajar a distancia. Esto vuelve aún más relevante el diseño y cumplimiento de protocolos de salud ocupacional en las empresas.

¿Cuál es la estructura de incentivos que llevaría a las empresas a invertir en este tipo de protocolos? El distanciamiento social y las medidas de cuarentena (para el caso de quienes presentan síntomas) nos ponen a las personas frente a un dilema social. Estas medidas tienen costos personales, pero conllevan beneficios sociales si todos y todas las cumplimos. Si dejamos a la gente decidir qué hacer exclusivamente con base en el cálculo privado, posiblemente tengamos niveles de distanciamiento social por debajo de los necesarios para contener el virus. El comportamiento de las empresas respecto del cumplimiento de medidas de salud laboral puede verse como un dilema social de segundo nivel. Las medidas de prevención son costosas para cada empresa individualmente considerada, y el beneficio de dichas inversiones no puede ser enteramente apropiado de forma privada. Cada empresa tiene incentivos para no cumplir con su parte. En un mercado laboral desregulado, el resultado será la implementación de estándares de salud y seguridad ocupacional inferiores a los que serían óptimos para la sociedad.

Generaciones de trabajadores y trabajadoras han pagado con su salud, y muchas veces con su vida, la exposición a sustancias peligrosas, y han sufrido los efectos colaterales asociados a la emergencia de muchas actividades productivas. Históricamente, los sindicatos han jugado un rol preponderante en asegurar estándares adecuados. Los cambios regulatorios en materia de salud laboral fueron casi siempre precedidos de intensas movilizaciones obreras que generaron las condiciones políticas para los cambios y la elevación progresiva de los estándares de bienestar ocupacional. Las empresas voluntariamente nunca han regalado nada.

Se podría pensar que en un mercado laboral competitivo los salarios relativos se ajustarán de forma de compensar a los trabajadores por incurrir en mayores riesgos de salud o soportar otras condiciones laborales desagradables. Sin embargo, desde los días en que Adam Smith formuló por primera vez esta interesante observación aprendimos algunas cosas más. Esos ajustes requieren que las personas tengan plena información y puedan evaluar los riesgos sanitarios de forma adecuada, que puedan cambiarse de empleo fácilmente y que la demanda de trabajo no esté concentrada en pocas empresas, condiciones que no siempre se satisfacen.

Los sindicatos pueden aumentar el bienestar social por varias vías. Primero, la organización sindical puede aprovechar economías de escala en cuanto a la recolección, análisis y transmisión de información sobre condiciones de trabajo y riesgos de salud en los lugares de trabajo, información localmente dispersa que no está disponible a bajo costo para las autoridades e inspectores laborales. Segundo, las medidas de prevención de riesgos laborales, que hoy son un bien público para toda la sociedad, dada la naturaleza del virus, son fundamentalmente un bien público local dentro de cada empresa: una vez que se ponen en práctica benefician a todas las personas que trabajan en ella sin exclusiones. Cada trabajador tiene pocos incentivos para asumir los costos de negociar individualmente y monitorear el cumplimiento de condiciones de trabajo que terminarán beneficiando a todo el mundo, y se descansará en que otros hagan el esfuerzo.

Además, los trabajadores tienen preferencias diferentes. Algunos pueden preferir cobrar un mayor salario y aceptar condiciones laborales más riesgosas. Otros preferirán resignar salario a cambio de un ambiente laboral sanitariamente más seguro. Sin embargo, la propia naturaleza de bien público de los estándares de salud ocupacional en las empresas determina que su provisión no pueda ajustarse a las preferencias heterogéneas de cada trabajador. Por ende, los sindicatos pueden facilitar la acción colectiva de los trabajadores, agregar las preferencias de sus miembros y comunicarlas coherentemente al empleador.

Finalmente, la presencia de sindicatos puede ayudar a los empleadores interesados en invertir en mejores condiciones de salud y seguridad ocupacional. Algunas de estas inversiones pueden mejorar el bienestar de los trabajadores y eventualmente negociarse en el marco de acuerdos más amplios que involucran el salario y otras condiciones laborales. Pero vuelven a aparecer los problemas de incentivos. Una vez que los trabajadores han hecho concesiones importantes, los empleadores pueden tener incentivos a renegar del acuerdo y no realizar las inversiones prometidas con argumentos basados en información que sólo la empresa posee.

Nuevamente, los sindicatos pueden jugar un rol en cuanto a establecer compromisos creíbles entre las partes, monitorear y hacer cumplir los acuerdos. En este plano, los sindicatos no son una distorsión al normal funcionamiento de un mercado laboral competitivo hipotético, sino un mecanismo institucional esencial para mitigar fallas contractuales sustantivas.

Hasta el momento el gobierno uruguayo se ha apoyado en la institucionalidad tripartita existente y ha demandado la instrumentación de protocolos de prevención. Es una situación altamente demandante en términos de coordinación social, y la existencia de estos ámbitos puede ser un activo para el país en estos momentos. Algunos ámbitos tripartitos sectoriales en materia de salud y seguridad ocupacional se reúnen regularmente, pero será fundamental la forma en que se organicen los protocolos a nivel de empresa, el monitoreo de su cumplimiento y la existencia de mecanismos de sanción creíbles para quienes se desvíen de esas pautas. En el contexto específico de la pandemia, los sindicatos deberían utilizar en mayor medida la herramienta de las Comisiones Bipartitas de Salud y Seguridad Laboral creadas en 2007. Lamentablemente, tenemos poca información sobre la incidencia y funcionamiento efectivo de estos ámbitos en Uruguay.

El éxito en la contención del virus depende de lograr elevados niveles de cooperación social, lo que descansa en gran medida en múltiples decisiones descentralizadas que toman personas y empresas muchas veces con base en sus propios intereses. El abordaje de la cuestión crucial de la salud y la prevención de riesgos laborales debe considerar explícitamente la estructura de incentivos de las empresas y los mecanismos institucionales que permitan monitorear y hacer cumplir la normativa en el marco de la pandemia. Esto también incluye el fortalecimiento de la voz colectiva de los trabajadores no sólo a nivel sectorial, sino también en cada lugar de trabajo. Es bueno recordar siempre que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. En materia de salud y seguridad laboral, no basta con exhortaciones al cumplimiento voluntario.