Manini en el dilema de Hamlet

El pedido de desafuero parlamentario para el senador Guido Manini Ríos plantea un escenario de incertidumbre política, en el que tanto su aprobación como su rechazo tienen consecuencias negativas para la coalición de gobierno. Si no se aprueba, la votación tiene consecuencias para las tres instituciones del trípode republicano del Estado: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El dictamen de la Fiscalía es fundado, y en el Senado se está haciendo una labor de documentación exhaustiva de la cual sacar conclusiones sobre si hay o no mérito para el pedido: a eso está acotada su decisión. Las conclusiones que saca el fiscal Rodrigo Morosoli y que refleja su dictamen se sustentan, entre otros elementos, en testimonios de seis generales en actividad, y mucho indica que parecen compartibles.

La Fiscalía se propone imputar a Manini por un delito de omisión de denuncia porque no comunicó a la Justicia la confesión de culpabilidad que hizo el ex teniente coronel José Nino Gavazzo ni la declaración del coronel retirado Jorge Silveira sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en 1973, y la referencia a otro de 1974. Esos hechos fueron, a partir de octubre de 2017, objeto de un tribunal de honor del Ejército y otro de alzada del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Ante el tribunal militar, Gavazzo confesó que fue él quien hizo desaparecer el cuerpo de Roberto Gomensoro.

El fiscal establece en su dictamen que “es indudable también que ninguna autoridad del Poder Judicial o de la Fiscalía tomó contacto con las declaraciones de G. [Gavazzo] y S. [Silveira] hasta el día 1° de abril del 2019. La inquisición es definida por el fiscal sobre ‘la ocurrencia de hechos con apariencia delictiva, y en caso positivo establecer si los mismos fueron oportunamente denunciados ante el sistema de justicia penal uruguayo por parte de los funcionarios públicos jurídicamente obligados a ello’”.

Según las declaraciones de los seis generales en actividad que integraron los tribunales, Manini evitó al menos en tres ocasiones hacer la denuncia “inmediatamente” de conocido el delito, tal como indica el artículo 77 del reglamento militar y es además obligación de todo empleado público. El 10 de abril de 2018, Gavazzo contó al menos parte del horror que cometió, y los tres generales que integraban el tribunal se lo informaron inmediatamente a su superior, el teniente general. Este, Manini, les ordenó suspender las actuaciones, “indicando que posteriormente daría las directivas correspondientes, haciéndose cargo de la situación”, declararon los generales. A fines de abril, Manini convocó al general que presidía el tribunal de honor “a su despacho y le dio la orden de continuar con sus tareas, fundándose en la urgencia de culminar las actuaciones, y en que a su juicio, lo declarado por G. [Gavazzo] era una ‘chicana’ para dilatar la decisión”.

El tribunal volvió a reunirse el 15 de junio de 2018 y sus tres integrantes resolvieron algo. “Le pedimos una nueva audiencia al comandante en jefe y lo que decíamos es que esto era un caso para pasar a la Justicia... con esto hay que hacer algo, y había acuerdo en ello. Esto es un hecho que hay que pasarlo a la Justicia, no hay vuelta”, dijeron los generales, según cita el dictamen fiscal. Manini “ordenó nuevamente al tribunal detener sus actuaciones y aguardar órdenes, finalizando así la reunión”. El general Gustavo Fajardo, que aparece como F. en el documento, declaró: “Paramos ahí, la verdad que bastante consternados por todo lo que este hombre había declarado...”. Sigue el dictamen fiscal: “Esta reunión tampoco fue documentada. Así transcurrieron varios días (entre siete y diez), hasta que M.R. [Manini Ríos] dio la orden de continuar nuevamente con las tareas del tribunal, con los mismos argumentos que la vez anterior”.

Tras el fallo del tribunal, el Poder Ejecutivo dispuso la formación de un tribunal de honor de alzada, y su presidente, el general Claudio Romano, contactó a Fajardo “y le consultó si efectivamente el comandante en jefe del Ejército estaba al tanto del contenido de las declaraciones de G. [Gavazzo] y S. [Siveira]. F. [Fajardo] respondió afirmativamente, informándole además que habían cumplido con lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento”, que dispone que se informe en forma inmediata al superior, Manini.

El 13 de febrero de 2019, Manini firmó el oficio 06/L/19, elevando ambos fallos al MDN, para su homologación por el Ejecutivo. Como era un trámite de orden, Manini agregó una nota suya de ocho carillas, que el fiscal citó. Este es un tramo: “A juicio del suscrito, la posición de los miembros del Tribunal refleja la opinión generalizada entre los integrantes del Ejército Nacional de que en los temas referentes al juzgamiento a militares por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas hace más de cuatro décadas, la Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de Derecho para el enemigo”. Y sigue despotricando contra la Justicia, a la que seis generales bajo su mando querían dar cuenta de los hechos revelados.

El jueves 14 de febrero de 2019, Manini, “munido del expediente y de su escrito, concurrió al despacho del Ministro de Defensa Nacional”, donde estuvo sólo diez minutos. Aparentemente, perdió así una cuarta oportunidad de informarle al ministro Jorge Menéndez del relevante contenido del expediente. Al declarar Gavazzo sobre su delito, consigna el fiscal, dijo: “No. Yo lo que sé, y no es lo que he declarado ante la Justicia, porque no lo puedo declarar, aunque soy consciente de que lo que estoy declarando acá va a terminar en manos de la Justicia”. Lo afirmó en referencia al asesinato y disposición aberrante del cuerpo de Robero Gomensoro. No lo podía declarar; lo cual, se infiere, es una orden. Tal vez sea la “chicana” de la que lo responsabiliza Manini.

También Silveira hace una referencia interesante, al referirse al trato de Gavazzo hacia el detenido desaparecido Eduardo Pérez Silveira. Sus palabras dan cuenta de la existencia de un sistema establecido de violación de derechos humanos y no sólo de psicópatas actuando por su cuenta: “Fue [llevado] al Hospital Militar; supusimos, supuse yo, que lo habrían mandado a otro lado. Era, era... funcionaba así el sistema. Si usted no lo pedía de vuelta, a veces no se lo mandaban a usted”.

Con el expediente en el MDN, el ministro Menéndez abrió el sobre con el escrito de Manini sobre la Justicia. “El tomar conocimiento del contenido de la nota”, declaró su asesor en materia de derechos humanos, “le causó un malestar físico al ministro, quien ya atravesaba la etapa terminal de su enfermedad oncológica”. Ese mismo día, el subsecretario Daniel Montiel leyó el expediente para preparar el informe que el ministro le daría al presidente Tabaré Vázquez días después, el 19 de febrero de 2019, y le mandó un correo electrónico al ministro en que “criticó la ligereza con la que a su criterio actuó el tribunal e hizo referencia expresa a las declaraciones vertidas por G., informando al ministro que ‘...llamativamente el tribunal de honor pasó por alto otros muy graves hechos relatados por los enjuiciados en sus declaraciones, v gr. los hechos expresamente admitidos en su declaración’”.

La causa judicial tuvo una primera instancia con Manini el 3 de octubre 2019, pero en vez de utilizar la oportunidad para declarar, este eligió que sus abogados presentaran dos recursos de inconstitucionalidad, que fueron rechazados ese mismo mes. Para ese momento, habían tenido lugar las elecciones del 27 de octubre, Manini ya tenía fueros y no podía ser interrogado por la Justicia si estos no eran levantados por 21 votos en 30 del Senado, según el artículo 114 de la Constitución.

Constituido el Poder Legislativo, el 20 de febrero el fiscal pidió a la jueza penal Graciela Vargas el desafuero de Manini, y la Comisión de Constitución y Códigos del Senado alcanzó a reunirse una vez antes de que entrara la ley de urgente consideración para su tratamiento. Pasada esa etapa, hubo al menos otras dos reuniones. En una tesitura claramente garantista, la comisión está reuniendo una abrumadora cantidad de documentos de los otros dos poderes para que el cuerpo decida simplemente si hay o no mérito para el dictamen fiscal y su solicitud de desafuero; no es un tribunal de alzada para juzgar los argumentos jurídicos en el pedido de Rodrigo Morosoli de procesar de Manini.

La comisión del Senado recibió ya 2.000 fojas del MDN, y están en trámite la documentación de la fiscalía y la desgrabación de las audiencias judiciales en la causa penal iniciada. El Frente Amplio (FA) espera que la comisión pueda expedirse y que el pleno del Senado trate el tema en agosto, luego de aprobada la Rendición de Cuentas y antes de que entre a esa cámara el proyecto de ley de Presupuesto, que habitualmente el Ejecutivo envía al Legislativo por Diputados.

Manini ha declarado reiteradamente que él quiere el desafuero, pero no es él quien decide. Al menos cinco senadores, sin conocer la documentación solicitada, han dicho que no lo votarán. De hecho, al escribirse estas líneas, el dictamen fiscal tampoco había llegado al cuerpo. Los senadores del FA consultados han expresado interés particular en conocer no sólo el dictamen sino también la carpeta del fiscal Morosoli.

La defensa de Manini sostiene que él le informó verbalmente al fallecido ministro Menéndez; la única oportunidad para esto de la que hay noticia es la visita de diez minutos que hizo a su despacho en febrero de 2019 para entregar la documentación de los tribunales de honor y sus ocho carillas despotricando contra la Justicia. Además, el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto (CA), reclama la aparición, no remitida en la documentación, de una carta de Manini al fallecido ministro Menéndez, de la cual ningún funcionario, jerárquico o no, tiene noticias.

La posición común en el FA es que no es ni puede ser un asunto partidario, porque en ese caso podría ser banalizado por la opinión pública. También se entiende que debe mantenerse el tema más allá de especulaciones político-partidarias en respaldo de las instituciones democráticas, en una instancia en la que los tres poderes están siendo afectados.

Desde la coalición, la preocupación se centra en la gobernabilidad que resulte, cualquiera sea el resultado. La cabeza política de CA aparecerá cuestionada, ya sea porque Manini queda en principio como indagado ante un fiscal aparentemente bien munido, o porque queda cobijado por la negativa. Esto no lo argumentó la coalición, pero si el peso político de CA queda afectado, esto se transmite a la coalición.

En general, se acepta que la coalición –y por lo tanto, la mayoría legislativa– no está destinada a completar un lustro de vida, y este cuestionamiento judicial bien puede acortar ese tiempo. Inevitablemente, la decisión que incline el voto dependerá de lo que está en juego para los distintos poderes, sopesado ante el mérito a favor o en contra que resulte del trabajo de la Comisión de Constitución y Códigos.

En estas condiciones, que el desafuero no alcance los 21 votos –o sea, ocho más que los probables 13 del FA– debe contar entre sus rasgos negativos un grado de desprestigio ante la opinión pública, particularmente si el pedido fiscal entra a la arena política como bien fundado. Rechazar el pedido fiscal hará notoria una actitud corporativa, lo que conlleva costos políticos que el FA no dejaría de utilizar.

Si en cambio es aprobado el desafuero, Manini quedaría sometido a la Justicia, en desmedro de la imagen de sí mismo que propone con constancia. Se puede argumentar, como hace Julio María Sanguinetti, que lo beneficia el aparecer como víctima; o que le da la oportunidad de hacer circo, como sostiene José Mujica. Pero con un dictamen fiscal y un proceso judicial en marcha, con seis generales declarando en su contra, son resarcimientos que no parecen compensar el daño, ni mucho menos.

Con Manini herido de Justicia, sus diferencias con la coalición van a entrar a marcarse más, porque ni él ni su partido van a tomar a bien el voto en contra. Tal como ha dicho, él tiene su propio proyecto político para el que su desafuero planteará otras necesidades que las previstas. También en este caso se afecta la gobernabilidad; tal vez más que en el rechazo al desafuero.