En la evolución de las instituciones de gestión en nuestra enseñanza pública, la aprobación en 1972 de la ley 14.101 constituyó un brusco punto de inflexión pues interrumpió la tradición de décadas de participación docente en los consejos e introdujo una fuerte normativa represiva. El proyecto de ley, redactado por Julio María Sanguinetti como ministro de Educación de Juan María Bordaberry, tuvo fuerte resistencia gremial docente y estudiantil y provocó, asimismo, acaloradas discusiones parlamentarias. Presentado como de “urgente consideración” y de modo imprevisto por la inexistencia de consultas públicas previas ni a los Consejos en funciones ni a colectivos o especialistas nacionales en la temática, llevó a denominarlo cuasi “clandestino” en su elaboración.

Sin embargo, dado los antecedentes que acompañaban al documento presentado, con referencias a sistemas educativos de más de 20 países incluidos los nórdicos y la URSS, era demasiado evidente la existencia de un fuerte, pero silenciado, asesoramiento. Durante la discusión parlamentaria, tanto la oposición wilsonista como la frenteamplista insistieron en conocer al respecto, pero el oficialismo se atrincheró tras la autoría única de Sanguinetti, el que incluso renunció al ministerio y reasumió su banca para defender el proyecto. El diputado colorado Cristóbal Cano, principal vocero oficialista, afirmó: “este proyecto es la obra de un gran uruguayo para todos los bien nacidos y buenos uruguayos. Nada de extranjero hay en esta iniciativa y sí hay en su texto normas de paz y tranquilidad tendientes a una feliz convivencia humana”. El diputado wilsonista Guillermo García Costa retrucó: “Pasa algo que es lamentable para el país. Esta es la ley Sanguinetti. El ex Ministro Sanguinetti se hace responsable... tengo una alta opinión de él, pero de eso a que sea un gigante de talla tal para la reforma educativa del país, que se haya limitado a trabajar él... hay una diferencia. Es la única gran ley en la historia del país que reconoce como autor a un hombre que, aparte de sus méritos intelectuales, ni siquiera es especialista en la materia”.

El asesor “ecuatoriano” de la OEA

Entrado el proyecto al senado, la discusión se reiteró, pero el senador colorado Jaime Montaner tuvo un desliz: “puedo decir, sí, que, desde el punto de vista político, el doctor Sanguinetti es el que ha tomado, sobre sí, la responsabilidad de la iniciativa. Además, puedo señalar que otros técnicos —como el caso del señor Etcheverry Boggio— han hecho aportes positivos”. Era la primera vez que se reconocía una coautoría. Bautista Etcheverry era un maestro uruguayo1 que fungía como funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero su mención acentuó la sospecha de que la asesoría proviniese directamente de esa organización. El senador Zelmar Michelini preguntó siete veces en sala acerca de la integración de la comisión de expertos extranjeros, incluso estando presente el propio senador Fá Robaina, que había sido el subsecretario de Sanguinetti, pero no tuvo respuesta. Sin embargo, poco después, apareció documentación que demostraba la existencia de una comisión con asesores extranjeros.

El oficialismo informó que, inquirido el diputado Sanguinetti al respecto, había respondido “que no ha consultado a nadie y no conoce a nadie, que no sabe ningún nombre y, aun, en tono de broma me dijo que el único ecuatoriano que conoce es a Velazco Ibarra (presidente de Ecuador que había sido recientemente derrocado). No sé de qué se trata, no conozco ninguna organización que tenga que ver con la OEA y la educación en el Uruguay”. La referencia al “ecuatoriano” viene a cuento de comentarios de Michelini respecto a la integración de la comisión que denunciara su colega frenteamplista Francisco Rodríguez Camusso. Esta, integrada con gente de varios países, era coordinada por un tal Profesor Benicio Carlos Alberto Villareal, y aparentemente éste era de nacionalidad ecuatoriana.

Presentada la documentación por Rodríguez Camusso en el plenario de la cámara, que había sido obtenida tras solicitud al ministerio de Relaciones Exteriores, quedó claro que desde hacía meses funcionaba en el país una asesoría financiada por la OEA en estrecha interrelación con las autoridades del Ministerio de Educación. Por tanto, el exministro Sanguinetti había mentido al respecto. En los documentos quedaba constatada la intervención ministerial pues estaban caratulados “Ministerio de Educación y Cultura. Organización de Estados Americanos. Secretaría. Departamento de Asuntos Educativos”.

Años después, Wilson Ferreira, que votó la Ley de Seguridad, pero no la de Enseñanza, reconoció con honestidad su error cometido respecto a la primera. Sanguinetti nunca lo hizo respecto a ninguna de las dos.

¿Pero quién era ese “ecuatoriano” Villareal y por qué la negativa a reconocer el asesoramiento coordinado por él? En la época eso no pudo ser esclarecido y como sabemos, la ley fue aprobada y estuvo vigente hasta marzo de 1985. Villareal era en realidad un técnico argentino que venía desarrollando una carrera ascendente como asesor de gestión educativa bajo los regímenes militares del vecino país. Por esa época y hasta 1973, tuvo cargos ministeriales en Santa Fe como mano derecha del Ministro de Educación provincial Ricardo Pedro Bruera. Hoy sabemos también, que posteriormente del corto interregno democrático, cuando en 1976 el mismo Bruera fue designado Ministro de Educación y Cultura de la nación por la junta militar presidida por el General Rafael Videla, Villareal asumió la subsecretaria de Educación. Fue precisamente durante la administración Bruera que ocurrió el lamentable episodio de setiembre de 1976 conocido como “La Noche de los Lápices”, por el cual diez estudiantes secundarios que reclamaban por el boleto escolar fueron secuestrados y seis de ellos “desaparecidos”.

Obviamente esta trayectoria no necesariamente podía ser prevista en 1972, pero sin duda era conocida a principio de los 80 cuando Sanguinetti emergía como potencial presidente a la salida de la dictadura uruguaya. Un motivo más, además de lo nefasto que significó la ley 14.101 como marco legal aplicado por la dictadura, para tratar de borrar el episodio como antecedente de su currículo político. Como ya señaláramos, la derogación de la 14.101 fue de las primeras promulgaciones, tras sanción parlamentaria, en ser firmadas por el presidente Sanguinetti en 1985.2

Corresponde recordar lo expresado por Michelini en el plenario: “Para nosotros el año 1972 marca desde el punto de vista parlamentario dos leyes realmente importantes, significativas, que son por un lado la llamada ley de Seguridad, que entregó a los militares la justicia en determinados delitos y por otra esta Ley de Educación General. Significan ambas leyes y lo decimos con total claridad, seguramente no cesaremos de repetirlo, un peligroso paso atrás en la vida cívica del país. No tenemos absolutamente ninguna duda que significa un retroceso, aumenta la tensión y ambos proyectos ponen de manifiesto una incomprensión total frente a los problemas del país”. Años después, Wilson Ferreira, que votó la Ley de Seguridad, pero no la de Enseñanza, reconoció con honestidad su error cometido respecto a la primera. Sanguinetti, por su parte, nunca lo hizo respecto a ninguna de las dos.

Edgardo Rubianes es doctor en Biología y fue presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.


  1. Bautista Etcheverry Boggio luego integró el Consejo Nacional de Educación (CONAE), ascendió en responsabilidades durante la dictadura siendo designado para el Consejo de Estado, representante ante la OEA y embajador en Israel entre 1979 y 1984.  

  2. https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2021/9/sanguinetti-los-lacalle-la-ley-14101-y-la-luc/