No es un asunto menor ni para tomar livianamente.
El pasado 2 de noviembre, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi realizó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) relacionado con la presidenta del sindicato de UTU (AFUTU), Mirta Mabel Mallo.
El pedido se realizó en forma inmediata a que la presidenta del sindicato de UTU tuviera un intercambio con el presidente de la República, al ingreso de éste a la Torre de ANTEL, a una actividad organizada por la ANEP para presentar la Transformación Educativa contemplada en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024.
El diálogo fue visto a través de los medios de comunicación y por las redes sociales, donde se puede apreciar que este se realizó en buenos términos, y que el Presidente en el marco del intercambio solicitó que se le acerque documentación con la plataforma reivindicativa del sindicato.
El 2 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, la senadora dio a conocer el pedido de informes que realizó dirigido al Codicen, a la Dirección General de Educación Técnico Profesional y a la Dirección General de Educación Secundaria, a través del MEC. El contenido del pedido de informes se refiere en forma total a aspectos vinculados a la calidad de funcionaria de Mirta Mabel Mallo.
El objetivo de la senadora Bianchi queda en evidencia con la sola lectura del pedido, y se califica a sí mismo.
Por ello la bancada de senadores del Frente Amplio decidió darle estado parlamentario a esta cuestión y elevó una carta fechada el 7 de diciembre a la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, en la que sostiene que la senadora Bianchi utilizó una potestad constitucional “de forma desviada a su fin”, configurando “una manifiesta hipótesis de desviación de poder repelida por nuestro orden jurídico, en tanto contraria al principio de interdicción de arbitrariedades”.
Pero hay más.
En su afán inquisitivo, la senadora Bianchi ha puesto en aprietos al ministro de Educación y a las autoridades de la educación, ya que si se da curso al pedido de informes y respuestas a las consultas formuladas se violenta flagrantemente la ley de Protección de Datos Personales 18.331, y si no se da curso o respuesta se dejaría muy mal parada a la primera senadora del oficialismo, explicitando su móvil antisindical y la ilegalidad de la solicitud.
En su artículo primero, la ley 18.331 establece: “Derecho Humano. El derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República”.
Es claro que la información solicitada son datos personales, que los organismos de la enseñanza tienen y utilizan en el marco de sus competencias, pero salvo el consentimiento expreso de la funcionaria no pueden ser expuestos públicamente.
Si dan las respuestas al pedido de informes realizado por la senadora Bianchi, las autoridades de la educación serán responsables del incumplimiento de la ley de Protección de Datos Personales.
Es evidente que la solicitud realizada referida a cantidad de horas docentes que posee la funcionaria, si tiene algún otro cargo, si goza de licencia sindical, cuántas inasistencias tiene en cada uno de los subsistemas, cuántas faltas tiene justificadas y sin justificar, si tuvo o tiene algún procedimiento disciplinario, son todas preguntas que refieren a datos personales, y por tanto están amparadas por la Ley de Protección de Datos Personales. No es información pública, menos aún si su objetivo está muy lejos de los fines legislativos o de contralor de los organismos públicos que serían los que debería perseguir un legislador/a en el marco del artículo 118 de la Constitución.
El pedido de informes realizado constituye un ataque frontal a un derecho humano fundamental y reconocido en nuestro país. Derecho humano que prestigiosos juristas como los doctores Carlos Delpiazzo y Augusto Durán Martínez entienden que es un derecho humano fundamental.
El Dr. Augusto Durán Martínez, en su obra “Derecho a la Protección de Datos Personales y al Acceso a la Información Pública, Habeas Data”, expresa: “Pero si, como luego se verá, llegamos a la conclusión de que el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano, por ser inherente a la persona humana, no es creado por el hombre, sino con el hombre”.
Carlos Delpiazzo, en “Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública. A la Búsqueda del Equilibrio entre Privacidad y Acceso”, afirma que “el principio de especificación del propósito obliga a que en el momento de recolectarse los datos se informe con qué objetivo ello se hace, no pudiendo luego usarse para fines diferentes”.
Para el caso de que exista contradicción entre el acceso a la información pública y la protección de datos personales, el citado autor expresa: ”el equilibrio entre el derecho a la información pública (y su desprendimiento, el derecho de acceso a la información pública) por una parte y el derecho a la protección de datos personales (ubicado concéntricamente con los derechos a la intimidad y a la privacidad) por otra parte, aboga a favor de este último cuando existen datos personales en poder de la Administración susceptibles de ser accedidos no sólo por el titular sino por terceros”.
El inciso k del artículo 4 de la ley de Protección de Datos Personales, define como responsable de la base de datos o del tratamiento: “persona física o jurídica, pública o privada, propietaria de la base de datos o que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”.
Es evidente que si dan las respuestas al pedido de informes realizado por la senadora Bianchi, las autoridades de la educación serán responsables en tanto titulares de la información solicitada, del incumplimiento de la ley de Protección de Datos Personales y por ello de violar un derecho humano fundamental, realizado con el sólo propósito de coartar la libertad sindical a la presidenta de un gremio de la enseñanza, y con ello dar un mensaje amenazador al conjunto del movimiento sindical y sus afiliados.
Enrique Rubio es senador de la Vertiente Artiguista, Frente Amplio.