Ecuador es el primer país de América Latina que concurrirá a las urnas este año, el 7 de febrero. Son elecciones generales, en las que se elegirán –para los próximos cuatro años– un binomio presidencial, 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos. En caso de que ningún binomio logre una mayoría absoluta o el 40% con una distancia de diez puntos, se producirá una segunda vuelta. Las elecciones están signadas por un gobierno desgastado, un nuevo rebrote de la pandemia, un proceso de vacunación en ciernes, crisis económica y fragmentación política.

Durante la campaña electoral se inauguró una nueva modalidad de hacer proselitismo y con seguridad ocurrirá algo similar en las próximas elecciones en Perú y Chile. El antecedente más cercano ya fue Bolivia. En Ecuador se limitaron los recorridos, las caravanas y los mítines debido a las medidas de bioseguridad determinadas por el gobierno. Las estrategias de propaganda exacerbaron el uso de las redes sociales, en que plataformas como Tik Tok convirtieron a los candidatos en comediantes de una película que posiblemente no pensaban protagonizar en formato digital.

Hay dos aspectos que particularizan esta elección. El primero es la importancia del voto joven, porque representa aproximadamente 44% del padrón electoral. Están habilitadas para sufragar las personas desde los 16 años de manera facultativa. El segundo es el número de candidatos. Resulta inédito que corran por la presidencia 16 binomios y que además estén habilitadas para la competencia electoral 283 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos nacionales, locales, cantonales y parroquiales. Hay cinco o seis veces más candidatos que cargos.

La cantidad de aspirantes a la primera magistratura del Estado introdujo un escenario de fragmentación y dispersión. Es muy posible que los candidatos con mayores posibilidades no incrementen el voto a su favor, porque se podría distribuir sin ninguna lógica entre tanto contendor, además de que hay varios candidatos de la misma tendencia, pese a que ha sido una constante de la construcción simbólica en el discurso de los participantes presentarse como apolíticos. Parecería que el uso de la ideología es funcional a los diferentes segmentos del electorado.

Las encuestas han sido las grandes protagonistas, pese a la imposibilidad de recabar la información de manera presencial. Nunca se había registrado un número tan grande de resultados circulando en las redes. La mayoría ha coincidido en tres candidatos con más posibilidades (Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yaku Pérez), pero no en la posición de los dos primeros ni en su diferencia de votos. Sin embargo, a una semana de las elecciones todavía 40% de los electores no habían decidido su preferencia. Este dato es clave, debido al ausentismo, la fragmentación y el voto oculto.

Dicotomía en la elección

En esta contienda están en disputa dos grandes orientaciones políticas con sus proyectos económicos: una que proviene de la Revolución Ciudadana y cercana a los gobiernos del socialismo del siglo XXI, bajo el liderazgo del expresidente Rafael Correa (2007-2017) con su candidato, Andrés Arauz, y la otra es contraria pero con diversos matices en dos opciones. Por un lado, la versión más liberal encabezada por el candidato banquero Guillermo Lasso y por el otro, la indigenista que defiende los derechos de la naturaleza, opuesta al extractivismo, de Yaku Pérez, por Pachakutik.

La elección se entrampa en la dicotomía correísmo versus anticorreísmo; sin embargo, este último va desde la extrema izquierda, pasando por la izquierda y la centroderecha, hasta la derecha. Es decir, no es una confrontación ideológica, sino contrapuesta al liderazgo del expresidente Correa y lo que ha significado para la política: la constitución de un modelo hiperpresidencialista que se consagra en la Constitución de 2008, la configuración de un sistema de partido predominante, una democracia delegativa que hace que el presidente gobierne sin rendir cuentas porque el pueblo confía en él.

En cuanto a la economía, las elecciones abren la discusión acerca de tres modelos por parte de los candidatos. Por una parte está la economía centralizada con el protagonismo total del Estado que propone la Revolución Ciudadana. En segundo lugar se encuentra la propuesta de Guillermo Lasso de una economía de libre mercado con atisbos de ayuda social sin que esto la convierta en una propuesta socialdemócrata, y por el otro, la opción que se presenta como radical y que apuesta por la economía verde y el no uso de recursos naturales como minería y petróleo.

Agenda inevitable para los candidatos

Las consecuencias de la pandemia han condicionado las ofertas de los candidatos en dos hechos: la ejecución de un plan de vacunación masiva y la generación de empleo. Ecuador se ubica en los primeros lugares en los índices de mortalidad en el mundo y en el último año se han perdido cerca de 600.000 empleos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las demás propuestas ocupan un lugar residual, aunque en tercer lugar se exige enfrentar la inseguridad y la violencia.

Un tema que ha jugado en solitario en la campaña y que ha tenido un tratamiento diferenciado por parte de los candidatos, es decir de mayor y menor intensidad, es la lucha contra la corrupción y la impunidad, sobre todo por los procesos judiciales que registran sentencias firmes en contra de una importante cantidad de exfuncionarios públicos que estuvieron involucrados en los casos de Odebrecht, que atravesaron la realidad política de varios países de América Latina. La oferta de varios ha sido recuperar lo robado y hacer obras con ello.

Las grandes interrogantes son varias. Ningún candidato ha clarificado cómo llevar adelante sus propuestas económicas, debido a la inmediatez de sus mensajes y al desinterés de la ciudadanía por la política frente a la crisis que atraviesa la mayoría de la población por la pandemia.

César Ulloa es politólogo, doctor en Ciencias Sociales y docente universitario.

Este artículo fue publicado originalmente en www.latinoamerica21.com