El presidente Luis Lacalle Pou hizo varias referencias a la libertad el martes durante la conferencia de prensa en la que anunció nuevas medidas ante el acelerado avance de la pandemia.

Primero dijo que el año pasado había decidido “no confinar al pueblo uruguayo”, y que ahora defendía una vez más la libertad. Luego recomendó que las personas no ampliaran sus contactos habituales (“quedándose en su burbuja”) y opinó que la adopción individual de ese criterio “obviamente, escapa al gobierno”. En el terreno de las decisiones personales al respecto “es donde la libertad se expresa y se maneja responsable y solidariamente”, sostuvo.

Por último, reiteró que no es partidario “del confinamiento total o la cuarentena obligatoria”, que rechaza por “una cuestión mucho más de principios que de práctica”. Y agregó: “Por suerte, nuestros principios en este caso, además, son los que creemos que tenemos que llevar adelante en la situación actual del país”.

No hay por qué pedirle a Lacalle Pou que desarrolle un pensamiento filosófico profundo, pero resulta interesante, e incluso necesario, considerar qué concepción de su tarea se desprende de las afirmaciones que realizó.

Es una obviedad señalar que la convivencia social acota las libertades. La Constitución y las leyes establecen una gran cantidad de límites y diversos castigos por traspasarlos, con la intención de evitar que la conducta de una persona vulnere las libertades y los derechos de otras. No hay una fórmula clara y de consenso para establecer el ideal en esta materia importantísima, pero sin duda se trata de equilibrios dinámicos y relativos.

Lo de la libertad responsable se le aplica muy especialmente a un gobernante: puede hacer muchas cosas, pero debería abstenerse por lo menos de las más dañinas. Por ejemplo, transferirle sus responsabilidades a la gente, como si no supiera que, cuando el Estado no interviene, algunas personas pueden cuidarse muchísimo más que otras.

En estos tiempos de pandemia, a las numerosas restricciones habituales de la libertad individual se les han agregado otras, transitorias. Por ejemplo, se nos puede prohibir el ingreso a un supermercado o a un ómnibus sin tapabocas, y las fuerzas de seguridad están habilitadas a impedir que ejerzamos el derecho constitucional de reunión. El Poder Ejecutivo impulsó y respalda esas limitaciones de la libertad. Según todas las encuestas conocidas, una amplia mayoría de la población piensa que hace bien.

Las restricciones vigentes debido a la emergencia sanitaria muestran, por otra parte, que las decisiones individuales no “escapan al gobierno”. Muchas personas eligen actuar de modo responsable y solidario, pero al mismo tiempo las autoridades han decidido que en algunos asuntos no haya elección.

La aseveración final de Lacalle Pou fue lo más problemático. Como vimos, alegó que se opone a las presuntas propuestas de “confinamiento total” por una cuestión de principios, y se congratuló de que, “en este caso”, sus convicciones sobre lo que debe hacer coincidan con... sus convicciones sobre lo que le conviene al país.

Lo de la libertad responsable se le aplica muy especialmente a un gobernante: puede hacer muchas cosas, pero debería abstenerse por lo menos de las más dañinas. Por ejemplo, de transferirle sus responsabilidades a la gente, como si no supiera que, cuando el Estado no interviene, algunas personas pueden cuidarse muchísimo más que otras.