Desde la reforma vareliana, la gratuidad y la obligatoriedad son los pilares que sostienen nuestra educación. Son nuestras insignias y en muchos momentos nos dieron un gran estatus mundial. En lo que concierne al carácter laico de la educación, es el único pilar que se mantiene, en gran medida, fuerte. Los otros dos, ya no tanto.

Ante la suspensión de la presencialidad, las autoridades de la educación abogaron por mantener el contacto a través de la virtualidad. Cómo hacer esto si muchos estudiantes no tienen computadora, no tienen wifi y sus padres empezaban a quedarse sin trabajo.

Se han quitado becas económicas a los estudiantes. El año pasado, en plena pandemia y mientras las personas se preocupaban por mantener las fuentes de trabajo, el Estado, en vez de acompañar con políticas públicas, subió tarifas (sobre todo de Antel) y subió el IVA para compras con tarjetas. Además, subieron el dólar, la inflación y los costos de la canasta básica, mientras el salario real continuó deteriorándose.

Este año, las autoridades resolvieron que se mantendrá la exigencia de la obligatoriedad en el contexto de la virtualidad. La primera condición para cumplir esta exigencia es que todos los estudiantes tengan computadoras y acceso a internet gratuito. En muchos hogares no existen dispositivos o no hay suficientes como para garantizar la conectividad. En muchas casas hay más de tres o cuatro hermanos que deben conectarse, y que en paralelo están pasando hambre o cubriendo la alimentación gracias a la solidaridad de miles de uruguayos que sustentan ollas populares. Mención aparte merece que con las medidas anunciadas el 23 de marzo por parte del presidente en conferencia de prensa incluso se dejó a los estudiantes de primaria sin comedor por tres días y luego se dijo que se les iba a otorgar a las familias la irrisoria suma de 85 pesos por estudiante por día, y que al 6 de abril no habían sido adjudicados.

En materia de conectividad, tampoco se previó por parte del Consejo Directivo Central, antes de Turismo o del comienzo de las clases, la exoneración del pago de wifi doméstico o personal por parte de las familias más vulnerables. Recién el 5 de abril se resolvió adjudicar diez gigas por parte de Antel a los teléfonos celulares y 50 gigas a los hogares. En principio parece una medida ajustada a la realidad, pero el punto aquí es que se deben tener y abonar contratos de telefonía tanto celular como wifi doméstico para tener dicho beneficio extra. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes y docentes que tienen otras compañías de telefonía celular y otros servicios de internet?

El 5 de abril se dispuso que las instituciones hicieran un relevamiento de las problemáticas de las y los estudiantes, así como de los y las docentes, para saber si las clases virtuales se podrían desarrollar, mediante un documento denominado “Documento orientador para el escenario de no presencialidad”.

Cabe destacar que muchas instituciones ya vienen haciendo parte o todo lo que se propone en dicho documento desde el 1° de marzo, e incluso se tomaron acciones el año pasado que recién ahora se ponen de manifiesto en un documento y se quieren aplicar.

Por otro lado, muchos docentes no han podido completar la unidad docente y algunos ni siquiera han podido tomar horas aún, o no tienen computadoras ni acceso a internet.

Sin ninguna medida que defienda a los más vulnerables, la situación conduce a que la brecha social y educativa se acreciente a pasos agigantados.

Claramente, por todas estas circunstancias, la educación gratuita que proponía José Pedro Varela no estaría concretándose y esto va en contra de lo expuesto por la Constitución de la República en el artículo 71, cuando expresa lo siguiente: “Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física”.

En lo que tiene que ver con la obligatoriedad, recordemos que semanas anteriores y por decreto presidencial este pilar vareliano se quitó. Esta medida va en contra del artículo 70 de la Constitución de la República, cuando expresa lo siguiente: “Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial”. Luego la obligatoriedad se retomó. ¿No genera caos e incertidumbre en la población cuando se va para atrás y para adelante en las medidas?

Como corolario de esta situación, está en juego la situación emocional tanto de los estudiantes como de todas y todos los funcionarios de todo el sistema educativo. ¿No sería bueno reforzar los equipos multidisciplinarios o contratar a más funcionarios que desempeñen esa función? ¿Designar más adscriptos (en UTU, desde febrero que no se hacen designaciones de cargos)? ¿Designar más educadores o, en su defecto, aumentarles la carga horaria? ¿Designar más administrativos y auxiliares de servicio? ¿Recontratar a los maestros comunitarios? Todo esto con el fin de poder sostener el vínculo, proteger emocionalmente a los y las estudiantes, así como a las y los funcionarios, y proteger las trayectorias educativas de una mejor manera, así como las condiciones higiénicas de los centros educativos.

Sin ninguna medida que defienda a los más vulnerables, la situación conduce a que la brecha social y educativa se acreciente a pasos agigantados. Mientras tanto, el hambre golpea a los sectores más vulnerables de la sociedad y no hay medidas paliativas (por ejemplo, una renta básica transitoria), lo que repercute en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

En conclusión, nuestra educación se aleja de los pilares varelianos, y es cada vez más improvisada y desigual.

Nicolás Bentos es integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio.