El senador nacionalista Gustavo Penadés y su par frenteamplista Alejandro Pacha Sánchez participaron el miércoles en un debate sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que se someterán a referéndum. Fue el primero desde la presentación ante la Corte Electoral de casi 800.000 firmas y seguramente habrá muchos más, entre dirigentes y simples ciudadanos, pero este tuvo un gran significado simbólico.

Mientras la comisión prorreferéndum buscaba respaldo para la iniciativa, el oficialismo intentó matarla con la indiferencia. No lo logró, e ingresamos a una fase mucho más productiva para la calidad de nuestra democracia. Ojalá que la futura proliferación de debates ayude a comprender lo que está en juego, evite recursos propios de la publicidad engañosa y, en definitiva, nos prepare del mejor modo posible para ejercer el derecho a decidir. En este sentido, puede ser útil plantear algunas precisiones.

La consulta popular se referirá a los artículos impugnados, pero hay por lo menos una cuestión general que también la cargará de sentido: la propia existencia de la LUC es un abuso de lo dispuesto por la Constitución. El Poder Ejecutivo puede imponer al Legislativo plazos breves para el tratamiento de un proyecto, pero no más de uno en forma simultánea. Lo que hizo en esta ocasión el oficialismo fue disfrazar proyectos muy diversos como si fueran uno solo, y aprobarlo a la atropellada.

Una de las consecuencias es que en el referéndum habrá que resolver también sobre cuestiones muy distintas, sin la posibilidad de votar a favor de algunos de los 135 artículos y en contra de otros. La ciudadanía tendrá que considerar una gran cantidad de argumentos, evaluar qué asuntos le parecen más importantes y decidir si apoya o deroga todo el paquete. Esto no es lo ideal y complicará los debates, pero la responsabilidad de que suceda les corresponde, ante todo, a quienes presentaron y aprobaron la LUC. En todo caso, votar por la derogación será también una advertencia para que futuros gobiernos no repitan el exceso.

Es lógico que, para desarrollar esa discusión compleja y en múltiples terrenos, se busque vincular los artículos impugnados con la realidad cotidiana, y en especial con los temas que más le interesan a la población. Así, por ejemplo, en estos días los oficialistas ya le dan prioridad a la cuestión de la seguridad pública, y los opositores a la del precio de los combustibles. Pero ese recurso no habilita cualquier artimaña.

Habrá que resolver, por ejemplo, sobre varias normas relacionadas con la represión y la sanción de delitos, pero quienes afirman que esos artículos han causado la disminución de la criminalidad deberían probarlo. Y no sólo porque tal disminución tiene bastante que ver con la pandemia de covid-19, sino también porque las disposiciones impugnadas de la LUC no aportaron prácticamente nada a la prevención y la inteligencia. Convirtieron en delito el “agravio” a la Policía y le quitaron restricciones a su uso de la fuerza: esto sí ha tenido consecuencias comprobadas y habrá que tenerlo en cuenta al votar.