Los casos de covid-19 han decrecido mucho y las actividades se van reanudando, aunque no exactamente del mismo modo que antes de la declaración de emergencia sanitaria. Pasa lo mismo con la agenda política, que vuelve a ser bastante parecida a lo que era previsible en la “vieja normalidad”.

Durante muchos meses, la situación vinculada en forma directa con la pandemia tuvo una obvia prioridad, y el estilo de gobierno que prefiere el presidente Luis Lacalle Pou, con alto grado de protagonismo personal, pareció adecuada a las circunstancias desde el punto de vista de mucha gente. Sería injusto evaluar que la crisis “le vino bien” al primer mandatario, porque sin duda cargó sobre él grandes responsabilidades inesperadas, y complicó mucho el desarrollo de su programa de gobierno. De todos modos, es un hecho que ante cuestiones de semejante magnitud, literalmente de vida o muerte, aumenta la demanda de un conductor con amplias potestades.

Ahora que el período extraordinario parece cerca de su fin, resulta menos viable y menos aceptable tal estilo. Se instala, finalmente, un mecanismo de coordinación muy reclamado entre los integrantes de la coalición de gobierno, cuya necesidad se ve reforzada por la perspectiva del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). En su agenda está otro asunto que podría haber sido encarado antes: definir acuerdos y estrategias para seguir adelante, más allá de los acuerdos a menudo vagos alcanzados antes del balotaje de 2019, que constan en el documento “Compromiso por el país”.

Con el debate al respecto en el oficialismo reaparece la relevancia de sus diferencias internas. Algunos consideran que los cambios hasta ahora han sido demasiado parciales y lentos, y demandan políticas más drásticas, temiendo que más adelante, a medida que se acerquen las próximas elecciones, sea cada vez más difícil aprobar las leyes que desean. Otros piensan que Lacalle Pou y su entorno ya han avanzado demasiado en su propia agenda y que es tiempo de que tengan más en cuenta la de sus socios. Incluso dentro del Partido Nacional se insinúan los primeros indicios de una competencia interna con miras a 2024.

Del otro lado, tanto el Frente Amplio (FA) como el PIT-CNT y otras organizaciones sociales volvieron a hacer pie con la exitosa campaña por el referéndum contra la LUC, y la salida de la emergencia sanitaria reabre posibilidades de movilización. La suma de la pandemia y de políticas gubernamentales que no tuvieron que ver con ella causó graves deterioros del empleo y los ingresos, que se intentarán revertir con mayor potencia. El FA comienza a reordenar su interna y a identificar flancos débiles del oficialismo atacables en el Parlamento, como el acuerdo con Katoen Natie. Entre lo político y lo social, la nueva política de fijación de precios de los combustibles enfrenta resistencias que exceden ampliamente a la oposición.

Después de 17 meses muy atípicos, se esboza una nueva etapa y la política se reactiva como una actividad plural en un terreno más nivelado. El tiempo dirá qué aprendió cada uno de los actores.