Cuando los políticos opositores identifican una preocupación ciudadana, a menudo caen en la tentación de señalar como causas del problema, del modo más simple que sea posible, acciones u omisiones del gobierno de turno, y prometer que lo solucionarán con unos pocos cambios, también simples, que las autoridades no saben o no quieren impulsar.

Cuando predomina una lógica de comunicación política para el corto plazo, el que la complica, pierde. El intento de rebatir una tontería verosímil con una larga explicación técnica implica graves riesgos. Muchas personas creen, o quieren creer, que la verdad se caracteriza por su fácil comprensión, y es posible estimular su desconfianza hacia quienes señalan la existencia de múltiples factores a tener en cuenta, la necesidad de procesos prolongados y la persistencia de incertidumbres.

Esto se ha hecho desde la izquierda, la derecha y el centro, por genuina ignorancia, por demagogia o por combinaciones de ambas cosas. Ha sucedido con asuntos tan diversos y complejos como la pobreza, los resultados de la educación, la inserción internacional de Uruguay o el aumento del costo de vida, entre muchos otros. Y también, por supuesto, con la seguridad pública.

Durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), un error habitual de la oposición –inadvertido o intencional– fue destacar de modo simultáneo las cifras totales de homicidios y aquellos casos en que el asesinato había sido cometido junto con otro delito, por lo general contra la propiedad. Así, se fortaleció la percepción de que las muertes violentas podían evitarse con una mayor presencia policial en lugares públicos. Sin embargo, esa percepción no correspondía ni corresponde a la realidad.

Una cantidad considerable de homicidios ocurre entre personas que tienen una relación previa, a veces de tipo familiar o afectivo y a veces en la actividad delictiva. En tales casos, de poco serviría que hubiera un policía en cada esquina y patrulleros circulando por todas partes. Como señaló el exfiscal de Corte Jorge Díaz en una entrevista que publicamos ayer, la seguridad “va mucho más allá de la Policía”. Numerosos problemas sociales, que incluyen un gran aumento de la violencia, requieren respuestas coordinadas desde otros ángulos.

Este diagnóstico complejo fue a menudo menospreciado cuando el actual oficialismo era oposición, pero la realidad es porfiada y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, empieza a reconocerla.

A fines del año pasado, del 24 al 27 de diciembre, hubo diez homicidios y seis tentativas de homicidio. Heber comentó que, naturalmente, eso le preocupaba, pero acotó que en algunos casos se había tratado de violencia dentro de grupos familiares o entre vecinos, que su ministerio no podía prever, y que en otros hubo “represalias entre bandas”. Es probable que no haya dicho “ajustes de cuentas” para no reiterar explicaciones despreciadas durante gobiernos frenteamplistas, pero obviamente hablaba de lo mismo.

De todos modos, el ministro prometió “aumentar la presencia policial”. Ojalá se le ocurra alguna otra cosa.