Sorpresivamente los temas de la educación, las intenciones vocacionales de niñas y niños, las virtudes de una transformación educativa, la promesa del título universitario y la panacea de las competencias se escuchan a cada rato en cualquier transmisión de radio o televisión. Se instala así una política de avasallamiento mediático resultado de una decisión de Presidencia, mediante una campaña publicitaria que pide a la ciudadanía apoyar la transformación educativa y le promete un “Uruguay con futuro”.

Esta campaña está alineada con el relato de dirigentes de la coalición de gobierno sobre “la crisis de la educación”, con el desconocimiento a los avances en todos los indicadores de las gestiones anteriores y con la incapacidad de ajustar el programa electoral a una realidad distinta, emergente de la pandemia y del agravamiento de las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia.

Una campaña abusiva

El artículo 95 de la Ley 19.307, de servicios de comunicación audiovisual, obliga a los servicios de radios y de televisión, también la de abonados, a brindar sin costo hasta 15 minutos diarios a “campañas de bien público en temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación racial...”. La norma no establece otra limitación y habilita en consecuencia a que un asunto discrecionalmente seleccionado por el Poder Ejecutivo machaque sobre la opinión pública durante días, semanas o meses, sin más control que el supuesto interés público que el gobierno atribuye al asunto elegido.

La campaña acordada a fines de octubre por la coalición, encomendada por el presidente a los legisladores oficialistas en sus recorridas políticas y a publicistas para spots de radio y televisión, resulta abrumadora y falaz. Abrumadora en su frecuencia y en el uso de imágenes de niños y niñas para apelar a la emotividad. Falaz en argumentos y en datos erráticos.

Sólo a título de ejemplos: “Ocho de cada diez abandonan antes de terminar”, dice una directora de Artigas en un spot argumentando a favor de los centros María Espínola, propuesta de institutos de educación media de jornada completa. Sin embargo, el egreso de Secundaria es 43%, o sea que el abandono es muy inferior a lo que dice el reclame. También es bueno recordar que los 60 centros que se publicitan son menos de la mitad de los prometidos por Ernesto Talvi, y que en 2020 ya había 70 liceos y UTU de tiempo completo, muchos de los cuales ahora pasan a llamarse Espínola sin más cambios que el nombre, con la intención de acercarse al compromiso electoral.

“Mayor autonomía y capacidad de decisión a partir de trabajo en redes [...] estabilidad de los equipos docentes y proyectos de centro...”, promete otro corto publicitario. Sin embargo, la realidad de las escuelas es muy distinta: sobrecarga de supervisiones y controles, centralización de decisiones, pérdida de márgenes de resolución. Se crea así un clima de incertidumbre y temor que lleva a situaciones inauditas. Ejemplo de ello es el comunicado 25 de la Directora General de Primaria por el que “se habilita a todos los centros educativos al visionado de los partidos de la selección de Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar”. Un emergente que, como los Juegos Olímpicos y tantos otros, siempre formó parte de proyectos de maestras y maestros, y nunca requirieron ser “autorizados”, siempre fueron parte de la autonomía, con menos publicidad y más sentido.

El trabajo en redes es otra iniciativa de la anterior administración. A partir del Plan Ceibal se desarrolló la Red Global de Aprendizajes con centros educativos de otros países. Esta alianza, que en 2019 había alcanzado más de 400 escuelas, promueve la colaboración entre docentes para la práctica de nuevas pedagogías y el trabajo en proyectos orientados a problemas de la vida real.

Las políticas para dar estabilidad a los equipos docentes es de larga data en Primaria. Como ejemplo vale recordar que desde 2008 se incentiva la permanencia en una misma escuela mediante un traslado preferencial al docente que llega a cinco años continuos en la institución.

“Título universitario [...] ascenso por concurso y no sólo por antigüedad, formación permanente...” son anunciados en otro spot como innovaciones para la jerarquización y el reconocimiento docentes. Sin embargo, la propuesta es otorgar el carácter “universitario” como corolario de un trámite administrativo. Los gremios docentes y estudiantiles no reclaman una gestión burocrática para acceder a un título sino una universidad pública de educación, una carrera universitaria. Además, desde 2020 el Consejo Directivo Central (Codicen) dejó en suspenso el cambio estatutario en formación en educación, acordado con las asambleas técnico docentes (ATD) y los sindicatos, que diferenciaba la carrera académica de la antigüedad.

El ascenso por concurso como forma de estimular la excelencia y la dedicación profesional está implementado desde 2011 en Primaria. Fueron cientos de maestras, maestros y docentes de Educación Física que avanzaron así en la carrera. La actual administración lo discontinuó, luego intentó retomarlo para educación media, pero la última Rendición de Cuentas no lo financió. ¿Es honesto presentarlo como “innovación” y como “logro”?

Alejar a la educación pública de las campañas políticas interesadas y acercarla a las preocupaciones generales es honrar la mejor tradición vareliana, es respetar la escuela como el lugar de todos, el espacio de lo común.

La formación permanente, entendida como un derecho de los educadores y como una mejora de la educación, tiene valiosos antecedentes. El Instituto Magisterial Superior creado en 1962 fue cerrado en 1996. Pero en 2014 el Consejo de Educación Inicial y Primaria creó el Instituto de Formación en Servicio, que ofreció desde esa fecha cursos de perfeccionamiento y posgrado en convenio con universidades a unos 5.500 maestros por año. El Codicen actual cerró ese instituto y lo sustituyó por un centro que ofrece menos cursos con menos cupos y menor especificidad.

“El cambio de planes y programas llegará con una propuesta atractiva [...] tecnología, desarrollo personal y trabajo por proyectos”, promete una maestra en otra pieza publicitaria. Promesa genérica que no acompaña el cuerpo docente, tampoco las ATD ni los gremios, que critican los académicos y las familias organizadas. Propuesta diseñada tecnocráticamente y con plazos perentorios. Programas aún no aprobados, aunque alguien intuya que serán “atractivos”. La incorporación real de tecnología a las aulas no precisó una campaña de bien público: es el Plan Ceibal. El trabajo por proyectos es una vieja práctica docente que se ha mantenido durante decenios a partir del quehacer docente, sin publicidad.

Una escuela que atienda los intereses de alumnos y alumnas es la que ofrece una educación integral e inclusiva, con más tiempo para enseñar y aprender, que asegure acompañamientos oportunos y seguimiento a estudiantes que faltan o dejan de asistir.

Una campaña necesaria

Hay asuntos que sí hacen a una campaña de bien público: convocar a las familias a una escolarización “Cero falta”, retomando el sentido más obvio de la obligatoriedad; apelar a la conciencia ciudadana en pos del fortalecimiento de la democracia y el respeto a todas las opiniones; invitar a familiares, vecinas y vecinos a participar en las escuelas y apoyar la tarea de las maestras; advertir sobre indicios de situaciones de abuso y violencia infantil; sensibilizar sobre los riesgos de inseguridad alimentaria que vive la niñez; propiciar la aceptación y la convivencia con estudiantes de distintos orígenes sociales y capacidades. Cualquiera de estas cuestiones implica valores universales, consensos en los que el uso de medios públicos sería pertinente.

La gestión de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) entre 2005 y 2020 dejó “una transformación en marcha” (título de la memoria del Codicen en 2009), con logros evidentes en la participación comunitaria y técnico-docente, en acuerdos sobre marcos curriculares de referencia nacional, en mejoras de remuneraciones e inversiones, en la cobertura y en las tasas de promoción y egreso, en la planta física con más de 1.300 millones de dólares de inversión, en las escuelas y liceos de tiempo completo y extendido donde se triplicó la matrícula, en el gasto por alumno que se multiplicó por 2,7, en los salarios que se duplicaron, en la cobertura escolar en Educación Física que se multiplicó por cuatro y llegó a 300.000 alumnos, en la matrícula de niños de tres años que pasó de 5.000 a 15.000, en la creación de maestros y aulas comunitarias para atender a estudiantes más vulnerables, en la incorporación de la educación sexual, las escuelas de arte y los campamentos educativos en todo el sistema.

Todos estas políticas hacen a una escuela pública de calidad que acoge a 85% de los alumnos y sus familias, políticas que requieren ser “blindadas” para que sobrevivan al afán por abatir el gasto, políticas que merecen campañas de difusión para que los avances en oportunidades de la infancia se sostengan, para que la gente sepa y defienda los derechos de las infancias.

Alejar a la educación pública de las campañas políticas interesadas y acercarla a las preocupaciones generales es honrar la mejor tradición vareliana, es respetar la escuela como el lugar de todos, el espacio de lo común. No hacerlo es un error que compromete y agravia la educación del pueblo.

Héctor Florit es maestro y fue director general de Primaria.