El 20 de octubre se presentó ante la sociedad el proyecto de ley definitivo de reforma previsional que comenzó su trámite parlamentario. Esta nueva fase de la discusión de reforma merece algunos comentarios sobre la generalidad del proyecto.

En primer lugar, ha sido una crítica común en varios actores destacar que la reforma propuesta únicamente se refiere al sistema de jubilaciones y pensiones. Esta es una posición válida, porque si bien este tipo de reforma es coherente con el objetivo que tienen sus promotores (bajar el gasto público en jubilaciones y pensiones), es inconsistente con la resolución de problemas que afectan (y a su vez genera) el sistema previsional. Parte de esta inconsistencia puede rastrearse en concebir el sistema previsional como algo aislado. El sistema previsional, en realidad, está inserto en un sistema más general (el de seguridad social), que a su vez es un componente más de la estructura social. Por lo tanto, cuando discutimos sobre el sistema previsional, también tenemos que discutir sobre el mercado de trabajo, el sistema fiscal y las finanzas públicas, las funciones del Estado, los demás elementos del sistema de protección social y los cuidados.

Como ejemplo comentemos un elemento sensible de todo el debate previsional: el régimen excepcional que tienen las jubilaciones militares.

Las diferencias en cuanto a la edad de retiro obligatorio y las tasas de reemplazo con las condiciones para acceder a la jubilación en el resto del sistema son gigantes (y generan problemas de sostenibilidad que afectan a todo el sistema). No obstante, hay un elemento razonable en el sistema de retiros militares. La naturaleza teórica de una función militar es el combate para la defensa nacional. Por lo tanto, el Ejército no puede estar compuesto por muchas personas con edades avanzadas. Ahora bien, el centro de la discusión entonces sobre el sistema de retiros militares no sería el sistema en sí mismo, sino el rol que tienen las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad, la cantidad de efectivos que se precisan y cuál debería ser el tamaño y las tareas de las Fuerzas Armadas. Además, el debate debería también discutir sobre la falta de oportunidades de generación de ingreso en el interior del país, y por qué entrar en el Ejército es una de las pocas opciones laborales para muchos jóvenes.

Restringir la discusión y el análisis del sistema previsional, y no tomar en cuenta el marco general en el que el sistema está inserto, limita las alternativas posibles de transformación.

La dinámica de discusión parlamentaria, y la construcción de una reforma a través de un proyecto de ley, hace muy difícil en la práctica poder realizar el proceso de otra manera. Pero aquí hay una deficiencia del sistema político. ¿Es el Parlamento el principal espacio de discusión y definición que tendría que tener un proyecto de reforma estructural tan importante? ¿Las preferencias del electorado en 2019 representan cabalmente todas las posiciones sobre los pormenores del sistema previsional?

En la experiencia uruguaya hay antecedentes de intentos de realizar transformaciones políticas de otra manera. Tal vez el último (y frustrado) haya sido el Congreso Nacional de Educación “Julio Castro”. No obstante la suerte de esa experiencia, parece razonable poder generar espacios sociales en los que diversos actores puedan aportar y opinar sobre qué tipo de sistema previsional puede ajustarse a los desafíos de nuestra sociedad.

Un segundo punto a comentar tiene que ver con el enfoque que se le da al problema del envejecimiento poblacional. Tanto el informe diagnóstico aprobado por la comisión de expertos como lo que se infiere del proyecto de ley asumen que el aumento en la esperanza de vida de la población se hará con un aumento en su calidad de vida. Esto significa la posibilidad de trabajar más años en iguales condiciones que en edades más tempranas. Sin embargo, si ampliamos la mirada sobre el sistema previsional, podemos ver que lo que está enfrente es un problema de cuidados a raíz del envejecimiento poblacional. ¿Quién va a cuidar a las personas viejas? ¿Cómo se repartirá ese aumento progresivo de necesidades de cuidados en la población adulta? ¿Reforzando la división sexual del trabajo?, ¿reorganizando los cuidados a la interna de la familia?, ¿mediante circuitos mercantiles informales?, ¿aumentando la mercantilización de los cuidados?, ¿generando políticas públicas?

El cambio más radical que tiene este proyecto es avanzar en colocar el derecho a la seguridad económica en la vejez como una responsabilidad personal.

Resolver este problema tiene que ver con resolver las condiciones de entrada al mercado de trabajo formal de un importante contingente femenino, pero también con visibilizar y poder reorganizar de una forma más justa las tareas del trabajo de cuidados y reproductivo en la sociedad.

Adicionalmente al problema de los cuidados, es necesario contemplar la estrategia de estirar los años de vida laboral en el contexto de nuestro mercado de trabajo. Disminuir la generación de vacantes en el mercado laboral podría conspirar contra los que quieren entrar en él. Al mes de agosto la tasa de desempleo de todo el país era de 8,3%, mientras que la tasa de desempleo en los menores de 25 años era de 27%. Estirar la edad laboral podría generar un problema de empleo juvenil agravando el desempleo, o precarizando las condiciones de acceso a fuentes laborales, o de desempleo en altas edades generando situaciones en que las personas son demasiado jóvenes para jubilarse pero tienen más edad de la demanda en el mercado de trabajo.

Por último, es necesario discutir el problema ideológico en la reforma. Los sistemas de seguridad social se generan en torno a una noción: existen problemas que afectan al bienestar material de las personas, y son comunes a muchas de ellas. Estos problemas se consideran de responsabilidad colectiva, no individual, por lo tanto requieren soluciones colectivas. Acceder a un nivel determinado de ingresos para asegurar la supervivencia cuando se tienen edades que no permiten una acción productiva en el mercado de trabajo no es un problema de una persona determinada, es de toda la sociedad. El desempleo no es un problema del individuo desempleado, es de toda la sociedad. Con la asistencia sanitaria y con el resto de elementos componentes de la seguridad social sucede lo mismo.

Tomar problemas como colectivos en lugar de individuales ayuda a generar mecanismos de solidaridad que facilitan el aumento de la igualdad (porque no todos tenemos la capacidad de resolver esos problemas individualmente, por ejemplo pagando una mutualista o habiendo ahorrado en un banco lo que luego del retiro del mercado de trabajo sería una jubilación). Los mejores rasgos de nuestra sociedad nacen de entender problemas como sociales y buscar soluciones colectivas. Los problemas laborales no son responsabilidad de un trabajador o trabajadora, son de todos y por ellos se forman sindicatos. Los problemas de acceso a la vivienda son problemas sociales, y por eso se forman cooperativas de vivienda. La inseguridad alimentaria es un problema social, y ante la ausencia de otros mecanismos se forman ollas y merenderos populares. La violencia machista no se restringe al ámbito personal y privado, y organizaciones feministas despliegan su solidaridad. El problema más importante que tiene este proyecto de ley es ir en contra de esto.

Los cambios paramétricos para acceder al derecho jubilatorio y reducir las jubilaciones futuras son elementos de suma importancia; sin embargo, el cambio más radical que tiene este proyecto es avanzar en colocar el derecho a la seguridad económica en la vejez como una responsabilidad personal. A través de la amplitud del régimen de las AFAP y el despliegue de los mecanismos de ahorro individual, este proyecto plantea quitarle incidencia al sistema solidario de reparto intergeneracional para que cada individuo se asegure como pueda sus ingresos en el futuro. Es importante tener esto en cuenta, dado que es un aspecto fundamental para pensar programáticamente los pasos a dar desde una perspectiva de transformación que busque una sociedad más generosa y justa.

Hugo Dufrechou es magíster en Historia Económica y miembro de Cooperativa Comuna.