El país vive una situación muy preocupante en lo relacionado con la actividad criminal, que se suma a otros problemas sociales graves, como los vinculados con la carestía y con la caída acumulada del poder de compra de salarios, jubilaciones y pensiones. Todo esto tiene una dimensión política: hacen falta respuestas eficaces desde el Estado y hay posiciones encontradas sobre la orientación que deberían tener. Corresponde debatirlas en forma pública y con argumentos sólidos.

Lo que no corresponde ni resulta aceptable es encarar el debate como si fuera una campaña publicitaria más, para defender la imagen política propia y dañar la del adversario. Y es menos aceptable aún que se apele a palabrería hueca y a recursos frívolos, que menosprecian los dramas cotidianos de la gente y también su inteligencia. Esto es, lamentablemente, lo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo ante el aumento de los homicidios.

Durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), la mayor parte de la oposición tomó por el mismo camino. Presentó los problemas de convivencia y seguridad como si pudieran resolverse con una receta simplificada e insuficiente: presencia policial en mayor cantidad y más temida, con más respaldo de las autoridades al uso de la violencia “para hacerse respetar” y procedimientos judiciales más severos para que hubiera “menos delincuentes sueltos”.

A este planteamiento anticuado y miope se le sumó una gran dosis de soberbia política. Se pregonó que todo lo hecho por los gobiernos del FA era equivocado e inútil: para deshacerlo, se dejó de lado a funcionarios con probada capacidad y honestidad y se reincorporó a viejas figuras de las que no siempre se puede decir lo mismo. Un jefe de Policía de Montevideo nombrado por el actual gobierno, para nada izquierdista o “blando” y que contaba con la confianza personal del presidente Luis Lacalle Pou, fue destituido por haber apelado a la cooperación de un exjerarca frenteamplista.

Ahora se ve que con aquella receta y esta actitud no alcanza, por ejemplo, para evitar las acciones violentas de grupos del crimen organizado, a menudo en disputas por territorio. El mismo tipo de hechos de los que hablaba el exministro Eduardo Bonomi y recibía como respuesta de la oposición de entonces descalificaciones y burlas.

En una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana realizada del 6 al 10 de este mes, 83% de las personas consultadas opinaron que la inseguridad ha aumentado o sigue igual y 57% que confían poco o nada en el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pero en el Ejecutivo no hay autocrítica.

Lo que hay es insistencia en fórmulas ineficaces (el combate policial a la venta minorista de drogas, por ejemplo, poco efecto puede tener sobre los problemas que están causando frecuentes asesinatos) y declaraciones infelices de Heber, quien realizó esta semana una ridícula recorrida por Punta Carretas, acompañado por jerarcas y asesores de comunicación. Pocas horas antes se habían encontrado restos de un cuerpo calcinado y desmembrado en el barrio Peñarol, el tercero en lo que iba de la semana.