En las últimas semanas se han ganado un lugar en la agenda temas del sistema educativo. Es bueno que así sea, pese a la gravedad y urgencia de otros asuntos, pero sería aún mejor descartar, de antemano, la idea de que los problemas de la educación en Uruguay pueden resolverse de forma simple y rápida.

En el nivel más concreto e inmediato, hay demandas con miras a la Rendición de Cuentas sobre cuestiones de importancia indudable, como la cantidad de puestos de trabajo para llevar adelante numerosas tareas muy relevantes, el orden de prioridades entre ellas, la remuneración de las personas que las desarrollan y los recursos materiales con que contarán. Sin embargo, una larga experiencia nos indica que esto no es suficiente para lograr mejores resultados educativos o para lograrlos pronto.

En otro terreno, muy vinculado con lo ideológico, esta semana terminó el trabajo de una comisión investigadora parlamentaria, formada para analizar presuntas irregularidades en las licencias docentes, que durante casi un año fue sobre todo un amplificador de cuestionamientos a los sindicatos y a las autoridades actuantes durante los gobiernos frenteamplistas.

No hubo un esfuerzo colectivo de investigación, sino un simulacro impertinente de proceso judicial, con fiscales y defensores, pero sin garantías básicas para las personas acusadas, en el que el oficialismo llegó a atribuirse la potestad de tipificar delitos penales.

Este tipo de actuaciones para la tribuna se suma a diversas acciones y declaraciones que, invocando el concepto de laicidad, pretenden utilizarlo como una herramienta contra las expresiones ideológicas de docentes y estudiantes, y aplicarlo incluso en la educación terciaria con criterios propios de la escolar. Poco ayudan estos hostigamientos a crear un clima propicio para que mejore la educación, cuyos cambios requieren convencimiento y cooperación de todos los actores centrales.

A mitad de camino entre lo ideológico y lo concreto, la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) anuncia un proceso de transformación del marco curricular. Según las autoridades, sólo hay una propuesta preliminar, que se desarrollará a partir del intercambio con actores sociales y políticos y de los aportes mediante formularios de consulta en internet.

Sin embargo, ya se aprobó un cronograma para su aplicación y, según dijo el diputado colorado Felipe Schipani, “la Anep ya ajustó los números” y sabe con precisión cuánto costará poner en práctica “todos los aspectos vinculados a la transformación educativa”. Se podría pensar que las consultas y diálogos son sólo una puesta en escena.

Ya están planteadas polémicas sobre la propuesta, que básicamente reiteran otras anteriores, sin que se destaque alguna idea nueva. Mientras tanto, los datos oficiales muestran que la desigualdad social sigue teniendo una fuerte incidencia en los resultados educativos, y que el problema se agravó en el marco de la crisis social de los últimos años. No habrá soluciones rápidas, y las que se plantean desde el oficialismo ni siquiera parecen bien encaminadas.