Uvalde, Búfalo y el delirio estadounidense de las armas

El último asesinato masivo en Estados Unidos en una escuela de Uvalde, un poblado de Texas, uno de los estados más conservadores y proarmas, causó 21 muertos –la mayoría, niños– y ocurrió tan sólo 11 días después de la masacre anterior en Búfalo. Como ante cada masacre, el sistema político estadounidense se divide entre el silencio y las manifestaciones de rechazo tras sobrepasar, por enésima vez, una imaginaria línea roja. Pero mientras el debate, como siempre, no pasa del debate, las bolsas, como siempre, reaccionan de inmediato y las acciones de los principales fabricantes de armas estadounidenses, que viven de la muerte, se dispararon: Smith & Wesson Brands creció 9%; Vista Outdoor, 6,7%; y Sturm, Ruger & Company, 3,5%.

Mientras los fabricantes de armas, agrupados en la Asociación Nacional del Rifle, y los beneficiarios de su corrupción –también llamada lobby– se enriquecen, el debate se enzarza frente a las cámaras entre los derechos individuales establecidos por la Segunda Enmienda de la Constitución para el uso de armas, y las afectaciones colectivas.

Una de las excusas favoritas de los defensores de la “libertad” suele recaer en que la mayor parte de los asesinos que cometen las masacres en Estados Unidos tienen “problemas de salud mental”. Con esto, el arma no es el problema central, sino lo que existe, que es un supuesto mal uso de estas, ignorando por completo el absurdo acceso a casi cualquier tipo de arma.

La matanza de Uvalde es un nuevo caso en el que los actores principales son jóvenes que, debido al acceso irrestricto y “constitucional” a partir de los 18 años a armas semiautomáticas, entre ellas, las del tipo rifles AR-15, disponen de todos los artilugios para reproducir escenas con las cuales estamos cada vez más familiarizados. Este año, según la ONG Gun Violence Archive, ha habido 213 tiroteos en Estados Unidos.

Y es que ese ridículo apego a la Constitución permite que un adolescente se pueda armar hasta los dientes en cualquier tienda a la vuelta de la esquina, pero que un menor de 21 años no pueda tomar ni siquiera una cerveza.

Texas es uno de los estados con mayor acceso a la compra de armas; de hecho, no se requiere un permiso especial, ya que fueron derogados por el actual gobernador Greg Abbott. Sin embargo, este hecho difícilmente generará un consenso acerca de establecer un mayor control de armas, incluso de las de asalto, a pesar de que las evidencias indican que a mayor regulación en cuanto a la compra, menor es el número de muertes en los estados.

El debate, de hecho, se mantendrá en torno a la Segunda Enmienda de la Constitución y al insólito argumento de que para reducir los asesinatos hay que armar a los profesores en las escuelas, como afirmó el fiscal general de Texas, Ken Paxton, tras la masacre. Este es el absurdo argumento del cual se aferra la Asociación Nacional del Rifle.

Y es que esta asociación estadounidense ha apoyado las campañas políticas de candidatos, tanto republicanos como demócratas, especialmente en comunidades en las que el uso de las armas es una cuestión cultural y forma parte de su cotidianidad. Así, la última propuesta de control de armas, llevada adelante por el gobierno del presidente Barack Obama, estuvo a punto de avanzar, pero finalmente fracasó debido a que legisladores demócratas terminaron apoyando a sus comunidades en favor del uso de estas.

Ante las nuevas masacres del último mes, vale recordar, una vez más, que sería muy deseable que el Congreso estadounidense avance en una legislación de mayor control de armas, para la que se requiere el voto de 60 de los 100 senadores que conforman la cámara. Pero ante el contexto político y electoral que se avecina, parece bastante difícil. Además, las posiciones conservadoras, como el rechazo al aborto, se están fortaleciendo en la sociedad estadounidense. Por ello, de momento parece que en Estados Unidos se seguirán priorizando los intereses económicos e ideológicos de los grupos de presión y ciertos sectores de la población antes que la vida.

José María Ramos es profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, en el Departamento de Estudios de Administración Pública, Tijuana, Baja California, México. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Esta columna se publicó originalmente en latinoamerica21.com.