La decisión de intervenir el Club Social y Deportivo Villa Española, adoptada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), generó con rapidez un intenso debate político, en el que opinó hasta el presidente de la República.

El titular del MEC, Pablo da Silveira, apuntó a naturalizar lo que pasó con argumentos burocráticos. Alegó que correspondía tras la denuncia de un grupo de socios sobre presuntas violaciones del estatuto del club, explicaciones al respecto de sus autoridades y un informe de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del ministerio, a cuyo entender las denuncias son valederas y las explicaciones no.

Da Silveira afirmó que “nada de esto tiene que ver con política”. Sin embargo, tiene muchísimo que ver con la política, y más precisamente con el criterio aplicado para “constatar” que se había incumplido el artículo 5 del estatuto del club, donde dice que este debe mantener una “absoluta prescindencia en materia política”.

El ministro recibió formación académica en filosofía. Debemos suponerlo al tanto de que hay muy distintas interpretaciones sobre los alcances del término “política”, unas más restringidas y otras más amplias. Las actuales autoridades de Villa Española no se manifestaron a favor de un partido; sí han asumido un compromiso con el reclamo de verdad, memoria y justicia en relación con el terrorismo de Estado.

No cabe duda de que esta toma de posición es política en un sentido amplio; la cuestión es si, como arguyeron los denunciantes y avala el MEC, debe interpretarse en ese sentido la disposición estatutaria de Villa Española.

En mayo del año pasado, cuando el club usó por primera vez una camiseta con imágenes y texto en apoyo a la Marcha del Silencio, y colocó en su estadio la consigna “Nunca más”, el árbitro dejó constancia de esto en el formulario correspondiente, y desde la Asociación Uruguaya de Fútbol se entendió que no correspondía adoptar ninguna medida disciplinaria, porque se trataba de una defensa legítima de los derechos humanos, “en línea con los valores” que la asociación “debe promover”.

La propia FIFA ha realizado campañas con alta visibilidad contra el racismo, por la diversidad y en relación a otras causas que sin duda son políticas en un sentido amplio. Este año, además, se manifestó contra la invasión de Ucrania, que es un hecho político en el sentido más estricto, y se suspendió la participación de los clubes y las selecciones rusas en todas sus competiciones, justamente en nombre de los derechos humanos.

Si un club de fútbol uruguayo manifestara su condena a la invasión rusa de Ucrania y socios de ese club lo denunciaran por ello ante el MEC, cabe suponer que este no consideraría de recibo tal denuncia. Si fuera por el apoyo a la disposición constitucional que reconoce el derecho de “todo habitante de la República [...] a gozar de vivienda decorosa”, habría que ver. Cuando es por un reclamo de verdad, memoria y justicia, el ministerio interviene sin demora. Es realmente difícil aceptar que esto no tiene que ver con la política.