La ley de Presupuesto aprobada en 2020 redujo la asignación para la Universidad de la República (Udelar), enfilándola hacia una disminución en términos reales de 7,6% en cinco años. Esta semana, la Udelar solicitó que tal perspectiva se evitara en el proyecto de Rendición de Cuentas, con un incremento en torno a los 38 millones de dólares.

Según se detalló, ese dinero permitiría entre otras cosas atender mejor a la creciente cantidad de estudiantes, fortalecer el desarrollo en el interior, incorporar a más jóvenes en proyectos de investigación y desarrollo, apoyar a cientos de estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, aumentar las becas para posgrados y doctorados, y revertir la caída del salario real de los trabajadores de la Udelar.

La respuesta del Poder Ejecutivo fue no satisfacer ninguna de esas demandas. El proyecto de Rendición aumenta las asignaciones en varias áreas, pero no en la Udelar, a la que de hecho propone restarle recursos, porque elimina el adicional del Fondo de Solidaridad que se había establecido en 2001, a fin de fortalecer el presupuesto universitario.

El actual oficialismo llegó al gobierno con la intención declarada de disminuir el gasto público y lo hizo, a costa de los ingresos de la gran mayoría de la población y del recorte o eliminación de programas. Ahora las encuestas de opinión muestran un creciente descontento de la ciudadanía y el Ejecutivo decidió dar marcha atrás, aunque no por completo y sólo en algunas áreas.

Los desembolsos estatales en cada período de gobierno se prevén con la ley de presupuesto quinquenal. La Constitución dice que, en los proyectos de Rendición de Cuentas, el Ejecutivo le puede proponer al Parlamento “las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos” previamente aprobado, así como “efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas”.

La redacción indica con claridad que estos cambios fueron previstos como algo excepcional, pero en los hechos son muy frecuentes, y a esto se suma que uno de los artículos de la Constitución más violados es el 216, donde dice que “no se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución”.

De todos modos, si nos atenemos a la interpretación más obvia de las normas vigentes, en un período como este, en el que se produjo desde el primer año la inesperada emergencia sanitaria, habría sido sensato, por lo menos, que varios recortes aprobados en 2020 se fueran revirtiendo, a medida que fuera posible, en las rendiciones de cuentas.

Que esto no se haga con la Udelar, ni con el Sistema de Ciencia y Tecnología, indica prejuicios ideológicos contra lo público, una grave miopía en relación con las necesidades del país, y un peligroso menosprecio hacia instituciones que, cuando llegó la pandemia de covid-19, fueron fundamentales para hacerle frente.