El miércoles, Javier Milei anunció en 15 minutos un “decreto por razones de necesidad y urgencia” (DNU) con 366 artículos. Alegó que la rápida derogación de cientos de normas vigentes es la única forma de comenzar a resolver gravísimos problemas económicos y sociales, y se propone lograrla por la vía del DNU, que la Constitución argentina reserva a las situaciones en que “circunstancias excepcionales” hagan “imposible seguir los trámites ordinarios” para que el Congreso trate y vote proyectos.

Parece muy poco viable la aprobación parlamentaria de estas medidas, pero no por “circunstancias extraordinarias”, sino porque los diputados y senadores representan a sus votantes.

El triunfo de Milei en el balotaje del 19 de noviembre se debió a diversos motivos que merecen un análisis a fondo, pero no parece que entre ellos predomine el mismo tipo de fanatismo doctrinario sobre cuestiones económicas que exhibe el actual presidente, quien destinó dos tercios de los mencionados 15 minutos a una arenga ideológica, con el mismo desdén por las discrepancias e incluso por la realidad que caracterizó su campaña electoral.

Es muy improbable que la mayoría de la población comparta con él la convicción de que, apenas para empezar, es preciso agregar a sus actuales penurias una brusca desregulación de las relaciones laborales, la formación de precios, la competencia entre productos nacionales e importados, los alquileres, los servicios de salud y la educación, entre muchísimas otras cosas.

Ya comenzaron las movilizaciones de protesta, y los legisladores saben qué consecuencias terribles tendrían estas medidas en la vida cotidiana de la gente. La mayoría de ellos no pueden estar convencidos, como Milei, de que así se abrirá paso a la “reconstrucción de la economía” y la transformación de Argentina en una potencia mundial. Por eso, y con independencia de la muy dudosa constitucionalidad de este DNU, comienza un período de agudas tensiones sociales y políticas, cuyos efectos asusta prever.

En Uruguay, los problemas socioeconómicos y el descreimiento en el sistema partidario no tienen la profundidad que propició la victoria electoral de Milei en Argentina, pero al parecer hay quienes piensan que les conviene imitar características de su campaña: en algunos casos, la descalificación insultante de los adversarios; en otros, la sustitución del debate programático por simplificaciones fantasiosas. En esta última línea se inscribe, precozmente, el intento de presentar las próximas elecciones como una opción entre aumentar o no aumentar los impuestos.

Nadie con un mínimo de sensatez puede asegurar que, de 2025 a 2030, ninguna coyuntura nacional o internacional justificará o exigirá el incremento de un impuesto. Nadie con un mínimo de información puede negar que en Uruguay persisten profundas desigualdades que requieren políticas públicas potentes. Nadie con un mínimo de seriedad puede sostener que para la aplicación de esas políticas bastará con que el Estado maneje de modo más eficiente sus ingresos actuales. Empezamos mal.