¿Cómo explicar que de una ola progresista se pase abruptamente a una resaca conservadora en Chile? ¿Cómo entender el resultado aplastante de la derecha en la elección de los integrantes del Consejo Constitucional que escribirá la nueva propuesta de Constitución? La obligatoriedad del voto incorporada en el plebiscito de salida es una variable significativa de la que poco se sabía. Entre 2009 y 2021 la voluntariedad del voto se tradujo en que cerca de la mitad de la población no manifestara su voluntad en las urnas, lo que generó una desconexión profunda con el proceso político electoral. En general, se trata de personas desafectadas de las disputas ideológicas que poca esperanza tienen en que la política sea el camino para resolver sus problemas.

Hay que tener en cuenta que en Chile hay un sector votante relativamente leal o “duro” en cada sector del espectro político. La centroizquierda ha movilizado entre cuatro y seis millones de personas en los últimos ciclos electorales. Casi seis millones apoyaron la idea de establecer una nueva Constitución; sin embargo, menos de cinco millones aprobaron la propuesta constitucional de la Convención que finalmente resultó rechazada. En la elección de este nuevo Consejo Constitucional la centroizquierda obtuvo poco más de tres millones y medio de votos.

En la derecha las cifras han sido algo más oscilantes. Si bien para la elección de convencionales en 2021 la derecha obtuvo poco más de un millón de votos, a fines de ese mismo año el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, volvió a alcanzar el apoyo de más de tres millones y medio de personas.

En el plebiscito de salida de 2022, en el que participó 86% de la población habilitada para sufragar (13 millones), casi ocho millones se inclinaron por el rechazo y menos de cinco millones lo hicieron por el apruebo. Ahora, en esta nueva elección de consejeros constitucionales los números de participación son similares: 85% de los electores ejerció su derecho a voto (12,8 millones), de los cuales 5,5 millones se inclinaron por opciones de derecha, y 3,6 por opciones de centroizquierda. Llama la atención el aumento significativo del voto nulo y en blanco, que representó dos de cada diez votos.

Parte de la explicación del resultado del domingo se debe a los cambios en las reglas electorales, que introdujeron un importante caudal de votantes que no estaban involucrados con la discusión política nacional. Conectar con estos ciudadanos representa un desafío relevante para las fuerzas políticas con intención de construir mayorías sociales.

Pero la incorporación de nuevos electores no explica del todo la presente ola conservadora. ¿Por qué las mayorías se están inclinando por opciones de derecha? ¿Por qué la derecha tradicional perdió terreno frente a un partido nuevo y emergente como el Partido Republicano, que nació hace menos de una década de la mano de José Antonio Kast?

Con esta integración, la derecha chilena podría, perfectamente, escribir una Constitución que responda a sus propios intereses e ideología, sin tener que negociar ni una coma con las fuerzas de centroizquierda.

Existen dos explicaciones complementarias. Lo primero tiene que ver con una sociedad que está cansada o hastiada de “los mismos de siempre”, lo que se traduce en un voto con un fuerte componente destituyente. El Partido Republicano y el Partido de la Gente son dos fuerzas políticas emergentes que no han tenido responsabilidades de Estado y que en su conjunto aglutinaron a cuatro de cada diez de quienes marcaron una preferencia electoral. Dichos partidos se basan en un relato antipolítica tradicional y se presentan como los voceros y defensores de las preocupaciones y urgencias de la “gente”.

Esto nos lleva a una segunda explicación. El Partido Republicano ha centrado su acción política en temas de alta sensibilidad como el temor a la delincuencia, la crisis migratoria y las preocupaciones económicas. Además, el partido fue asertivo en fijar los marcos de la conversación, ya que la campaña no giró en torno al desafío de escribir una nueva Constitución, sino a los problemas de la población que no tienen un componente constitucional directo. Se trata de un discurso que prioriza la seguridad, conservador desde el punto de vista de los valores, y retóricamente antiestablishment.

¿Qué implicancias tendrá este resultado para el país?

El Consejo Constitucional deberá aprobar las normas constitucionales con tres quintas partes de sus integrantes, es decir, con el apoyo de 31 de los 51 consejeros. El Partido Republicano obtuvo 23 escaños, por lo que sin ellos no es posible aprobar normas dentro del órgano. Si a ello se suman los 11 asientos de la derecha tradicional, el control de la derecha es absoluto. Los consejeros de izquierda sumados al consejero indígena sólo logran 17 escaños, lo cual los deja al margen de la definición de la nueva Constitución.

Con esta integración, la derecha podría, perfectamente, escribir una Constitución que responda a sus propios intereses e ideología, sin tener que negociar ni una coma con las fuerzas de centroizquierda. No obstante, existe el precedente de la Convención anterior, donde las fuerzas de izquierda dominantes no incluyeron a la derecha, lo cual tuvo como resultado el contundente rechazo de la ciudadanía.

Ahora vivimos una situación completamente opuesta, en la que las derechas tendrán la responsabilidad de someter un texto constitucional que deberá ser aceptado por la mayoría del país. Entre junio y diciembre veremos cómo se desplegará la política partisana para hacer realidad una nueva propuesta de Constitución que será sometida al escrutinio ciudadano.

La interrogante es si optará por un texto estrecho que responda sólo a los intereses sectoriales o bien se abrirá a un acuerdo más amplio que incorpore las demandas de los sectores progresistas para asegurar la aprobación del texto el próximo diciembre.

Claudio Fuentes y Aurora Rozas son investigadores del Laboratorio Constitucional Universidad Diego Portales de Chile. Este artículo fue publicado originalmente en latinoamerica21.com.