El ministro de Defensa Nacional, Javier García, presentó un breve proyecto de ley con la intención de que haya libre acceso a lo que define vagamente como “los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”, tanto los que ya están en poder de las autoridades como los que “en el futuro se logren obtener”.

García dice que quiere “transparencia” sobre “toda la verdad”, pero basta con reflexionar sobre el asunto unos pocos minutos –cosa que quizá no haya hecho el ministro– para cuestionar que se trate de “la verdad”.

La exposición de motivos pone como ejemplo de los materiales a divulgar “los denominados ‘Archivos Berrutti’”, una enorme cantidad de páginas microfilmadas, que estaban ocultas y fueron incautadas en 2007 por la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti. Estos archivos incluyen, entre muchas otras cosas, actas de interrogatorios, recortes de prensa, reportes de allanamientos, expedientes burocráticos, registros de espionaje por diversos medios, reglamentos y reproducciones de material “subversivo”. Revisarlos es una tarea titánica y costosa.

De ellos y de otros que puedan ser descubiertos hay que separar, antes de pensar en una difusión irrestricta, todo lo que primero deba ser manejado por el sistema judicial, para investigaciones y eventuales imputaciones sobre desapariciones forzadas u otros crímenes aún no aclarados de la dictadura.

Tampoco se pueden divulgar a la bartola los datos cuya veracidad sea inviable comprobar, o los que puedan afectar los derechos de personas vivas o fallecidas. De lo que quede, una parte será útil en el marco de investigaciones especializadas y otra no tendrá ni siquiera ese interés.

Hay informes de espías que buscaron, a partir de seguimientos, infiltraciones y aportes de “informantes”, mugre verdadera o falsa que pudiera ser usada contra “el enemigo”. Hay actas de interrogatorios, en las que por supuesto no consta que las personas detenidas fueron torturadas, amenazadas o chantajeadas antes de “confesar” lo que dicen que dijeron.

En todos los casos, se trata de actividades criminales, realizadas por una dictadura que usurpó los poderes y organismos del Estado y que los utilizó, entre muchos otros fines ilegítimos, para la represión y el terrorismo de Estado contra quienes se le oponían.

García tergiversa las graves cuestiones antedichas cuando afirma que los materiales no deben ser procesados por un “comité de censura” y se hunde en el barro cuando insinúa que la oposición critica su proyecto porque puede revelar “información que la comprometa”. Si habla de quién delató a quién bajo tortura, no entiende o finge no entender qué materiales sería ilegal e inmoral difundir. Si quiere alimentar fantasías disparatadas, actúa con gran irresponsabilidad.

Un “mamarracho” es, según el diccionario de la Real Academia Española, una “cosa muy mal hecha o ridícula”. La definición le queda corta al proyecto de García, que es además peligroso y cuyo autor lo defiende en forma notoriamente maliciosa. Mejor sería que buscara la información que falta.