Hace más de un siglo, José Batlle y Ordóñez se entusiasmó con el diseño institucional suizo e impulsó la adopción en Uruguay de algunos de sus rasgos. Entre ellos, el plebiscito de reforma constitucional por iniciativa popular, al que se apeló por primera vez recién en 1989, seis décadas después de la muerte de don Pepe. Desde entonces, cada elección nacional se ha llevado a cabo junto con, por lo menos, una consulta popular de este tipo.

Reunir firmas válidas de 10% de las personas habilitadas para votar y luego lograr que gane el Sí es un esfuerzo enorme, irrealizable para quienes no cuenten con una considerable estructura en escala nacional, pero la propia tarea construye y consolida organización. Esto explica que la herramienta haya sido utilizada con frecuencia desde el Frente Amplio (FA) y el PIT-CNT, que comprobaron el potencial de la democracia directa cuando impulsaron el referéndum contra la ley de caducidad realizado en 1989, sin lograr la anulación de esta norma pero con un formidable saldo de acumulación.

Luego ganaron y perdieron en intentos de reforma constitucional por iniciativa popular, pero ninguno de ellos resultó exitoso sin apoyos de frenteamplistas y sindicalistas, condición hasta ahora necesaria pero no suficiente. Los dos últimos plebiscitos de esta índole, promovidos por dirigentes de los partidos Colorado y Nacional sobre temas de seguridad, fracasaron.

También es crucial, por supuesto, que la propuesta exprese necesidades y expectativas muy arraigadas en la sociedad, y ha tenido indiscutible importancia la articulación de acuerdos sociales y políticos amplios. Para que estos últimos lleguen a concretarse resulta necesaria, obviamente, la disposición a cooperar a partir de las coincidencias y a pesar de las discrepancias, sin que el apego a las ideas propias degenere en rigidez e intransigencia.

Por este lado asomaron los problemas vinculados con la iniciativa de plebiscito del PIT-CNT sobre seguridad social, y también con la del sector colorado Ciudadanos, sobre ingresos y ascensos en los gobiernos departamentales, que no se plebiscitará este año porque en la dirección del FA faltó un voto para apoyarla en la Asamblea General.

Buena parte de las resistencias en el FA a la iniciativa de Ciudadanos se debieron a su procedencia y a la idea de que un plebiscito más perjudicaría las chances de que se apruebe la reforma del PIT-CNT, según plantearon los sectores frenteamplistas que la apoyan.

En el caso de la propuesta del PIT-CNT, fue impulsada con votación dividida, y se definió su texto sin haber contado con el aporte de especialistas ajenos a la central ni procurar previamente acuerdos con otras organizaciones sociales, con el FA o con otros partidos o sectores de ellos. Todo esto contribuyó a que presente aspectos muy cuestionados por aliados habituales del movimiento sindical, a que complique la campaña por el Sí y a que encienda alertas sobre las consecuencias que tendría aplicar esta reforma.