El sector colorado Ciudadanos le planteó al resto del sistema partidario con representación en el Parlamento una iniciativa de reforma constitucional, que será plebiscitada en forma simultánea con las elecciones nacionales si la apoyan dos quintos de los integrantes de la Asamblea General. El objetivo es incorporar a la Constitución criterios de ingreso y ascenso de funcionarios por concurso o sorteo en los gobiernos departamentales, para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades, que fueron propuestos sin éxito en un proyecto de ley del senador Adrián Peña, fallecido la semana pasada.

Pronto surgieron rechazos y reparos, sin que nadie defendiera en forma desembozada el clientelismo.

Se manejan posibles modificaciones de la iniciativa que, obviamente, pueden ser negociadas para reunir dos quintos de la Asamblea General. Veamos las objeciones que implican oponerse a la presentación del proyecto.

Hay quienes alegan que el plebiscito desviaría la atención de la ciudadanía, que debe centrarse en las alternativas propuestas para gobernar el país. De hecho, esta reforma también sería una propuesta para gobernar el país, pero en todo caso la realización de estas consultas en la primera elección siguiente a la habilitación de los proyectos está prevista en la Constitución y ha sido lo más frecuente, por obvias razones de ahorro.

Si se entiende que la simultaneidad resulta inconveniente, habría que promover una reforma constitucional para evitarla (y, por razones de coherencia, plebiscitar tal reforma en una fecha que no coincida con elecciones nacionales).

Otra objeción es que ya están planteados varios plebiscitos para el último domingo de octubre de este año y no sería bueno agregar otro. En realidad, por ahora sólo es seguro el referido a los allanamientos nocturnos, promovido también desde la Asamblea General. Para otras iniciativas se están reuniendo firmas, sin que sepamos si se llegará a la cantidad válida necesaria, pero, de todos modos, cualquiera de ellas tiene la misma legitimidad formal, y lo que habría que discutir es si algunas son más urgentes, más relevantes o más pertinentes que otras.

Esto nos lleva al tercer reparo, de quienes sostienen que los criterios de ingreso y ascenso no deberían incorporarse a la Constitución, sino aprobarse mediante una ley. Sobre esto caben por lo menos tres acotaciones.

En primer lugar, desde el Partido Nacional se calificó de inconstitucional el proyecto de Peña, y aunque hay argumentos sólidos para rebatir esa objeción, establecer la exigencia de concursos o sorteos en la propia Constitución descartaría en forma rotunda el cuestionamiento. En segundo lugar, no se proponen disposiciones que vaya a ser necesario revisar y cambiar con frecuencia, y que, por lo tanto, resulte imprudente dejar grabadas en piedra. En tercer lugar, no se trata de minucias con rango notoriamente menor que el de otros preceptos incluidos en la Constitución.

El debate debe resolverse antes del 27 de este mes para que haya plebiscito en octubre, y sólo cabe desear que la urgencia no le quite seriedad, porque es muy valioso lo que está en juego.