César tiene 61 años y es una de las casi 3.000 personas que viven en situación de calle en Montevideo, según el censo realizado en 2023 por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que crece de manera sistemática desde hace muchos años. El jueves, César fue desalojado del lugar donde vivía, en Asunción y Paraguay, y según denunció, le quitaron todas sus pertenencias, incluidos los medicamentos para tratar la EPOC que padece.

César y las personas en situación de calle están acostumbradas a la violencia. La violencia de no tener un lugar donde vivir, de dormir con frío, de ser tratadas como un paisaje de despojos que la sociedad prefiere no ver. O incluso están acostumbradas a ser golpeadas, apaleadas, como también sucedió esta semana. Las agresiones son recurrentes, en una manifestación extrema de la aporofobia campante en algunos sectores de la sociedad, y que suele expresarse de modos más amables y civilizados, pero igualmente dañinos.

Se alegan razones humanitarias y de uso del espacio público, pero en las sucesivas normativas aprobadas para “limpiar” las zonas comunes de personas en situación de calle –la Ley de Faltas aprobada en 2013, la ley de internación compulsiva aprobada en mayo de este año– subyace el deseo de no ver, de hacer de cuenta que podemos seguir adelante mientras muchos permanecen detenidos en ese espacio sin tiempo de la calle.

Claro que hay problemas de salud mental de las personas en situación de calle. La sociedad uruguaya en general tiene un enorme problema con la salud mental, basta decir que somos de los países con los niveles de suicidio más altos de la región. Claro que también hay problemas de adicciones, en un país donde el narcotráfico abunda y la esperanza escasea. Y claro que también, finalmente, muchas de las personas en situación de calle viven en un continuo entre la cárcel y el desamparo de las veredas.

Sin embargo, César no parecía tener problemas de salud mental ni estar bajo los efectos de ninguna droga. Expresó con claridad a la prensa que le consultó su voluntad de permanecer allí. César fue bombero, tiene dificultades para respirar, y hoy duerme en la calle con un perro, cuidado por sus vecinos y vecinas, que eligieron la incomodidad de ver.

“Declárase de interés general la preservación de los espacios públicos como lugar de convivencia, civismo y disfrute”, indica la Ley de Faltas en su artículo 9. ¿Cuál fue el objetivo real de esta norma? ¿Cuál fue el objetivo de la aprobación de la ley de internación compulsiva, que amplía las hipótesis bajo las que se puede trasladar a las personas en situación de calle a instituciones médicas? ¿Será el bienestar de las personas en situación de calle? ¿El “disfrute” del espacio público? “En los entornos en los que las personas duermen queda mucha mugre”, dijo esta semana el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. No se menciona en normas ni discursos el objetivo y el deber de tener una sociedad más justa, donde las personas vivan con dignidad.

Esta semana, en el marco del Día Internacional de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, decenas se movilizaron reclamando poder gozar de los “derechos que el mundo les negó”. La sociedad y el sistema político en particular, que ha sido diligente en aprobar normas que buscan erradicar a las personas en situación de calle de los espacios públicos, tiene mucho trabajo por hacer para garantizarles los derechos que tienen como integrantes del género humano.