El miércoles de esta semana murieron seis hombres privados de libertad en el ex Comcar. Los quemaron vivos en un incendio intencional, después de una pelea con otros reclusos. La noticia fue tan espantosa como varias otras similares de los últimos años, pero adquiere un significado particular porque interpela a la campaña electoral en curso.

Toda campaña plantea un relato sobre la situación del país y todo relato se construye con omisiones. Los oficialismos destacan lo que les resulta útil para plantear que han hecho un buen trabajo y que debemos confiar en ellos para seguir avanzando. Las oposiciones enfatizan, a la inversa, retrocesos, estancamientos y problemas nuevos, para sostener que urge cambiar la orientación del gobierno. La selección de temas se realiza con especial atención a las áreas que, según las encuestas, le interesan más al electorado, y esto causa que algunas omisiones se generalicen. Entre ellas, la omisión del drama carcelario.

Gran parte de la población rechaza la idea de que se gaste más en las personas privadas de libertad que el Estado tiene a su cargo. El sistema partidario evita plantear, especialmente en períodos electorales, lo que mucha gente no quiere oír, y las consecuencias son terribles.

Desde hace décadas aumentan en Uruguay las penas y la población privada de libertad, que ya ronda las 16.000 personas y está entre las diez mayores del mundo por cantidad de habitantes. No aumentan en la misma proporción los recursos del sistema de reclusión, cuyas graves deficiencias se multiplican.

No se trata sólo de los programas de rehabilitación, sino también del personal de guardia, de la cantidad de colchones y frazadas, del suministro de luz y de agua, de los servicios básicos de salud y de alimentación. Se potencian año tras año la violación de los derechos humanos y la reproducción ampliada de las conductas delictivas, fuera de las cárceles y en su interior.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, denuncia esta catástrofe humanitaria y propone soluciones con escaso éxito desde que fue designado en 2015. Su informe más reciente, de este mes, señaló, por ejemplo, que 43% de las personas privadas de libertad están en condiciones “crueles, inhumanas y degradantes” y que la tasa de hacinamiento en las prisiones uruguayas continúa en ascenso.

Petit, la Institución Nacional de Derechos Humanos y una decena de organizaciones sociales elaboraron una propuesta de bases para la reforma del sistema penitenciario, que les están entregando a los candidatos a la presidencia. En ella alertan que estamos ante una situación “límite y explosiva” después de varias décadas sin acuerdos amplios en esta materia y recomiendan 20 medidas en el marco de un plan estratégico.

La redacción de ese documento comenzó como respuesta a otros seis asesinatos mediante un incendio intencional en el ex Comcar, a fines de diciembre del año pasado. Las tragedias continuarán si no cambia el rumbo.

Las campañas electorales buscan votos, pero también tendrían que hacerse cargo de lo que pasa y no debe pasar más.