El atentado contra la fiscal Mónica Ferrero, cometido en la madrugada del domingo 28, causó una lógica conmoción social y política. No debería haber causado mucha sorpresa, por lo menos entre las personas con algo de información sobre el proceso de avance del crimen organizado en Uruguay. Aún estamos lejos de asumir colectivamente la magnitud de los problemas que afronta el país y actuar en consecuencia.

Ferrero es, además de jefa subrogante de la Fiscalía General de la Nación, su funcionaria con mayores responsabilidades en el área de investigación y persecución penal de los delitos de narcotráfico. No hacía falta una gran sagacidad para suponer de dónde provino el ataque del domingo. Tenemos antecedentes de hostigamiento a fiscales por parte de narcotraficantes, y los primeros resultados de la pesquisa refuerzan la sospecha más obvia.

Fue muy pertinente, y también reconfortante, que en el sistema partidario se cerraran filas para defender la institucionalidad agredida. Es evidente la necesidad de impedir que el acontecimiento se repita o que sea el preludio de otros aún más graves, pero las barreras de contención requeridas no son sólo las relacionadas con la custodia de personas y lugares. Tampoco bastará con la identificación y sanción de responsables, directos e indirectos, del atentado.

El narcotráfico es una empresa criminal en escala transnacional, motivada por las enormes posibilidades de lucro que ofrece la demanda de drogas ilegales. El desarrollo de esa empresa es especialmente difícil de impedir en los países productores y en aquellos con un gran mercado de consumidores, pero la elección de las rutas de tránsito y los lugares de acopio es variable, en función de ventajas comparativas.

El aumento de la importancia de Uruguay en el mapa mundial del narcotráfico se debe en gran medida a que nuestros dispositivos de prevención presentan debilidades notorias. Ellas equivalen a la existencia de zonas francas que atraen, en este caso, inversiones extremadamente indeseables.

La lista de los factores que nos hacen vulnerables incluye insuficiencias en el control de las fronteras, el espacio aéreo, las aguas territoriales y el transporte de cargas ilegales; en la detección de los sitios de almacenamiento y de las tramas sociales construidas para darles seguridad. También en las tareas de inteligencia específica sobre el narcotráfico y sus actividades conexas, en el sistema carcelario, en la prevención del lavado de activos y la corrupción (incluyendo lo vinculado con el financiamiento de los partidos). Y no debemos olvidar las facilidades de larga data para el tráfico de armas y municiones.

Debemos avanzar en materia normativa y –lo que es aún más importante– asegurar la disponibilidad de recursos materiales y de personal capacitado para que las disposiciones se cumplan. Cuando las instituciones carecen de herramientas indispensables para desempeñar bien sus tareas, su defensa requiere mucho más que discursos y declaraciones. No se trata solamente de frenar a los sicarios del narcotráfico; hay que recuperar el terreno que este nos ha ganado. Todavía estamos a tiempo.