En 2019, Donald Trump declaró: “Perdemos a 100.000 personas al año por lo que está sucediendo y lo que viene desde México. De hecho, le he ofrecido al presidente [se refería a Andrés Manuel López Obrador] que nos deje ir y limpiarlo y él, hasta ahora, ha rechazado la oferta. Pero hasta cierto punto, algo tiene que hacerse”. En esa misma intervención, durante su primera presidencia, dijo: “Denominar [terrorista a un grupo] no es tan fácil. Tienes que pasar por un proceso y estamos bien metidos en este”.

La promesa de Trump comienza a concretarse. El ejército estadounidense está en la puerta de Venezuela. Buques y aviones de combate se instalaron hace más de dos meses. Al menos 64 personas han muerto por el fuego estadounidense en el Caribe y el Pacífico. Trump manifestó que autorizó el despliegue de la CIA en Venezuela y hay máxima tensión e incertidumbre por una posible intervención terrestre. El motivo manifiesto que justifica la acción es el “narcoterrorismo” del Estado venezolano gobernado por el régimen de Nicolás Maduro.

El 28 de octubre de este año fueron asesinadas entre 120 y 132 personas, dependiendo de la fuente, en las comunidades de Alemão y Penha de Río de Janeiro. Todos los asesinados son “narcoterroristas” de la facción Comando Vermelho (CV), expresó el gobernador bolsonarista Cláudio Castro. Para el gobernador, no hay inocentes. Certificó de exitoso el megaoperativo, a pesar de que la magnitud de las muertes supera la matanza de la cárcel de Carandirú (1992), hecho que contribuyó al origen del Primer Comando de la Capital (PCC) un año más tarde. De acuerdo con Castro está buena parte de la opinión pública: “Megaoperación policial fue considerada un éxito por el 57% de los habitantes de Río, según Datafolha”.

Unos días antes del megaoperativo, Trump se reunió con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y lograron importantes avances en las relaciones bilaterales. Además, los presidentes dejaron ver gestos de amistad, algo difícil de percibir unas semanas antes, cuando Trump llegó a decir que “lo que están haciendo con él es terrible”, en referencia al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Hacia afuera, el megaoperativo en Río de Janeiro parece recordarle a Trump quién es su aliado en Brasil al seguir al pie de la letra la política de seguridad contra el “narcoterrorismo”. Hacia adentro, el Partido Liberal vuelve a mostrarle a su audiencia que se prepara para las próximas elecciones nacionales.

Tras los acontecimientos en Brasil, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció que su país reconocerá al PCC y a CV como organizaciones narcoterroristas. Una acción similar anunció el gobierno paraguayo.

Así como la Argentina de Javier Milei se presenta como el laboratorio libertario que tiene felices a los suscriptores del crony capitalism, El Salvador de Nayib Bukele representa el laboratorio del modelo de seguridad de Trump que tiene felices a los impulsores de las teorías del enemigo, del sujeto peligroso y demás. En 2023, bajo un régimen de estado de excepción, Bukele inauguró la cárcel de máxima seguridad más grande de América Latina, con capacidad para 40.000 plazas. La llamó Centro de Confinamiento del Terrorismo y la llenó básicamente de mareros de poca monta.

No hay consenso acerca de los orígenes temporales del concepto narcoterrorismo ni tampoco del momento en que comenzó a utilizarse como política de seguridad nacional e internacional para mitigar el mercado de las drogas ilegalizadas. Hay quienes atribuyen su origen a Fernando Belaúnde, expresidente de Perú, cuando en 1983 tuvieron lugar una serie de atentados contra la Policía por parte de grupos delictivos generadores de rentabilidad criminal en el mercado de las sustancias psicoactivas. Para otros, los atentados de setiembre de 2001 en Estados Unidos fueron el origen o el vuelco decisivo a la asociación entre dos términos provenientes de campos semánticos y de acción disímiles.1 Cercanos a esta posición están aquellos que ubican el nacimiento de la expresión en 2007, cuando en la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Sevilla se discutía sobre el financiamiento de los talibanes mediante la comercialización del opio.2

La aplicación del prefijo narco a la palabra terrorismo no es meramente un asunto lingüístico. La simbiosis extiende los límites del poder soberano.

Cualquiera sea su origen, el contenido básico que subyace al concepto de narcoterrorismo es el siguiente: a) identificación de una persona o grupo etiquetada de terrorista que financia su actividad con las ganancias obtenidas en el mercado de las drogas ilegalizadas; b) identificación de una persona o grupo delictivo dedicado a la economía ilícita de las drogas que genera terror en la sociedad. El primer caso se ejemplifica con los talibanes y el segundo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), puesto que algunas de sus divisiones se sustentaban realizando alguna de las actividades en el negocio ilícito de la cocaína o cobrando impuestos a los productores de hoja de coca.

La definición de narcoterrorismo es un asunto de complejidad fenomenológica y moral, y su administración real es una cuestión de poder. La aplicación del prefijo narco a la palabra terrorismo no es meramente un asunto lingüístico. La simbiosis extiende los límites del poder soberano. Por ejemplo, para la legislación de Estados Unidos es posible combatir el terrorismo fuera de su territorio por fines de seguridad nacional; una gota de agua idéntica o muy parecida a la Doctrina de la Seguridad Nacional y el Plan Cóndor de las décadas de 1960 y 1970, aunque con otro enemigo interno y externo. Así las cosas, podría decirse que la novedad del “narcoterrorismo” es su vestimenta, pero no el cuerpo que viste. Esta película ya la vimos.

Existe un consenso generalizado entre los historiadores de las drogas al señalar al prohibicionismo (1912)3 y la política transnacional de “guerra contra las drogas” (1971)4 como los dos grandes movimientos y marcos de orientación global de la acción estatal. Ambos han fracasado de forma contundente en su intento por minimizar la violencia y la rentabilidad que produce el mercado de las drogas ilegalizadas. También ha sido demostrada su inutilidad en el control de la demanda. A pesar de ello, se triplica la apuesta punitiva de terminar de confirmarse la era contra el “narcoterrorismo”. Asistimos en esta dirección al eterno retorno de las ideas de Carl Schmitt, donde la vida humana es una lucha y la lucha contra el enemigo es el sentido de la vida. Desde ese corazón, la política y los estados nacionales solamente se conservan y crecen cuando los amigos triunfan contra su enemigo. En tiempos en que el multilateralismo está en discusión y es rechazado de plano por Trump, la teoría schmittiana encastra perfectamente con el paradigma de seguridad del “narcoterrorismo”. Un dato: Carl Schmitt fue ideólogo del nazismo.

Gabriel Tenenbaum es profesor adjunto del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y cocoordinador del grupo de investigación Juventudes, Violencias y Criminalidad en América Latina (DS-FCS).


  1. Silvia Cristina Mantilla-Valbuena (2008). Más allá del discurso hegemónico: narcotráfico, terrorismo y narcoterrorismo en la era del miedo y la inseguridad global. Papel Político, Bogotá, 13(1), 227-259. 

  2. Afganistán es el país con mayor producción de opio. 

  3. Se suele fechar el prohibicionismo en 1912 por el mojón que representó la Convención Internacional del Opio (CIO) en la historia de las drogas ilegalizadas. Sin embargo, la fecha reduce un proceso más largo que viene desde finales del siglo XIX. Por otra parte, el autor de esta nota entiende que la CIO es el segundo movimiento prohibicionista, aunque el primero en convertirse en hegemónico. El primer movimiento prohibicionista es de mediados del siglo XIX en el contexto de las Guerras del Opio, cuando el Imperio Chino buscaba controlar el ingreso de la planta contra la imposición de la Compañía Británica para las Indias Orientales. 

  4. La fecha de 1971 indica el año en que Richard Nixon presentó la política de guerra contra las drogas ante el Congreso de Estados Unidos.