No es un ejemplo: el laboratorio de seguridad salvadoreño en la era del narcoterrorismo

Se dice que el éxito del “modelo Bukele” para la seguridad de El Salvador es la reducción drástica de los homicidios, pero esta afirmación no es cierta. La caída de la tasa de homicidios no comienza en el primer mandato de Nayib Bukele, en 2019, sino varios años antes. De hecho, cae 50% entre 2015 y 2018.

Como puede leerse en la gráfica, de 2012 a 2014 baja significativamente la violencia letal producto de la tregua entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Mara Salvatrucha y la Mara Barrio 18, para luego aumentar de forma exponencial hasta 2015 tras la ruptura de la tregua. En 2016 se constata el declive de la violencia letal. Mientras que la tasa de homicidios en 2015 era de 108 cada 100.000 habitantes, en 2016 fue 85; en 2017, 64; en 2018, 54, y en 2019, 39. Para que el lector pueda hacerse una dimensión de estas cifras, el peor registro de violencia letal en Uruguay es de 2018, con 12 homicidios cada 100.000 habitantes.

Si bien es cierto que la tendencia de homicidios continuó bajando durante el primer gobierno de Bukele, los datos son cuestionados. De acuerdo con Jeremy Giles,¹ un excomandante de las fuerzas armadas de Estados Unidos, graduado en la Harvard Kennedy School, el gobierno salvadoreño subestima el 47% de los homicidios. Además, han sido excluidos del conteo de homicidios los cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Desde principios de 2021 se han encontrado al menos 171 fosas no registradas oficialmente. A su vez, se excluyen las muertes ocurridas en enfrentamientos con la Policía o el ejército, clasificándolas como “agresiones ilegítimas”.² Como si ello no fuera suficiente, hay dudas sobre la inclusión en la cuenta de los homicidios que ocurren en las cárceles salvadoreñas. Todos estos criterios de exclusión bajan los homicidios.

Se dice que el éxito del modelo Bukele para la seguridad de El Salvador es que ha desplegado una política innovadora efectiva que ha eliminado las pandillas, pero no es cierto. En primer lugar, no es nueva. El modelo Bukele se inscribe en las denominadas políticas de “mano dura” o de “tolerancia cero”. Estas son versiones desmesuradas de los primeros estudios de Philip Zimbardo en la década de 1960 y, luego, de la teoría de las ventanas rotas de James y George Kelling en 1982. Lo que cambia no es la sustancia, sino el vocabulario, la tecnología de castigo y la violencia institucional.

En segundo lugar, junto con el despliegue efectivo y propagandístico de las políticas de mano dura, el gobierno de Bukele pactó con los líderes de las maras. Ofreció protección a las cúpulas de las pandillas (impunidad, beneficios económicos y libertad para salir del país) a cambio de bajar al mínimo los conflictos en el territorio. Esta medida de pacificación de los territorios contradice determinantemente los postulados de las políticas de mano dura porque está prohibido negociar con el “enemigo”. La política de tolerancia cero no se sienta en la misma mesa que los delincuentes y, menos aún, a conceder privilegios. Al “sujeto peligroso” se lo combate con la pretensión de eliminarlo. Así las cosas, llamativamente, los defensores de la mano dura defienden el modelo Bukele obviando, por ignorancia o inconveniencia, los pactos.

En tercer lugar, las pandillas no han sido eliminadas, sino que están aglutinadas e incapacitadas en prisión, mientras que sus líderes se encuentran en libertad en algún lugar del planeta Tierra. En tanto el régimen se sustenta en el personalismo de Bukele y en los más de tres años de estado de excepción de El Salvador, resulta difícil saber qué pasará en el futuro.

Párrafos para demócratas sin brújula

Pocos recuerdan que en febrero de 2020 Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa con soldados y policías armados con el fin de amedrentar a los legisladores para que estos aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares para su Plan de Control Territorial. Poco se habla del pacto de Bukele con los sectores del Ejército más prominentes de los Acuerdos de Paz de 1992 de Chapultepec.³ ¿Para quiénes es ejemplo un modelo de seguridad que amenaza al Poder Legislativo?

En febrero de 2021, los legisladores del partido de Bukele, ya con mayoría parlamentaria, comenzaron la cacería de brujas: destituyeron a los jueces de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República para nombrar a personas leales a su gobierno. Mientras la primera institución se enfrentó a Bukele en episodios como la intervención intimidatoria en el Parlamento y las detenciones arbitrarias durante la pandemia, la segunda institución estaba investigando a dirigentes del gobierno de Bukele por delitos de corrupción. Luego, se sumó el control del Tribunal Supremo Electoral y se realizó una reforma sustantiva que, entre otras cosas, redujo la cantidad de representantes nacionales de 84 a 60 y de alcaldías de 262 a 44, provocando mayor concentración de poder en el partido de Bukele y sus aliados. ¿Para quiénes es ejemplo un modelo de seguridad que erosiona las instituciones republicanas rompiendo con la separación e independencia de los poderes del Estado?

Desde marzo de 2022 en El Salvador está vigente el régimen de excepción, y la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 45 de esta medida el 25 de noviembre de 2025. A la fecha, se calcula que el estado de excepción lleva detenidas más de 90.000 personas, la mayoría de ellas absolutamente desprotegidas de derechos y garantías. Hace varias décadas Giorgio Agamben alertaba acerca del peligro del estado de excepción como condición permanente, sobre su utilización justificada con base en una construcción narrativa del estado de necesidad servil al poder que lo impone. ¿Para quiénes es ejemplo un modelo de seguridad que se imparte en un régimen autoritario?

Ya quedó en el olvido que Bukele fue reelegido presidente en 2024 de forma inconstitucional con el 84,65% de los votos entre un 52,6% de participación. Con los nuevos magistrados bukelistas ingresados en 2021, la Sala de lo Constitucional habilitó la reelección de Bukele. En la campaña de su reelección, su gobierno no entregó los recursos económicos a sus contrincantes por concepto de los votos logrados en las elecciones pasadas. ¿Para quiénes es ejemplo un modelo de seguridad ejecutado por un gobernante que no debería haber participado en las elecciones?

Trampantojo: imagen y sonido

A pesar de los mitos, falsedades y totalitarismos, ¿cómo ha logrado Bukele elaborar una política de seguridad con la que coquetean demócratas y republicanos? Pues bien, una posible respuesta es la propaganda. Durante años, Armando Bukele y Nayib Bukele, padre e hijo, estuvieron a cargo de la propaganda del FMLN. La experticia de Nayib es la publicidad, se crio en una familia de publicistas, conoce los pormenores del negocio de la comunicación política actual.

Para legitimar acciones estatales de su gobierno no utiliza a la Pantera Rosa, sino a celebridades de 45 millones de seguidores en Youtube y 33 millones de seguidores en Instagram. Me refiero a Luisito Comunica, que subió un video de casi 17 minutos a su canal de Youtube sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Se trata de la nueva cárcel de máxima seguridad de El Salvador con capacidad para 40.000 personas, la megaprisión destinada a los integrantes de las maras, ahora resignificados en terroristas. Bukele le ofreció a Donald Trump encarcelar en el Cecot a venezolanos detenidos en Estados Unidos, y se concretó por 20.000 dólares al año.⁴ En Uruguay, una persona privada de libertad cuesta alrededor de 12.000 dólares al año, de acuerdo con las últimas estimaciones.

Performance, imagen y sonido es la fórmula de Bukele. Algunos estudios muestran evidencia de que el gobierno montó una red de youtubers/creadores de contenido, muchos de ellos en la diáspora, para la divulgación de sus mensajes centrados en una narrativa religiosa, mano dura, polarización y magnificación de sus logros.⁵ En este entramado resulta clave la ruptura de fronteras simbólicas entre el periodismo, el entretenimiento y el comunicador prorrégimen.

¡Atención, demócratas! La era del “narcoterrorismo”

El Salvador tuvo 12 años de guerra civil, con más de 75.000 muertos y miles de desaparecidos. Con el regreso al sistema de partidos y las elecciones democráticas en 1994, la Alianza Republicana Nacionalista (1989-2009) y el FMLN (2009-2019) se alternaron el poder no sin crisis y escándalos. La corrupción política se convirtió en un fenómeno cada vez más visible y, junto con ello, los problemas de la desmovilización de la guerra civil y las deportaciones de salvadoreños de Estados Unidos que, en buena medida, terminan consolidando a la Mara 18 y la Mara 13. Los cuatro presidentes que antecedieron a Bukele (Francisco Flores Pérez, Elías Antonio Saca, Carlos Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén) fueron investigados por la Fiscalía General de la República de ese país. Luego viene una figura populista, con aires mesiánicos, a pacificar el territorio a como dé lugar.

Para los salvadoreños, que de la sangre de la guerra civil pasaron a la política corrupta e ineficiente, y a la sangre y gobernanza criminal de las maras, en estos momentos de la historia la seguridad está pesando bastante más que la democracia y la república. Pero, para los uruguayos, para la historia y el contexto granular del Uruguay actual, no debería ser así. La biografía de la violencia y la criminalidad salvadoreña es absolutamente diferente y distante de la uruguaya. Son incomparables y no es posible trazar proyecciones de origen-destino como si el comportamiento de la violencia y la criminalidad fueran lineales en el tiempo. Es preocupante que cualquier político uruguayo, demócrata y republicano, en el oficialismo o en la oposición, atisbe a rasgar la superficie de un modelo de seguridad, una mercancía, emergente en un autoritarismo de aspecto mesiánico. Al autoritarismo no se lo analiza, se lo rechaza.

Buena parte de lo dicho hasta aquí encuentra su sentido en un contexto más amplio. El modelo Bukele debe ser leído como un laboratorio en la “nueva” agenda de seguridad hemisférica que viene impulsando Donald Trump desde su primer gobierno: el narcoterrorismo. El modelo Bukele es una versión del narcoterrorismo para la seguridad interna. El “narcoterrorismo” es el sello que habilita la desmesura de la violencia, la licencia para matar y encarcelar que Bukele aplica en El Salvador y que Estados Unidos ejecuta, por el momento, en el hemisferio americano, particularmente en Venezuela.

En estos días, al tiempo que “amenaza a América Latina” con “bombardear objetivos en cualquier parte del continente americano”, Trump indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por tres cargos de tráfico de drogas y armas en Estados Unidos. Mientras el ejército estadounidense mató a más de 80 personas en el mar Caribe y el océano Pacífico y genera acciones para la caída del régimen de Nicolás Maduro, fomenta la internacionalización del modelo Bukele.

Si hay que aprender algo no es del modelo de seguridad de Bukele, sino de las condiciones de posibilidad que lo habilitaron. El acento no debería ponerse en la publicidad (el éxito del modelo) y en las falsas afirmaciones deterministas (caída de los homicidios, modelo nuevo, eliminación de las pandillas), sino en las condiciones que posibilitan la aparición del autoritarismo.

En esta dirección, los líderes y gestores de las políticas públicas en seguridad de los regímenes democráticos tienen buena parte de la responsabilidad. Cuando fracasa la efectividad y la eficiencia de las medidas de seguridad, así como la comunicación efectista, la audiencia reclama soluciones: ¡que algo sirva!, ¡que alguien sirva! También tienen responsabilidad quienes deciden la designación de aquellos que lideran y gestionan las políticas públicas en seguridad que, por años, y lo siguen estando, han sido ocupados por personas incompetentes y sin conocimiento que, en el mejor de los casos, estaban comprometidas con la tarea.

La corrupción que se oculta, la falta de transparencia y la agresión entre los líderes y gestores de las políticas públicas en seguridad de los regímenes democráticos, de cualquier partido, en el gobierno y en la oposición, también contribuyen a germinar las semillas de los mesianismos en seguridad para lograr la ansiada pacificación. Por ello, la responsabilidad es de los demócratas y republicanos. No hay que mirar para el costado.

El “modelo Bukele” para la seguridad puede ser un caso de debate académico o un objeto de estudio científico, pero no es un ejemplo en seguridad ni un ejemplo para el análisis político en un régimen democrático. Los estados de excepción no se toleran, se rechazan.

Gabriel Tenenbaum es profesor adjunto del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.