Esta semana, la interpelación a la ministra de Defensa Nacional en el Senado tuvo efectos contraproducentes para quienes la impulsaron. En lo referido al contrato con la empresa española Cardama para construir patrullas oceánicas, se sumaron datos que cuestionan lo hecho por el Poder Ejecutivo anterior. En términos más generales, quedó a la vista que la oposición carece de una orientación común para relacionarse con el oficialismo. Ambos aspectos pueden tener repercusiones futuras importantes.

A fines de octubre, el presidente, Yamandú Orsi, dijo que había “fuertes indicios” de “una estafa o un fraude”. Siete semanas después, todo indica que se quedó corto, y no se trata sólo de la empresa garante fantasmal o de la falsificación de documentos.

Hay evidencia de problemas graves en la construcción de los buques y de decisiones políticas muy difíciles de defender por parte de las autoridades anteriores, relacionadas con la selección del astillero, con las condiciones que se pactaron y con una insólita tolerancia ante los incumplimientos de Cardama. Todo esto compromete la posición de varias personas con responsabilidades en el proceso, incluyendo al exministro y hoy senador Javier García, un interpelante interpelado.

Por otra parte, los planteamientos de García en el llamado a sala tuvieron un tono tremendista tan exagerado que los volvió inverosímiles. En vez de intentar la difícil justificación de lo que hizo el gobierno anterior, o de proponer alguna forma distinta de afrontar el fraude, el senador nacionalista se internó en una selva de teorías conspirativas y repartió acusaciones alegando, con liviandad, que carecía de pruebas pero también de dudas.

En el relato del exministro, el Frente Amplio (FA) tiene un “plan maquiavélico” para “eliminar a las Fuerzas Armadas” y esa es la causa de que se oponga al negocio con Cardama, aunque también dijo que los frenteamplistas sí querían que se le compraran patrullas oceánicas a China. García sostuvo además que las dificultades del astillero español para obtener garantías se debieron a presiones y maniobras del FA, sin explicar cómo habría logrado que el Banco de Seguros del Estado se rehusara dos veces a dar su aval.

Esta forma de hacer política corresponde a las convicciones de quienes consideran necesario presentar cada debate con el FA como una batalla crucial contra enemigos monstruosos, con quienes no se debe ni se puede acordar, y predican que las elecciones del año pasado se perdieron por falta de combatividad. Es una orientación presente y muy activa en los partidos opositores, pero no es la única.

Esta misma semana, el presupuesto quinquenal fue aprobado con amplio apoyo de la oposición en la Cámara de Representantes, donde el FA es minoría, y el senador colorado Pedro Bordaberry arremetió ayer contra la tesis de que “el adversario político es alguien a destruir, a descalificar, a reducir a caricatura” y quienes no se suman a ese “estilo de confrontación permanente” son “tibios o acomodados”. La ciudadanía juzgará cuál es el talante más conveniente para los intereses del país.