La crisis de insolvencia de la empresa Conexión Ganadera puede haberles parecido a muchas personas algo poco vinculado con sus vidas, aunque sean muy grandes las pérdidas y la cantidad de damnificados (más aún si se cuentan las crisis previas y similares de Grupo Larrarte y República Ganadera, en el mismo sector de actividad). Gran parte de la población uruguaya sabe poco de vacas y terneros, y menos todavía sobre el tipo de negocio al que se dedicaban estas firmas, ofreciendo a sus clientes una rentabilidad tentadora a cambio de la inversión en animales de los que no tenían que ocuparse. Sin embargo, algunas reacciones políticas nos muestran un problema de fondo importante que involucra a toda la sociedad.

Hay quienes plantean que el Estado debería haber supervisado y regulado la actividad de estas empresas, que prometían rendimientos inviables y terminaron en quiebras típicas de las “estafas piramidales”. Más allá de que este argumento sea aprovechado por personas que pretenden hoy un salvataje estatal, del otro lado asoma una concepción peligrosa.

“No por negocios entre privados que resultan mal tiene que haber una sobrerregulación en el sector ganadero”, dijo el senador nacionalista Sebastián da Silva. “Nosotros somos liberales, confiamos en la capacidad de la gente. Si la gente decidió hacer esas inversiones, ¿quiénes somos nosotros para impedírselo? ¿Quién es el gobierno?, abundó su par y correligionaria Graciela Bianchi, burlándose de quienes quieren apelar a “papá Estado para todo”.

Es la misma ideología que cuestionó la inclusión financiera, alegando que el Estado no debía entrometerse en las transacciones de dinero entre privados. La que redujo exigencias para la prevención del lavado de activos y abogó por la “flexibilización” de los convenios colectivos. Cabe señalar, de paso, que Pablo Carrasco, responsable de Conexión Ganadera, ha sostenido que “sin regulación salarial habría pleno empleo”.

En la campaña electoral del año pasado, desde el oficialismo saliente se apuntó a una reducción de “regulaciones innecesarias” que incluía, por ejemplo, la aprobación del acceso a beneficios fiscales sin evaluación previa de los proyectos. La idea fue recogida en el documento “Gobernar entre todos”, acordado por los partidos que apoyaron a Álvaro Delgado en el balotaje.

Aquel documento incluyó el compromiso de “adoptar el criterio de la ‘confianza responsable’, que implica aceptar que la declaración del interesado, su gestor o representante, es información válida para acceder a un servicio público” y no debe probarse al iniciar un trámite. Sólo faltó una iniciativa para eliminar el escaso escaneo de contenedores en el puerto de Montevideo, con “confianza responsable” en lo declarado por cada exportador.

Esta prédica se aplica, como sabemos, con una considerable dosis de discriminación: la Policía debe pedirles documentos a las personas con “apariencia sospechosa”; los responsables de Conexión Ganadera eran considerados “gente de bien”, digna de confianza. Eso les permitió lucrar durante años y dejar un tendal de víctimas.