El Partido Nacional (PN) arremete contra la detención de Guillermo Besozzi, exintendente de Soriano en campaña para ser reelecto, ahora en régimen de prisión domiciliaria mientras avanza la investigación de siete delitos reiterados por los que se lo acusa, todos ellos de corrupción. Numerosos dirigentes y el propio directorio de esa fuerza política no se limitaron a expresar confianza en la inocencia de Besozzi y solidaridad con él, sino que insinuaron o afirmaron, quizá temiendo otras investigaciones futuras, que las decisiones judiciales estuvieron influidas por la intención de favorecer los intereses del Frente Amplio. Esto exige una reflexión colectiva muy relevante.

En primer lugar, el asunto no es –en este caso como en otros anteriores, con acusados de muy distintas orientaciones políticas– si Besozzi se metió en el bolsillo dinero ajeno, y él no está imputado por “hacer gauchadas” movido por su sensibilidad social. En Soriano funcionaba una vasta organización delictiva que lucraba con recursos públicos, y la investigación de Fiscalía indica que el exintendente tenía por lo menos conocimiento de delitos graves.

En segundo lugar, estamos ante un problema generalizado y urge adoptar medidas preventivas, pero no se trata de las intendencias en general ni de “diferencias culturales” en el interior. Hay, sí, prácticas históricas todavía refractarias a la modernización democrática, que sobreviven más fácilmente en las sociedades locales de menor escala, pero esto no exime de responsabilidades a quienes abusan de su poder en cualquier parte del país.

Es útil recordar un proceso elogiado por todo el sistema partidario. Antes de 1995, el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo decidía apoyar proyectos a medida que sus autoridades recibían propuestas, y a veces se quedaba sin recursos antes de que se presentaran iniciativas muy valiosas. Luego pasó a realizar llamados para acceder a fondos concursables, a partir de la decisión de jurados independientes y con bases explícitas.

Este procedimiento aumenta sin duda las garantías de equidad, racionalidad y transparencia, aunque se lleve a cabo en un área donde las opciones siempre están influidas por una considerable subjetividad. Con más razón, las políticas sociales modernas no dependen de impulsos bondadosos (y tampoco, por supuesto, de intenciones clientelistas), sino que se apoyan en herramientas técnicas para identificar necesidades, priorizar el uso de los recursos y evitar las injusticias de la discrecionalidad.

Quienes defienden las viejas prácticas alegan que estas garantías son trabas burocráticas y centralistas, que impiden la respuesta oportuna ante necesidades populares. El mismo argumento fue usado cuando el PN se opuso al proyecto que exigía concursos o sorteos para el ingreso laboral o el ascenso de personal en gobiernos departamentales, impulsado antes de morir por el diputado colorado Adrián Peña.

La cuestión de fondo tiene que ver con la igualdad de derechos y oportunidades, y con la tan reclamada prevención y represión de los delitos, caiga quien caiga.