El Instituto Nacional de Colonización (INC) es motivo de duras controversias ideológicas desde que fue creado hace tres cuartos de siglo, con el cometido de “promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”.

El debate se reactivó esta semana por causas circunstanciales: la compra de un predio en Florida por parte del INC y el anuncio de esa compra en el marco de los honores fúnebres a José Mujica. Luego, claramente como parte de la arremetida contra la decisión, hubo cuestionamientos al presidente del INC, Eduardo Viera, por mantener su calidad de colono. La Constitución establece que quienes integran directorios de entes autónomos no pueden “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”.

Lo que más importa es el fondo del asunto, y hay pocas cuestiones tan básicas como las vinculadas a la tierra, su propiedad y su gestión.

La Constitución dice también, en su primer artículo, que “la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio”. Y agrega en el artículo 3 que “jamás será el patrimonio de personas ni de familia alguna”. La tierra es un bien social, indispensable para la propia existencia del país y también, entre muchas otras cosas esenciales, para su soberanía alimentaria y su soberanía en general.

En 1815, José Artigas dispuso una distribución de tierras que premiara el trabajo y la honradez, privilegiando a quienes eran más infelices y a la población americana sobre la extranjera. Cuesta llamarle “progreso” al trayecto desde aquellos criterios hasta el actual agronegocio transnacionalizado, muy a menudo depredador del ambiente en aras del lucro inmediato.

Las tierras otorgadas por el INC son apenas 3% de las dedicadas a la producción agropecuaria. Esta pequeña proporción es suficiente para irritar muchísimo a quienes sostienen que el territorio de la patria le corresponde, en propiedad heredable, a la minoría que puede comprarlo.

A su vez, las 379 colonias actuales ocupan casi la quinta parte del área de la producción familiar. Esto subraya la importancia del INC para fomentar una modalidad de trabajo que no debería ser apenas testimonial y que hoy, por los avances tecnológicos en la actividad y en las comunicaciones, es cada vez menos un destino de agotamiento físico y aislamiento social.

Un millar de familias están en la lista de espera del INC, y entre las modalidades de producción a estimular está la cooperativa. Del otro lado hay concentración de la propiedad de la tierra y expulsión hacia las ciudades. Hay que tomar partido.

En los ataques feroces a la compra de tierras por parte del INC hay, además, hipocresía. El bando enemigo del organismo incluye y cobija a dirigentes políticos que, por vías indebidas, accedieron a una considerable cantidad de hectáreas para convertirse en falsos colonos ausentes. Varios casos han sido notorios en los últimos años.