La discusión del salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) ocupó gran parte de la agenda informativa de la semana y va a seguir. El proyecto aprobado en la Cámara de Representantes no tiene apoyo mayoritario en el Senado, y aún no está claro cómo se va a financiar el pago de las pasividades de la institución desde agosto. La situación es preocupante por sí misma y además pone a prueba, por primera vez, la capacidad del sistema partidario para manejar dificultades de gobernabilidad que persistirán hasta 2030. Por ahora, su desempeño no entusiasma.

La propuesta presentada por el oficialismo frenteamplista repartía la carga del auxilio a la CJPPU entre los afiliados a esta, la población que paga timbres profesionales y la asistencia directa del Estado (que implica, en definitiva, una contribución de la sociedad en su conjunto). Este criterio es el mismo que había empleado, en 2023, el anterior Poder Ejecutivo, cuya iniciativa fue rechazada debido a la oposición del Frente Amplio (FA), y sobre todo a la de Cabildo Abierto, que privó a aquella coalición de gobierno de su mayoría parlamentaria habitual.

Es cierto que el nuevo proyecto mejoraba en algunos aspectos el de 2023, pero también lo es que se le pueden plantear varias de las objeciones formuladas por el FA en aquel momento, y de hecho se le plantearon, pero esta vez desde los partidos Nacional y Colorado. Los roles se intercambiaron, y finalmente los actuales opositores aprobaron, gracias a la ausencia deliberada de Gustavo y Nicolle Salle, un articulado que elimina el aporte de las personas afiliadas a la CJPPU.

Esto resulta chocante porque en el período de gobierno anterior la mayoría del oficialismo, con el Partido Nacional a la cabeza, habló mucho sobre la necesidad de reducir los egresos del Estado, pese al aumento de la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, es un mensaje político perturbador.

El año pasado, en las elecciones internas de los dos mayores partidos, la primera vuelta de las nacionales y el balotaje, ganaron los candidatos que menos apostaron a polarizar. Esto indica una preferencia ciudadana que no es tenida en cuenta cuando se reincide en arengas y prácticas insensatas, aun a costa de comprometer recursos públicos muy necesarios para otros fines. Se vota un proyecto que obligaría al gobierno a aumentar sus desembolsos, pero al mismo tiempo se le exige que no incremente la carga tributaria.

Está por verse qué ocurrirá cuando el oficialismo y la oposición vuelvan a negociar en el Senado. Pronto sabremos si lo que sucedió en Diputados fue sólo un simulacro bélico innecesario, antes de buscar una solución acordada con los menores costos posibles para el país.

La otra posibilidad es que se consolide una forma mezquina de hacer política, que no solucionaría los problemas de fondo en la CJPPU y agravaría las perspectivas para todo el actual período de gobierno. Hay quienes abogan por la guerra permanente entre dos bloques y acusan de traición a quienes no entran en ese juego peligroso. La gente votó y merece algo mejor.