Democracia y posesclavismo

Hablar de esclavitud en el siglo XXI obliga a confrontar la creencia de que la democracia formal garantiza, per se, la libertad real. Esta ilusión se apoya en una concepción reducida de la democracia, entendida exclusivamente como un conjunto de procedimientos institucionales –elecciones, división de poderes, legalidad– que, aunque necesarios, resultan insuficientes para asegurar la autonomía real de los pueblos.

La democracia sólo se realiza de manera integral; ya lo decía don Emilio Frugoni cuando articulaba dimensiones inseparables: una dimensión política, la garantía de las libertades públicas y la participación real en el poder; una económica, asegurar condiciones materiales dignas y limitar la concentración de la riqueza; y una social, orientada a la igualdad, la justicia social y el acceso universal a los derechos fundamentales. Si una de estas características es anulada o subordinada, la democracia se vacía de contenido y se transforma en funcional a la reproducción de jerarquías y privilegios. Por tanto, si la democracia se limita a la formalidad, puede convivir sin contradicción con formas de exclusión y sometimiento.

Como señaló Hannah Arendt, la dominación moderna no necesita ejercerse mediante una violencia visible. Le basta con vaciar de sentido la acción política, reducir la participación ciudadana a rituales periódicos y administrar las sociedades como masas manejables, fragmentadas y debilitadas en su capacidad de pensar, decidir y actuar. En este marco, la libertad política se vuelve puramente nominal, mientras que las condiciones materiales permanecen fuera del alcance de los procesos de decisión democrática.

América Latina ofrece un ejemplo paradigmático de esta transformación histórica: la esclavitud no desapareció con el paso del tiempo, sino que se sofisticó, se volvió menos visible y, por eso mismo, más difícil de nombrar como lo que es. La persistencia de profundas desigualdades económicas y sociales ha operado como un límite estructural a cualquier proyecto democrático real, restringiendo la verdadera ciudadanía y participación sólo a ciertas minorías.

Esta forma de dominación, sin embargo, no es completamente nueva. A lo largo de la historia, el sometimiento no siempre implicó ocupación permanente ni control directo de los territorios conquistados. Guerreros como los vikingos y los mongoles, así como la piratería –impulsada en gran medida por Inglaterra– actuaban mediante incursiones periódicas a poblaciones a las que saqueaban, mataban, secuestraban, y luego se retiraban, para después regresar y repetir el mismo patrón. No buscaban gobernar, sino disciplinar y extraer recursos a través del desgaste continuo y el terror. Esa lógica de violencia intermitente constituye un antecedente histórico de formas de dominación que reaparecen una y otra vez, adaptadas a cada época.

Con la expansión europea, esta práctica se institucionalizó y tomó un carácter estructural mediante una matriz colonial que organizó el poder, la economía y la estratificación social en América Latina. En ese contexto, la esclavitud explícita, el despojo territorial y la subordinación económica fueron legitimados como parte de un orden presentado como natural y “civilizatorio”.

La esclavitud de personas africanas ocupó un lugar central en este proceso: millones fueron capturadas, deshumanizadas y trasladadas por la fuerza como mercancía, constituyendo la base material del sistema colonial y de la acumulación originaria de la riqueza. Esta esclavitud racial no fue un exceso histórico, sino un pilar del modelo de dominación que, en esencia, persiste hoy.

Tras las independencias formales del siglo XIX, esta matriz no fue desmantelada. Por el contrario, se reconfiguró bajo la conducción de élites locales que concentraron la tierra, la economía y el poder político, excluyendo a las mayorías de una participación efectiva.

Aquella proclamada libertad convivió desde sus inicios con formas de servidumbre y dependencia que bloquearon el desarrollo de una democracia integral: sin justicia social ni igualdad material, la ciudadanía quedó severamente restringida.

Más adelante, en el siglo XX, las intervenciones directas de Estados Unidos en la región no fueron hechos aislados, sino mecanismos sistemáticos de control destinados a imponer límites estrictos a la soberanía de los estados. Allí donde se intentó construir un rumbo autónomo, se impuso un orden externo funcional a intereses geopolíticos y económicos.

Cuando la ocupación directa se volvió costosa o políticamente inconveniente, la dominación adoptó otras formas: golpes de Estado cívico-militares, dictaduras y regímenes autoritarios sostenidos por complicidades internas, como ocurrió en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y muchos otros países. La violencia se institucionalizó para destruir no sólo cuerpos, sino también proyectos colectivos y horizontes emancipatorios, con el fin de anular toda posibilidad de una democracia con contenido social y económico.

Con el retorno de la democracia, muchos creyeron que la subordinación había terminado. Pero la esclavitud no desapareció: se refinó. La deuda externa se consolidó como una herramienta central de sometimiento, atrapando a estados mediante obligaciones que condicionaron sus políticas públicas. Las privatizaciones de empresas públicas estratégicas, acompañadas por campañas de deslegitimación del Estado, consolidaron la pérdida de soberanía. Al mismo tiempo, la política fue desplazada por la administración tecnocrática.

Esta lógica no se limita a América Latina. Las intervenciones, por ejemplo, en Libia, Irak o Siria, basadas en bombardeos, sanciones económicas y desestabilización política, trajeron una dominación que no buscó gobernar, sino debilitar estructuralmente a los países. De manera similar, las acciones contra Venezuela, mediante sanciones, bloqueo financiero, presión diplomática, expresaron una lógica de sometimiento que no requiere ocupación permanente.

En su forma más extrema y reciente, esta dinámica se manifiesta en el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un acto que expone crudamente una dinámica de coerción directa en la que una potencia se asume árbitro y amo del orden mundial. Se constituye una relación amo/esclavo entre Estados, relaciones de poder que se entienden como formas de posesclavitud entre países.

Debemos sumar también las dimensiones cultural, comunicacional y tecnológica. La política se transforma en espectáculo, el debate se empobrece y el liderazgo se simplifica hasta volverse caricaturesco. Discursos que parecen antisistémicos terminan reforzando nuevas élites económicas y mediáticas, canalizando el malestar social sin cuestionamientos y con contradicciones.

El avance de las tecnologías digitales añade un nuevo nivel de control: la concentración de información, su sutil tergiversación (y no tanto) y la manipulación de emociones colectivas transforman demandas de justicia en demandas de orden, legitimando la renuncia a derechos en nombre de la seguridad, como en El Salvador.

Por todo ello, ninguna sociedad está a salvo de estas formas de dominación. No existe neutralidad posible: administrar este orden es contribuir a su legitimación. Nombrar la esclavitud sin cadenas no es un gesto retórico, sino una necesidad ética; denunciarla y combatirla, una responsabilidad política. Sin justicia, sin igualdad y sin participación, la democracia se transforma crudamente en una técnica de administración del sometimiento.

La alternativa es clara y no admite eufemismos: o se avanza hacia una democracia sustantiva, con justicia social y soberanía real, o el posesclavismo se consolida como normalidad aceptada bajo el ropaje engañoso de la normalidad, o sea, volviéndose invisible para quien no quiere verla y, lo peor, volviéndose persistente. En este escenario, la indiferencia no es una opción, y la neutralidad es una forma más de complicidad.

Pablo Tailanian es integrante de la dirección del Movimiento Socialista Emilio Frugoni.