El presidente Yamandú Orsi volvió a encabezar una conferencia de prensa para referirse al caso Cardama. Cuando lo hizo en octubre se señaló que, más allá de la gravedad del hecho denunciado, el involucramiento del primer mandatario intensificaba las connotaciones políticas del descubrimiento de irregularidades en la firma, por parte de la administración que lo antecedió, de un contrato con un astillero español.

En estos meses surgieron múltiples elementos que refuerzan la idea de que trabajar con Cardama fue un muy mal negocio para Uruguay. También hubo dirigentes del Partido Nacional que buscaron presentar la denuncia del gobierno como un ataque al conjunto de lo realizado por la Coalición Republicana entre 2020 y 2025. Con ese propósito, en lugar de admitir la envergadura de los problemas que presentan los papeles y los trabajos de la empresa española, se abocaron a defender su idoneidad.

Ayer, Orsi fue el centro de la conferencia de prensa en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama, así como el inicio de trámites judiciales para recuperar el dinero enviado a la empresa española y para dilucidar responsabilidades por su elección. Al mismo tiempo, se aseguró que se dotará a la Armada de patrulleras oceánicas como las que motivaron el acercamiento al astillero gallego.

Tanto en su presentación del encuentro como cuando señaló que será el Estado, y no el gobierno, el impulsor de esas acciones, el presidente pareció orientado a suavizar el tono de confrontación partidaria, pero, de todos modos, no cabía aguardar aplausos desde la oposición.

Quizás sí cabía esperar una inflexión argumental. Primero, porque al reiterar su defensa de una empresa que engañó e incumplió, y, sobre todo, al sugerir a esa empresa extranjera que contraataque judicialmente, los dirigentes del Partido Nacional involucrados en este asunto corren el riesgo de parecer alineados en contra de los intereses nacionales.

Y, segundo, porque al aferrarse al discurso de que impugnar el contrato con Cardama equivale a destruir la totalidad de su gestión de gobierno incurren en una exageración que contribuye a la partidización del caso. El peligro de insistir con esa desproporción es que alimenta la idea de que, efectivamente, hay responsabilidades personales por encima de las previsibles de los mandos medios.