El debate político acerca de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama hizo temer esta semana una situación inusitada de doble investigación parlamentaria simultánea, que podía tener consecuencias muy indeseables. Ayer, el sistema partidario desanduvo el camino de confrontación, al acordar que la Asamblea General designe una sola comisión investigadora. El peligro se alejó, pero corresponde registrarlo y prevenirlo.

Los hechos han demostrado la escasa confiabilidad de Cardama, tanto para construir las patrulleras oceánicas que Uruguay precisa como en lo referido a su conducta empresarial, enturbiada por una sucesión de incumplimientos y prácticas fraudulentas. Una renegociación no garantizaba que empezara a proceder de otra forma, y aunque la decisión de rescindir implica riesgos, la de cerrar los ojos y seguir adelante conllevaba muchos más.

Hay daños que ya están hechos, por los desembolsos realizados y por el tiempo perdido. Urge reducir esos daños cuanto sea posible, y no es menos obvia la necesidad de determinar cómo y por qué llegamos a esto. Es malo ser engañado, pero es peor si esto se debe a la ausencia de precauciones y controles básicos, y aún peor si en vez de negligencia hay complicidad. Importa mucho, para la salud de las instituciones, que no queden flotando dudas sobre cuál fue el caso.

Para despejar las dudas están los procedimientos de investigación administrativa y judicial ya iniciados. Resulta inevitable que incluyan, por lo menos, interrogatorios a dirigentes partidarios del anterior gobierno. A esto se sumaron propuestas de formar comisiones investigadoras parlamentarias, planteadas por el oficialismo en el Senado y por la oposición en la Cámara de Representantes. En el primer caso, sobre la contratación; en el segundo, sobre la rescisión.

Tales comisiones son, históricamente, una de las herramientas para el contralor del Poder Ejecutivo desde el Legislativo durante un período de gobierno. En Uruguay, donde su creación exige denunciar con fundamentos una irregularidad o un delito, hemos visto usos y abusos de la herramienta para cuestionamientos retroactivos tras un cambio de gobierno, en el contexto de polarización que caracteriza a las últimas décadas. De todos modos, las investigadoras no pueden sustituir a los procesos judiciales sobre los mismos hechos, y por lo general conviven con esos procesos sin aportarles nada sustancial, comunicándole finalmente a la Fiscalía General de la Nación lo que en ese organismo ya se sabía o se podía averiguar con facilidad.

En el caso de la investigadora propuesta por la oposición, además, no se comprendía qué presunto apartamiento de las normas se le imputaba a la decisión política de rescindir el contrato. Pero lo central era que la duplicación de procedimientos en el Senado y Diputados solo podía amplificar la disputa de relatos, aumentando la presión para que el sistema judicial avalara la interpretación de los mismos hechos desde una u otra posición política. Era muy improbable que esto contribuyera a un fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.