Si los datos generan valor, ¿por qué no tributan?

En Uruguay se discute hoy un “impuesto a los ricos” con el objetivo declarado de reducir la pobreza infantil y adolescente, especialmente en los menores de seis años. El propósito es legítimo y difícilmente encuentre oposición en un país donde existe amplio consenso sobre la necesidad de mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Sin embargo, el debate se concentra casi exclusivamente en los mecanismos tributarios tradicionales y deja fuera una dimensión central de la economía contemporánea: el valor que se genera digitalmente dentro del país y que hoy no tributa en proporción a su magnitud.

A esta limitación conceptual se suma otra, igual de relevante. Cualquier medida tributaria destinada a combatir la pobreza infantil requiere un diseño operativo claro, proyecciones de recaudación realistas y criterios transparentes de evaluación. Sin esos elementos, el riesgo es que la propuesta quede en el terreno de las buenas intenciones y no se convierta en una política efectiva.

Según estimaciones del PIT-CNT, el gravamen al patrimonio del segmento más acaudalado podría recaudar entre 700 y 800 millones de dólares anuales. Es una cifra significativa, pero depende de supuestos técnicos que hacen aún más indispensable contar con una arquitectura de implementación sólida y verificable. ¿Cómo se ejecutaría una política de este tipo? ¿Qué organismos la administrarían? ¿De qué forma se garantizaría que los recursos lleguen efectivamente a los hogares con niños? ¿Qué volumen de financiamiento se necesita y cómo se mediría su impacto? Son preguntas cívicas básicas que todavía no tienen respuesta pública.

En un país con tradición de democracia directa, no sería extraño que una propuesta de esta naturaleza trascienda el debate parlamentario. Por eso mismo resulta imprescindible discutir no solo la intención, sino la ingeniería que vuelve operativa la política. Ese vacío no es menor: es el punto en el que otras democracias optaron por replantear su estructura fiscal. En todos los casos, la clave fue unir la recaudación a objetivos sociales concretos y adaptar el sistema a la forma en que hoy se genera valor.

Un ejemplo claro es España, que desde 2021 aplica un impuesto sobre servicios digitales –la llamada “tasa Google”– que grava ingresos derivados de publicidad online, intermediación o explotación de datos cuando los servicios se destinan a usuarios situados en territorio español. Esa experiencia demuestra que no es necesario esperar acuerdos globales: alcanza con identificar dónde se produce el valor y exigir una contribución acorde.

Uruguay ha comenzado a gravar ciertos servicios digitales –mediante IVA y el impuesto a la renta de los no residentes (IRNR)–, pero aún no dio el paso decisivo. No existe un marco normativo capaz de captar de manera estructural la generación de valor digital local, en particular la de plataformas globales que monetizan usuarios uruguayos sin presencia física en el país. Esta ausencia genera una distorsión evidente: las empresas nacionales tributan, emplean trabajadores y rinden cuentas, mientras que plataformas extranjeras desarrollan actividad económica en Uruguay sin una contribución equivalente.

Europa avanzó en la tributación digital y la convirtió en una política estructural. Uruguay inició ese camino, pero lo dejó inconcluso. La actividad digital crece y el sistema fiscal todavía carece de una herramienta capaz de integrarla plenamente. No se trata de reabrir viejas discusiones ideológicas que ya no explican el funcionamiento de la economía actual, sino de observar con claridad dónde se está generando el valor y cómo un país pequeño puede actualizar su enfoque tributario para responder a los desafíos del presente. Retomar esa agenda permitiría construir un sistema más coherente con los tiempos actuales y con la forma concreta en que hoy circula el valor económico.

La discusión sobre justicia tributaria requiere ir más allá de la capacidad contributiva individual. El punto de fondo es otro: si los datos, la atención y la actividad digital de los uruguayos se transforman en ingresos comerciales para plataformas globales, ¿por qué ese valor queda fuera del sistema impositivo?

Actualizar la arquitectura tributaria es, en definitiva, recuperar capacidad de gobierno sobre una economía que opera en capas invisibles para el derecho fiscal. Uruguay no necesita copiar modelos, pero sí puede aprender de quienes afrontaron antes estos desafíos. La economía digital dejó de ser un borde del sistema: es uno de sus centros. Integrarla no significa castigar, sino reconocer la estructura real del valor. Si decide avanzar en esa dirección, el país tiene la oportunidad de liderar un debate que América Latina aún no se anima a dar.

Leticia Borrazás es directora de Contenido Estratégico de Clickplan, empresa mexicana que impulsa la transformación digital de las empresas.