El lunes, una idea planteada en la diaria Radio por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, abrió una discusión pública inusual sobre cuestiones de fondo, y antes de que hubiera un articulado a la vista, se expresaron, en varios casos con vehemencia, posiciones muy diversas sobre las que conviene reflexionar.

Sánchez dijo que la estrategia de desarrollo impulsada por el Poder Ejecutivo requiere, en su opinión, el apoyo de muchas personas que “tienen ahorros y no saben dónde invertirlos”. En este sentido, se manifestó a favor de “abrir paquetes de acciones” de “las empresas públicas”. Así, sostuvo, sería posible que “los usuarios de Antel podamos tener acciones de Antel” y contribuyamos, por ejemplo, a que ese servicio descentralizado desarrolle nuevos proyectos o expanda sus operaciones.

Hubo rechazos de sindicalistas a lo que consideraron un peligroso intento privatizador, y entusiasmos de quienes defienden el desarrollo del mercado de valores uruguayo. Hubo economistas que saludaron la perspectiva de un debate conceptual, y dirigentes de la izquierda política y social que cuestionaron la forma de introducirlo. Hubo figuras de la oposición que aplaudieron la propuesta, alegando que se alineaba con sus propios planteos previos de privatización, y figuras del oficialismo que la recibieron con frialdad, señalando que no está en el programa del Frente Amplio. Hubo invocaciones al referéndum de 1992 y a dichos de José Mujica en 2006.

Días después, el secretario de Presidencia afirmó que su iniciativa no prevé la participación de accionistas privados en los entes autónomos o servicios descentralizados propiamente dichos, sino solamente en proyectos específicos de esos organismos estatales, que se desarrollarían en el marco del derecho privado. Con ese alcance acotado, la mayor parte de las controversias que habían asomado dejan de relacionarse con lo que Sánchez sugiere, pero de todos modos sería muy útil que se profundizaran.

No se trata solo de que “el dominio industrial y comercial del Estado” (así lo llama la Constitución) atraiga la gran masa de dinero que se coloca en el extranjero, se destina a usos poco productivos o termina captada por estafadores.

Los entes y servicios estatales no son empresas como las del sector privado, aunque en varios casos deban competir con poderosas transnacionales y necesiten potencia financiera y de gestión. Desarrollan políticas públicas que incluyen fines sociales y aplican criterios redistributivos.

Su descentralización se debe a la intención declarada de que trabajen por el bien común, con mucho peso de las personas más capaces y de criterios técnicos, a distancia de los intereses partidarios. Lamentablemente, muchas veces sucede todo lo contrario. A su vez, en los organismos hay, por lo general, una fuerte cultura interna que reivindica el saber de su personal, combinada en los sindicatos con un ideal de sociedad sin patrones. El problema a evitar es que, en el marco de esas tensiones, la mayoría de la población quede sin voz ni voto, como suele ocurrir.