Camila Méndez

Asamblea Hue Mirī denuncia proyectos que intervinieron el territorio “sin haber realizado ningún tipo de consulta previa a la población local”; entre los daños está la “destrucción de bosque nativo”, “uso de agrotóxicos”, “plantaciones a escasos metros del arroyo Parao, viviendas y una escuela rural”

Encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana detectó que a 84% de la población le gustaría que la factura de OSE incluyera información sobre la calidad de agua que recibe, por ejemplo, datos vinculados a la presencia de agroquímicos, coliformes y trihalometanos

Red Unión de la Costa afirma que quien suplantará a Leonardo Herou en la subsecretaría del Ministerio de Ambiente integra una de las consultoras “que tiene más solicitudes de autorizaciones ambientales” ante la cartera, hecho que “podría influir en su función pública".

Julio de los Santos está a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúe su caso y, si da el visto bueno, pase a tratarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; tiene muchos gastos y pide ayuda para poder construir una vivienda para su familia

Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales insta a que el país “refuerce su rol regulador” para asegurar que empresas cumplan sus “obligaciones”, en referencia a derrames de UPM, la contaminación en la cuenca de la laguna Merín y más

Planteo se suma a voces de la sociedad civil y autoridades sobre la localización de la planta; informe del Ministerio de Ambiente se opone a tala de 110 hectáreas de bosque nativo en el sitio y subraya que la zona es “un área de alto valor para la conservación de la biodiversidad”.

Un trabajo brinda herramientas de gestión territorial para salvaguardar el agua subterránea, que cumple un rol fundamental en el abastecimiento para consumo humano; investigadoras remarcan la necesidad de generar información sistematizada del bien común a nivel nacional y que sea priorizada a nivel normativo

Un relevamiento de cuerpos de agua superficiales elaborado a partir de datos de agua bruta tomados por OSE evidencia que la presencia de cianobacterias está “generalizada” y que es necesario adoptar medidas, a la vez que desnuda que plantas potabilizadoras han dejado de estar operativas por la problemática

Académicas y organizaciones proponen una nueva factura de OSE y señalan que la revisión del decreto 253/79 por parte del Ministerio de Ambiente podría ser propicia para modificar la Norma Interna de Calidad de Agua Potable del ente

En su primera entrevista con la diaria tras asumir como ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño desarrolla la impronta que tendrá su gestión y hace adelantos importantes sobre áreas protegidas, revisión de normativas y autorizaciones ambientales a emprendimientos

Activista señaló que representante del MGAP se opuso a que el herbicida ingrese al Anexo III del Convenio de Róterdam, pese a que “no fue esa la posición que traía Uruguay” y considera que el foco de la discusión debe estar en que se continúa utilizando “una sustancia que es muy tóxica”

Describen que está en riesgo el “pacto democrático que consagra el agua como un bien común” y que en asuntos ambientales “el acceso a la Justicia no es sólo un derecho: es una condición de la democracia”; Juan Ceretta, abogado que impulsa la herramienta, señala la oportunidad de dar un mensaje importante

Técnicos señalan que privados aún no entregaron “documento central del contrato”, enfatizan que “existirá un condicionamiento por parte de un privado en las definiciones a tomar por OSE en materia de potabilización” y que el compromiso firmado “no está alineado con obtener la mejor calidad de agua”.

La cartera convocó a instituciones y organizaciones, señaló que la normativa tiene una “visión centrada en los usos del agua y no en la protección del ecosistema”, y admite que los estándares de calidad del agua no contemplan varios aspectos como la contaminación por plaguicidas

La organización que vela por los derechos humanos manifiesta en su informe anual que es crucial “abordar seriamente los problemas de calidad y acceso al agua” y afirma que continuará monitoreando la situación del proyecto Neptuno-Arazatí

Un proyecto de maestros comunitarios, niñas y niños de Casavalle que buscó solucionar los malos olores de pozos sépticos se transformó en una cooperativa de trabajo que funciona bajo pilares como la educación, la comunidad, la ciencia y la prestación de servicios de tratamiento de aguas y producción

Edgardo Ortuño participó de una actividad en el departamento y dijo que su cartera va a garantizar “rigurosidad técnica y ética de los estudios de impacto ambiental”; vecinos piden información sobre otro proyecto de puerto espacial que trascendió en la prensa y es impulsado por la compañía Atria Spaceport

La Red Unión de la Costa manifiesta su solidaridad con los vecinos y vecinas del balneario y afirma que el gobierno departamental, “tergiversando las consecuencias de una decisión judicial, pretende culpabilizarlos por sus acciones en defensa del ambiente” y viola el Acuerdo de Escazú.

Gabriel Isola, director de Desarrollo Rural del MGAP, será el nuevo presidente de la comisión honoraria que tiene bajo su órbita la implementación del plan; adelantó que buscará fortalecer el espacio y durante las primeras semanas trabajarán en identificar prioridades

Institución de Derechos Humanos señaló que la construcción es “regresiva” en “protección de derechos humanos y espacio costero”; Intendencia de Rocha colocó polémica cartelería para evitar que “se responsabilice al gobierno departamental” por la detención de las obras.