Camila Méndez

La organización que vela por los derechos humanos manifiesta en su informe anual que es crucial “abordar seriamente los problemas de calidad y acceso al agua” y afirma que continuará monitoreando la situación del proyecto Neptuno-Arazatí

Un proyecto de maestros comunitarios, niñas y niños de Casavalle que buscó solucionar los malos olores de pozos sépticos se transformó en una cooperativa de trabajo que funciona bajo pilares como la educación, la comunidad, la ciencia y la prestación de servicios de tratamiento de aguas y producción

Edgardo Ortuño participó de una actividad en el departamento y dijo que su cartera va a garantizar “rigurosidad técnica y ética de los estudios de impacto ambiental”; vecinos piden información sobre otro proyecto de puerto espacial que trascendió en la prensa y es impulsado por la compañía Atria Spaceport

La Red Unión de la Costa manifiesta su solidaridad con los vecinos y vecinas del balneario y afirma que el gobierno departamental, “tergiversando las consecuencias de una decisión judicial, pretende culpabilizarlos por sus acciones en defensa del ambiente” y viola el Acuerdo de Escazú.

Gabriel Isola, director de Desarrollo Rural del MGAP, será el nuevo presidente de la comisión honoraria que tiene bajo su órbita la implementación del plan; adelantó que buscará fortalecer el espacio y durante las primeras semanas trabajarán en identificar prioridades

Institución de Derechos Humanos señaló que la construcción es “regresiva” en “protección de derechos humanos y espacio costero”; Intendencia de Rocha colocó polémica cartelería para evitar que “se responsabilice al gobierno departamental” por la detención de las obras.

El relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en Uruguay y conversó con la diaria sobre su plan de trabajo, las crisis democráticas, la necesidad de dar nuevos debates y cómo imagina una transición energética justa

En un conversatorio donde investigadores alertaron la urgencia de la toma de acciones para salvaguardar los ecosistemas acuáticos, Teresa Sastre, la nueva directora Nacional de Aguas, señaló que hay que adecuar normativas para que estén “en consonancia con la evolución del conocimiento científico”.

Organizaciones indígenas y defensoras ambientales piden una reunión de la Comisión del Sistema Acuífero Guaraní en forma “urgente” y “presencial”; exigen que se cumpla con el derecho a la participación en asuntos ambientales establecido en la Constitución y el Acuerdo de Escazú

La cartera pidió explicaciones a la empresa sobre por qué realizó un “estudio de disponibilidad de agua (subterránea y superficial) para una demanda superior al consumo indicado” y señaló que los elementos faltantes “no permiten una total comprensión del proyecto y evaluación de los impactos asociados”

Organizaciones exigieron una gestión del agua “que ponga en el centro la vida y no el negocio” y “un modelo que respete los derechos de las generaciones presentes y futuras, que garantice la justicia hídrica y climática, que escuche y respete las voces de quienes defendemos los territorios”

Colectivos de diferentes partes vendrán a Montevideo y otros se movilizarán en sus territorios este sábado; investigador observa las diferencias y similitudes entre el contexto actual y el de cuando se aprobó la reforma constitucional que puso en manos del Estado el abastecimiento de agua potable

Mientras la Junta Departamental de Paysandú recategorizó los predios y la empresa avanza con los trámites en el Ministerio de Ambiente para instalar parques de energía solar y eólica, ciudadanos uruguayos y argentinos se movilizan y denuncian, entre otros puntos, la pérdida de bosque nativo

En febrero se decretó la modificación de las multas por incumplir las normas de protección al ambiente, que ahora podrán ir de diez a 100.000 unidades reajustables; en paralelo, en esta legislatura se podría desarchivar una iniciativa para incluir los delitos ambientales en el Código Penal

El equipo de la cartera se hizo presente y técnicos trabajan en el lugar para evaluar el daño; la compañía afirma que no hubo “afectaciones al ambiente ni a las personas que trabajan en el lugar”, mientras que el Movimiento por un Uruguay Sustentable exige sanciones y evaluaciones rigurosas.

La Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación determinó en 2023 que debían hacer rescates y que parte de las obras se llevaron adelante sin control arqueológico; representante de pueblos originarios evalúa presentar una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos

Ante el desastre ambiental, solicitan estudios para conocer los impactos en la salud de la población de Palmar, que las autoridades agropecuarias tomen “medidas dirigidas a los emprendimientos agropecuarios” para “reducir los aportes de nutrientes” al río y la creación de zonas de amortiguación

Los departamentos con incumplimientos fueron Colonia, Canelones, Montevideo, Florida, Lavalleja, Paysandú y San José; investigadores advierten que es necesario analizar otras variables en el monitoreo, que se debe prestar atención a la calidad de la arena y que no hay que subestimar la problemática

Ministerio de Ambiente informa a la compañía NGE, que integra el Grupo Vía Central, de “incumplimientos” en actividades mineras, entre ellos iniciar los proyectos “sin contar con autorizaciones correspondientes”, debiendo pagar multas que totalizan poco más de US$ 120.000.

Comunidades aledañas manifiestan preocupación por impactos socioambientales, denuncian que la iniciativa fue impulsada “sin información ni consulta previa” y piden que las autoridades del Ministerio de Ambiente convoquen a una audiencia pública en territorio