“Política criminal y desarrollo fallido en la América Latina contemporánea”. Así se llama la investigación en la que los cientistas políticos Juan Pablo Luna y Andreas Feldmann abordan el avance del crimen organizado y el narcotráfico en Perú, Paraguay, Chile y Uruguay.

Sebastián Marset y el operativo A Ultranza Py, la expansión regional del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, los vínculos con las organizaciones europeas, la infiltración del dinero del narcotráfico en las economías nacionales y el vínculo con la política son algunos de los temas que incluyeron en el trabajo académico.

Luna es uruguayo y lleva años radicado en Chile. Es doctor en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte y profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta semana estuvo en Montevideo y conversó con la diaria sobre algunos de estos temas.

Una conclusión de Luna es que los países de la región enfrentan una especie de “trilema”, difícil de resolver: “Podemos ponernos el objetivo de reducir el tráfico, la violencia y la corrupción, pero nunca vamos a poder reducir las tres cosas al mismo tiempo”.

¿En qué cambió el lugar de Uruguay en el esquema internacional del narcotráfico en los últimos años?

El cambio más importante en la geopolítica del mercado es que hubo una bajada y una multiplicación de las rutas del narcotráfico hacia el sur. En paralelo, entran más al juego las organizaciones brasileñas y la [mafia calabresa] 'Ndrangheta, sobre todo en la ruta hacia Europa, pero también hacia Asia.

A partir de esos cambios, los puertos y la logística de Uruguay empezaron a tener una inserción internacional diferente, que no tenían hasta ahora. Una primera consecuencia es que eso genera mucha plata. Otra es que al convertirte en un centro de acopio, aumenta la necesidad de cuidar los depósitos, y eso requiere contar con cierta estructura, que al mismo tiempo requiere armas. Aumentan en paralelo los niveles de violencia y los recursos económicos que genera el narcotráfico.

Además, Uruguay siempre ha tenido, y tiene, una posición importante como plaza de lavado de dinero; es como su rol tradicional. Eso se había logrado mitigar, en cierta medida, pero en los últimos años se descontroló.

Todo este panorama, claramente, tiene múltiples implicancias políticas e institucionales que nos obliga a pensar cómo funcionan el juego político y la democracia. Una economía que empieza a estar más permeada por las economías ilegales genera recursos que empiezan a impactar en la política y en cómo funciona la institucionalidad estatal.

¿El pasaporte que obtiene Marset sería un ejemplo de esa infiltración del Estado?

Por definición, el crimen organizado no existe sin colusión entre Estado, criminales y políticos. Esto se da con distintas combinaciones, en diferentes lugares. Pero el crimen organizado funciona mejor cuando no está visible, cuando consolida estructuras que no son percibidas, ni perseguidas. Cuando los ojos del Estado no están ahí o están ahí pero hacen como que miran para el costado. Eso es imposible de alcanzar sin infiltración y colusión, al menos la suficiente como para comprar la distracción estatal. Eso siempre funciona de esa manera.

Otra cosa: cuando hablamos de narcotráfico, muchas veces pensamos en los grandes cárteles, Colombia o México, pero en los últimos años eso cambió y hay una mayor fragmentación de actores. En Uruguay lo vimos, hay mayores niveles de competencia, mayor necesidad de ejercer control territorial y también hay competencia por lograr ventajas en la interacción con el Estado y la política.

Un eje del libro es la interacción entre la economía legal y la informal, en temas vinculados al narcotráfico. ¿Qué concluyeron al respecto?

El dinero que ganás en el mercado ilícito no te sirve para nada si no lo inyectás en el mercado lícito. Sin eso, son papeles pintados guardados en un búnker. No hay economía ilegal sin una interfaz muy porosa con la economía legal. Desde lo normativo, hay un límite claro entre lo legal y lo ilegal, que en cierta forma es el límite entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando uno se mete en estos temas, lo primero que aprende es que acá hay transiciones bastante fluidas entre un lado y el otro.

Un expolicía que entrevistaron para el artículo les dijo que los políticos suelen mirar para el costado cuando la inyección de dinero del narcotráfico en la economía es funcional a sus intereses. ¿Está pasando en Uruguay?

Al político siempre le sirve que haya más plata en la economía, porque hay más consumo, más movilidad social, eventualmente menos pobreza, y se pueden generar nuevos negocios. El problema es cuando la interacción se hace visible por el aumento de los episodios violentos. Uruguay tiene niveles de homicidio increíbles desde hace muchos años, es algo que rompe los ojos y que genera mucha tensión.

En términos comparativos, Uruguay tiene más homicidios por cada 100.000 habitantes que Argentina. Saquemos de la comparación a Rosario y Santa Fe, donde la violencia está desmadrada y el equilibrio ya se rompió; en la comparación por países, la tasa de Uruguay es mayor. Y uno no diría que los mercados ilegales o informales tengan menor incidencia en Argentina que acá, más bien uno pensaría lo contrario.

¿Y por qué es menor la violencia en Argentina?

Por las formas de funcionamiento de las estructuras policiales. En casos como Argentina, la corrupción y la coordinación con las estructuras criminales termina liberando zonas, algo que pacifica el territorio. Es uno de los mayores dilemas que tenemos en América Latina. También lo vemos en Brasil. Algo así como el 40% del territorio de Río de Janeiro está gobernado por bandas criminales o paramilitares. Y hay, en cierto sentido, una coordinación del Estado: “te dejo gobernar acá y me pacificás el territorio”. Algo parecido pasó en El Salvador con la tregua con las maras. El Estado cede soberanía y territorio, pero logra bajar los homicidios. [El expresidente salvadoreño Mauricio] Funes logró bajar 50% los homicidios, hasta que ese pacto se quebró y aumentó la violencia de nuevo.

En definitiva, la llave de la violencia la tienen siempre las organizaciones.

Las organizaciones, pero también la política y las policías. En América Latina, quizás por la influencia de las lógicas de la Guerra Fría, siempre asociamos los mayores riesgos para la democracia con las Fuerzas Armadas. Pero hoy los mayores desafíos para la democracia están vinculados a la actividad de las policías, que tienen una llave muy importante. En las protestas masivas de Bolivia, Ecuador y Perú, las policías terminaron decidiendo si sostenían o dejaban caer a los presidentes. Y hay una serie de interfaces que llevan a los políticos a tener que lidiar con eso. Es probable que la gran mayoría de los políticos no tengan vínculo activo con el crimen organizado, pero el crimen organizado igual pone condiciones. Y hay múltiples vertientes por las cuales pueden poner esas condiciones.

¿Qué analizaron en Uruguay con respecto a ese vínculo entre política y narcotráfico?

En Uruguay lo que rompe los ojos es el financiamiento de los partidos. Es un país que muchos perciben como un ejemplo de calidad democrática, y lo es, pero tiene ese punto flojo de cómo se financian la política y las estructuras partidarias. En esa opacidad, siempre se van metiendo vínculos que condicionan la acción política. Hoy los políticos enfrentan varios dilemas. Por un lado, la presión ciudadana por bajar los niveles de violencia; por otro lado, la presión internacional del régimen prohibicionista que impulsa Estados Unidos en América Latina. Son dos cosas que generan incentivos cruzados. Entonces, cuando el fenómeno se vuelve más visible, cuando aumenta la plata que circula en la economía, cuando eventualmente miraste durante mucho tiempo para el costado, bueno... Ahí el problema es que empezás a tener otras consecuencias y otras presiones, porque quizás llegaste de repente al punto en el que es mucho más complicado regular y poner bajo control estas dinámicas.

¿Qué papel juegan los empresarios en todo esto?

Mi sensación es que el gran empresariado uruguayo todavía no tiene mucha conciencia de la situación de Uruguay, y se sorprende cuando uno hace este tipo de planteos. Asimismo, el nivel de recursos que manejan estas estructuras vinculadas al narcotráfico empieza a generar incentivos para interactuar con ellos. Porque invierten en tus empresas o porque te pueden hacer un préstamo salvador si estás en la mala. Claro, seguramente va a ser a cambio de que les prestes un galpón para guardar mercadería o que los autorices a aterrizar una avioneta en tu campo.

Eso sucedió con algunos productores agropecuarios de Soriano, lograron identificar quién estaba necesitado.

Por supuesto, y cuentan con toda una estructura específica para eso. Porque esas necesidades son también posibilidades para ellos. Otro mercado interesante para ellos es el fútbol, desde las canchitas de fútbol que usan para el microtráfico hasta los paquetes de inversiones que muchas veces les pueden ofrecer a los jugadores de élite. Ahí entran intereses del narcotráfico todo el tiempo; los pases de los jugadores, el financiamiento de los clubes. En el fútbol hay precios poco estandarizados y es ahí donde estas estructuras se sienten más cómodas. Otros rubros con los que interactúan frecuentemente son la construcción y el juego.

¿La Policía uruguaya está preparada para enfrentar una eventual avanzada del PCC sobre las cárceles del país?

No me animaría a hacer un diagnóstico de la Policía uruguaya, porque no es algo que haya estudiado lo suficiente. Mi sensación es que, salvo en Rivera, donde hay pujas entre bandas de Rio Grande do Sul, las organizaciones brasileñas han decidido, por el momento, no ingresar fuerte a Uruguay. Y han optado por mantenerlo como una plaza probablemente de lavado o quizás de residencia. Seguramente, haya también presencia en operaciones de logística, pero mi impresión es que no han ingresado con la intención de iniciar una disputa territorial.

O sea que a Uruguay lo ven más como una plaza que como un territorio.

Exacto, porque Uruguay es un mercado muy chico para esquemas de gobernanza criminal a la brasileña. Pero si deciden entrar sería un desmadre, y es algo que puede pasar. En el caso de Paraguay, ellos identificaron que el país era importante como_ hub_ logístico, por sus rutas y también como surtidor del mercado brasileño. En términos de estructura criminal, Paraguay funcionaba como el PRI [Partido Revolucionario Institucional] de México, con un sistema articulado desde la política, con una organización más bien monolítica, en la que toda la estructura criminal se organizaba y desarrollaba desde el Estado. Cuando los brasileños empiezan a sindicalizar las cárceles paraguayas, se empiezan a generar muchos motines y presos muertos. Aparece el Clan Rotela, se incrementa la puja territorial y eso escala en los niveles de violencia, sobre todo en lugares como Amambay. La consecuencia de todo eso fue una mayor fragmentación del sistema político paraguayo. No en el sentido de que el Partido Colorado pierda la hegemonía, pero sí se generaron dos facciones coloradas, un fenómeno determinante para explicar lo que ha sucedido en los últimos años en Paraguay.

¿El caso Marset está vinculado con esa interna del coloradismo?

Yo no diría que lo de Marset se explique directamente por eso, pero está claro que durante todos estos años operó con una de las estructuras fuertes de Paraguay, que además tiene vinculación directa con las organizaciones brasileñas.

¿Qué se sabe sobre los vínculos entre el PCC y la 'Ndrangheta en la región?

No llegamos tan lejos en el libro, pero todos los indicios muestran que hay una relación bastante cercana. Además, es evidente que hay un especial interés en la región por parte de la Policía italiana, que es de las mejores en términos de persecución de este tipo de estructuras. Están muy interesados en lo que pasa en los países del Cono Sur, en Paraguay, en Brasil y en Uruguay. La 'Ndrangheta es uno de los actores principales en el tráfico de droga desde América Latina a Europa, y mi impresión es que esos vínculos son más fuertes en el sur que en el norte del continente. Por ejemplo, en Ecuador, donde la situación se desmadró en cuestión de seis, siete años, las estructuras más presentes son albanesas, de Europa del Este y mexicanas, y no tanto la 'Ndrangheta. De todas maneras, son cuestiones que todavía hay que investigar mejor

¿Qué papel juega la DEA en todo esto?

Hasta hace poco el Cono Sur era una región poco interesante para la DEA, y uno podría decir que era una ventaja. El régimen del prohibicionismo extremo y la persecución de las grandes estructuras que tienen incidencia en Estados Unidos han generado, sobre todo en el caso de México, una escalada brutal de la violencia. Y eso, de alguna forma, está asociado a las políticas que implementó la DEA contra el crimen organizado. Hoy la DEA tiene una visión un poco diferente, más de prevención del consumo, por todo lo que está pasando con el fentanilo, pero sus estrategias en América Latina contribuyeron más bien a la escalada de violencia y la corrupción. Pasó en México con la fumigación aérea de cultivos, mientras gobernaba [Richard] Nixon. Un libro del periodista Ioan Grillo cuenta que en aquel momento las autoridades mexicanas negociaban con los narcotraficantes si fumigaban o tiraban fertilizantes sobre las plantaciones de opio, en función de las coimas que podían cobrar.

Cuando los estados aplican mano dura, desde esa concepción de guerra contra las drogas, terminan pasando dos cosas: escala la violencia, porque fragmentás los grupos y abrís las disputas territoriales, y sube el precio de las coimas, porque hay mayores incentivos para la corrupción. Cuando el Estado va por la dura, los agentes que se dan vuelta y cooperan con el crimen organizado pueden cobrar más caro, ya sea por información que venden o por la entrega de los operativos.

El ejemplo de la DEA sirve para identificar cuál es el “trilema” que enfrentamos en la región. Uno puede plantearse como objetivos reducir el tráfico, la violencia y la corrupción, pero nunca va a poder reducir las tres cosas al mismo tiempo. Eventualmente, podrías elegir dos, pero no las tres. En parte, el drama es que normativamente queremos reducir las tres cosas al mismo tiempo, y no hemos encontrado cómo hacerlo desde la política pública y la persecución. Más bien ha sucedido todo lo contrario.

¿A qué se debe eso?

Porque los tres intereses chocan entre sí. La Policía bonaerense te puede bajar la violencia, pero te sube la corrupción y no te baja el tráfico. Es muy difícil escapar de estos dilemas, porque además generan rápidos desequilibrios y cambios de estado.

Y mientras eso sucede, hay una lógica de geopolítica internacional que vuelca cada vez más recursos hacia la economía ilegal y eso te lleva puesta las estructuras estatales y políticas. Hay varios países del capitalismo avanzado con problemas serios: Suecia, Holanda y Bélgica están en problemas serios de violencia criminal, asociada a estos mercados ilegales.

En la investigación hablan particularmente de Chile y Uruguay.

Llevamos años hablando de Uruguay, Chile y Costa Rica como los ejemplos, como los mejores de la región. En Costa Rica está pasando que se han llevado puestas muchas instituciones, con un nivel de violencia bastante descontrolado. Hay que empezar a darse cuenta de que no hay antídotos institucionales, no existen las vacunas mágicas contra esto. Muchas veces las supuestas ventajas son funcionales a la expansión de estos mercados, porque estamos todos como no pudiendo creer, diciendo que ciertas cosas no van a pasar nunca acá, y terminan pasando.

También hay dificultades en el manejo de los datos y en cómo hacer un mejor diagnóstico de la situación.

Es evidente que en Uruguay se necesita más y mejor información. En cierta medida, algunas cosas que viene impulsando [Diego] Sanjurjo son interesantes, porque apuntan a generar un sistema de datos validado y legitimado técnicamente. Pero también ha pasado que mucha gente que está estudiando estos temas ha tenido dificultades a nivel del Ministerio del Interior. Hay muchas cosas que no sabemos, en parte, porque hay niveles de opacidad o de clausura hacia ciertos datos, que servirían para comprender mucho mejor estos fenómenos.

¿A qué lo atribuye? Muchas veces los datos se utilizan para sostener tal o cual relato político.

Cuando los políticos empiezan a competir por estos temas, se acabó el sistema. Ahí empieza la crisis de todo el sistema político. Cuando competís en esto, lo único que lográs es erosionar todavía más la institucionalidad que te va quedando. Esta debería ser una política de Estado, porque justamente lo que está en juego es el Estado. Acá se te va el Estado. Si competís en función de estos temas, podés ganar una elección, pero estás destruyendo todo el sistema, en el mediano y largo plazo.