Cristina Lustemberg: “No puede ser que la gente sea el rehén del mal funcionamiento del sistema de salud”

Previo a que el presidente electo, Yamandú Orsi, anunciara su gabinete, una de las posibles designaciones que integró la danza de nombres desde el principio fue Cristina Lustemberg, quien finalmente fue nombrada como la próxima ministra de Salud Pública, junto con Leonel Briozzo como subsecretario de la cartera.

Lustemberg, que es pediatra, integrante de PAR y fue subsecretaria de Salud Pública durante dos años, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, cuando Jorge Basso era el titular de la cartera, recibió a la diaria en su despacho del Parlamento, donde tiene decenas de carpetas etiquetadas con diferentes temas de salud y, junto a sus voluminosos apuntes, adelantó las prioridades de su gestión al frente del Ministerio de Salud Pública (MSP), la importancia que para ella tiene que la cartera fortalezca su rol rector, y la necesidad de trabajar tanto en medidas rápidas y “de sentido común” como en otras que llevarán otros plazos y trámites jurídicos y legislativos.

Si bien maneja de manera clara la actualidad de los temas sanitarios con mayor prioridad para el país porque en la última legislatura fue integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social de Diputados, Lustemberg se enfrenta a una gestión que tiene indicadores críticos respecto de los tiempos de espera, los recursos humanos y la situación económico-financiera de las empresas de salud privada, además de un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que para muchos necesita ser sometido a una reforma. Según expresa, sabe a lo que se enfrenta, y varios meses antes de asumir ya planea diferentes acciones para encarar cada situación por partes y con cierta prioridad.

Las primeras acciones

¿Cuál es el plan de trabajo tras asumir, qué problemas de salud te desvelan y tendrán prioridad?

Muchos. Por un lado, los que tenemos comprometidos políticamente e integran las 48 medidas [que el Frente Amplio presentó en Colonia, en setiembre] y las bases programáticas. A grandes rasgos es todo lo vinculado a trabajar las barreras de acceso a la salud. Las primeras acciones tienen que ver con la accesibilidad a los medicamentos, crear una agencia regulatoria, una política integral de medicamentos, y la incorporación y revisión de las posibles prestaciones, ya sean procedimientos o medicamentos, a eventualmente incorporar al Formulario Terapéutico de Medicamentos y al Plan Integral de Salud. En todo el sistema, tanto en los prestadores públicos como privados, hay un tema respecto de los tickets porque no tenemos trazabilidad nacional.

¿En qué tipo de prestaciones se marca la diferencia?

Por un anticoagulante se requiere un ticket que, como no está regulado, se cobra entre 3.000 y 5.000 pesos, la analgesia para el parto puede tener un costo de 50.000 pesos o ser gratis, hay prestadores que la ofrecen sin costo para captar socios. Hay tratamientos con antibióticos que significan un costo muy importante, en dólares. En las farmacias se ve que las personas pagan con tarjeta de crédito medicamentos de uso cotidiano para enfermedades crónicas porque es evidente que a través de su prestador no pueden acceder. Por esto es importante revisar todas las barreras de acceso a medicamentos y procedimientos, hay que ver cuánto avanzó el MSP, cuáles son los medicamentos que incorporó, que de hecho fueron muy pocos, ya que la mayor incorporación está relacionada a los altos costos, pero falta.

¿Se puede considerar que los problemas de acceso a la atención son los prolongados tiempos de espera?

Sí, es otro de nuestros compromisos políticos. Hay medidas que vamos a tratar de implementar durante los primeros meses y otras que van a llevar más tiempo porque tienen que ver con dificultades estructurales que tiene el sistema, vinculadas, por ejemplo, a la formación de los recursos humanos. Tenemos que evaluar especialistas en orientaciones clave, trabajar con los colectivos de la salud locales y nacionales, tanto de trabajadores médicos y no médicos como de usuarios, las inquietudes que hoy hay, tenemos mucha información que resultó de las recorridas que hicimos por todos los departamentos. Los tiempos de espera fue uno de los temas que surgió de forma espontánea, es uno de los más difíciles.

¿Qué otras cosas detectaron en esas recorridas por el país?

La necesidad de expandir la telemedicina, tener presentes en los centros de salud a médicos generales con mucha formación, porque son la puerta de entrada al sistema, también médicos especializados en familia. Evaluamos en general que el ministerio tiene que tener un rol rector, como lo dice el SNIS, un sistema de información que permita tomar decisiones y una Junta Nacional de Salud más fuerte. Me desvelan los indicadores de calidad asistencial y que la gente esté bien atendida. Nada es al azar, tenemos equipos técnicos formados en gestión, en economía de la salud, en especialidades para que lo que se haga sean cosas basadas en evidencia. Hay algunas acciones que nosotros entendemos que se pueden hacer, vinculadas a la buena atención, que se pueden resolver porque son hasta de sentido común, otras van a requerir una resolución jurídica y parlamentaria.

¿Te parece que la falta de rectoría del MSP que marcás influyó en los usuarios, además del sistema a nivel empresarial y de gestión?

Yo quiero que la gente pueda tener una oficina, una web y distintas alternativas de atención, que se sienta segura, con atención humana y con altos estándares de calidad, porque transitar las situaciones vinculadas a la salud es siempre difícil, la atención humana y que las personas se sientan atendidas de la mejor manera es sumamente prioritario. No puede ser que la gente sea el rehén del mal funcionamiento del sistema de salud. Lo hemos conversado mucho con Briozzo.

¿En qué otras cosas coinciden como futuros jerarcas?

En las políticas de salud sexual y reproductiva y en los derechos. Hay mucho camino transitado y evidencia seria sobre qué sucede en el SNIS con cumplimientos de procesos, por ejemplo, el de interrupción voluntaria del embarazo. Otro ejemplo es el de la sífilis congénita, vemos la desigualdad porque las cifras son unas en el sector público y otras en el privado. Tendremos que tener un abordaje multidimensional y transversal, porque hablar de salud es hablar de determinantes sociales, cuidados, de distintas miradas. En Uruguay hay sólo un centro del Estado [que es el Piñeyro del Campo] para atender a personas mayores, al que ahora entran por orden judicial porque no hay más cupos. En cuanto a discapacidad, hay una lista de espera de 7.000 personas para acceder a un asistente personal. En todos estos temas tenemos problemas y mucho para trabajar con otros sectores.

La salud mental es otro de los temas que requiere acciones. En 2017 se aprobó la Ley de Salud Mental (19.525) pero sin presupuesto.

Esa ley se votó sin ser acompañada de un presupuesto y eso es una cosa muy aprendida. Luego el plan de implementación 2020-2027 no se implementó y tampoco tuvo presupuesto, se tomaron acciones aisladas, pero queremos retomar ese plan porque lo hicieron muchas personas entendidas en el tema, tiene buenas líneas de acción para abordarlo. Cuando se analizan las cifras sobre los intentos de autoeliminación y suicidios, quedan descubiertos problemas, por ejemplo, de ansiedad y depresión, que requieren una mirada más allá de lo hospitalario, un abordaje sociocomunitario de la salud mental, trabajar el tema desde una conjunción entre la salud y la educación. La ley plantea otros modelos, y vamos a trabajar sobre ella y actualizaremos con lo que hay.

Respecto de la atención en salud, ¿hay poblaciones que requieren planes de acción especiales, por ejemplo, las personas privadas de libertad y los niños, niñas y adolescentes institucionalizados?

Hay que identificar todos los problemas de atención y abordarlos. Invertimos más del 9% del producto interno bruto en salud, pero aun así hay cosas que tienen que ver con la gestión y que impactan en la atención. En la pandemia hubo situaciones que quedaron al desnudo. El acceso a la salud de las 16.000 personas que hay privadas de libertad es uno de los temas, vemos todo lo que hay que hacer ahí, tenemos que estar más cerca, el modelo de gestión tiene que ser más eficiente.

¿No son suficientes las políticas de atención actuales? ¿Falla el sistema?

Cuando implementamos la reforma [en salud] se hicieron muchas cosas que permitieron mejorar algunos indicadores, pero luego nos fuimos enlenteciendo. Cuando yo fui subsecretaria planteamos 15 problemas con líneas de acción y ahora en algunos hubo un franco retroceso. Al sistema le falta una rectoría más fuerte que tenga buenos sistemas de información, un área de fiscalización fuerte. La percepción es que tenemos que seguir trabajando en indicadores de calidad desde todas estas áreas.

Los temas de la transición

¿Hay algo evaluado en cuanto a la Administración de los Servicios de Salud del Estado?

Sí, es un prestador público con un gran número de afiliados y vamos a analizar en qué situación está. En principio voy a consultar por una presupuestación de cargos que recientemente aprobó el directorio. Algunos se pronunciaron ante el hecho de que gran parte de esos cargos son de confianza, entonces quiero saber qué rige el procedimiento y si está avalado.

En noviembre, Orsi y Álvaro Delgado firmaron un compromiso por la infancia, impulsados por el periodista Gabriel Pereyra. ¿Qué implica ese compromiso en materia de salud?

En salud implica accesibilidad a los cuidados, al control durante el embarazo, y a la política de primera infancia, infancia y adolescencia toda. Tenemos 157.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, hay que ver medidas en todas las áreas. Vamos a fortalecer los procesos de atención en políticas sexuales y reproductivas, porque para mí es muy importante que las personas decidan si quieren o no tener hijos. Luego de eso, si deciden que sí, el Estado tiene que tener un rol activo. Fortalecer los cuidados e integrar las políticas en territorio es la base.

Hay gran expectativa sobre las decisiones que el próximo gobierno tomará sobre el Casmu, sobre todo porque ante el informe de los interventores el MSP decidió que la intervención continúe. ¿Tienen algo definido?

El tema forma parte de los elementos de la transición. Ahora la responsabilidad la tienen los integrantes actuales del Poder Ejecutivo, varios de los designados para el próximo gobierno han mostrado preocupación. Hubo reuniones en las que participó, por ejemplo, [el futuro ministro de Economía y Finanzas], Gabriel Oddone, y parte de mi equipo. Vamos a tener habilitada toda la situación en el marco de la transición, por ahora le damos seguimiento desde nuestro rol parlamentario. Somos cautos y no desconocemos lo que pasa. El Casmu es la tercera institución más grande del país, en la última reunión las actuales autoridades del MSP garantizaron que no está afectada la asistencia, eso sí que es una preocupación para nosotros, que siempre esté garantizada la atención de los usuarios.

¿Ya organizó la transición con la actual ministra, Karina Rando?

Siempre tuve diálogo con [el exministro Daniel] Salinas, con el subsecretario [José Luis Satdjian] y con la ministra, sobre todo por lo parlamentario. Esta semana conversamos sobre las reuniones bilaterales que conlleva la transición y en las próximas semanas las vamos a concretar.