Dos días después de que el gobierno uruguayo presentara una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude o estafa, el astillero español Cardama Shipyard emitió este domingo un comunicado en el que asegura que “ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales” vinculadas a la construcción de dos patrulleros oceánicos para la Armada uruguaya. Por lo que, para la empresa española, “resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención” de rescindir el contrato por parte del gobierno uruguayo “sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes”.

En el comunicado, consignado por El País, el artillero español pidió “la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes”. En caso de que esto no ocurra, la empresa advirtió que “se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses”.

“Francisco Cardama SA reafirma su compromiso con la culminación exitosa del proyecto de las patrulleras OPV [Offshore Patrol Vessel] y con la búsqueda de una solución cooperativa y conforme a la legalidad contractual”, remarcó la compañía.

La empresa afirmó que cuenta con una “reconocida solvencia y seriedad” y que “nunca se ha visto involucrada en procesos concursales o de insolvencia”, lo cual “avala su capacidad y compromiso con cada proyecto”. En ese sentido, consideró que la decisión del gobierno uruguayo de rescindir el contrato “no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir en toda relación entre la administración y sus contratistas”.

El pasado miércoles, el presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informaron que, ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento de Cardama, aportada a través de Eurocommerce Limitada, el gobierno constató que dicha empresa no figura en el registro de entidades financieras del Reino Unido, así como también que no ha tenido actividad en los últimos tres años y que, el 19 de agosto, el diario oficial británico publicó que se había iniciado un proceso de liquidación por inactividad. Asimismo, se informó que el embajador uruguayo en el Reino Unido constató que en las oficinas de la empresa que oficiaba como garante nunca funcionó la firma.

Con relación a la garantía, el astillero afirmó este domingo que, “con el objetivo de ofrecer plena tranquilidad” al gobierno uruguayo, la empresa “se compromete, si fuera necesario, a sustituir la garantía de fiel cumplimiento –equivalente al 5% del contrato– por una nueva que cumpla con las características que la administración considere adecuadas”. Apuntó, además, que las garantías “fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas” por el Estado uruguayo, por lo que “cualquier incidencia relativa a las mismas no puede ser imputada a este astillero, que también ha asumido los costes derivados de su emisión”.

“No se ha ocasionado perjuicio alguno a la administración uruguaya y se ha mantenido una comunicación constante, transparente y documentada sobre el desarrollo de la obra”, aseguró la empresa, y acotó que “continúa cumpliendo con sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato”.

Por otro lado, el astillero se refirió a las “declaraciones públicas recientes” sobre el contrato firmado para la construcción de los buques OPV, las cuales le “han generado un impacto reputacional negativo e injustificado”, que afecta a “la percepción de confianza entre nuestros proveedores locales e internacionales” y podría “repercutir indirectamente en los plazos del proyecto”. “Confiamos en que factores ajenos al proceso constructivo no continúen afectando el normal desarrollo del contrato”, manifestó la empresa.

El acuerdo de protección de inversiones entre Uruguay y España

En una publicación en X, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, señaló que la reciente resolución del gobierno podría haber incumplido el acuerdo firmado entre Uruguay y España “para la promoción y la protección recíproca de las inversiones”, aprobado en 1993 mediante la Ley 16.444.

El artículo 11 de este tratado dispone un procedimiento para la resolución de controversias “entre una parte contratante e inversores de la otra parte contratante”, las cuales “deberán, en lo posible, ser amigablemente dirimidas” en un plazo de seis meses.

El acuerdo establece que, de no alcanzarse un acuerdo amistoso, el diferendo puede ser presentado en los tribunales competentes del país donde se realizó la inversión y, posteriormente, ante un tribunal arbitral internacional, ya sea por acuerdo entre las partes o a solicitud de una de ellas, si han transcurrido 18 meses desde el inicio del juicio nacional sin una “decisión sobre el fondo”, o “cuando exista tal decisión pero la controversia subsista entre las partes por considerar cualquiera de estas que dicha decisión es notoriamente injusta o contraviene las disposiciones de este acuerdo”.

“Cuando el presidente y sus secretarios anuncian públicamente la decisión del gobierno de rescindir un contrato con una empresa española (sin mediar palabra ni planteo formal ni mucho menos negociación de buena fe), se produce un acto unilateral del Estado, que puede tener consecuencias jurídicas”, advirtió Sotelo.

Manini Ríos: “Quiero creer que el gobierno sabe algo que yo no sé”

En declaraciones compartidas en X por la exsenadora Irene Moreira, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo este domingo que espera que el gobierno haya decidido rescindir el contrato porque “tiene información, que yo no tengo, de que la empresa no está cumpliendo con la obra y que va a clavar a los uruguayos sin darles las lanchas”. De lo contrario, consideró que es “poco serio que, por una garantía de cuatro millones o un aval de cuatro millones de euros, se esté dejando sin efecto y perdiendo la posibilidad de tener, lo antes posible, esas dos lanchas”

“Quiero creer que el gobierno sabe algo que yo no sé, [sobre] que realmente no nos van a cumplir, nos van a clavar, nos van a robar los ochenta y pico millones de euros, y por eso lo frena”, apuntó.

“Más allá de que la empresa demore unos meses más, unos meses menos, lo que precisamos como el agua son las lanchas, porque, en definitiva, nos están robando por año mucho más de lo que valen las lanchas”, afirmó Manini Ríos.