Sobre diversos aspectos del presupuesto quinquenal, a lo largo de su recorrido parlamentario –especialmente en estos últimos días de discusión en el plenario de la Cámara de Diputados–, la oposición ha cuestionado lo que considera una tendencia hacia la “burocratización” del Estado con la creación de nuevos organismos, “como si eso solo, por una suerte de efecto mágico, resolviera los problemas”, en palabras del diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala.

Algo de eso estuvo presente en el tercer día de tratamiento del proyecto de ley, cuando la Cámara de Diputados votó el inciso correspondiente a la Presidencia de la República. Durante el debate en el plenario, la oposición apuntó a lo que considera una “concentración de poder”, sobre todo, a partir de la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, un organismo desconcentrado que dependerá directamente de Presidencia.

La iniciativa fue aprobada este sábado con 50 votos afirmativos en 99, con el apoyo de los diputados del Frente Amplio (FA) y de los dos legisladores de Cabildo Abierto (CA). En la fundamentación de su voto negativo, el diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani afirmó que la creación de dicha secretaría es algo “sumamente peligroso”, y lamentó que la bancada del FA “no haya accedido a poder encontrarle una mejor redacción”.

En tanto, el diputado de CA Álvaro Perrone aseguró que no ven “nada extraño” en la iniciativa y sostuvo que votaron “con total tranquilidad”, ya que entienden, como planteó el gobierno, “que el Estado tiene determinada cantidad de litigios y que hay pocos abogados en determinados ministerios que los puedan afrontar”.

De acuerdo al proyecto elaborado por el gobierno, el cometido principal de la secretaría será “apoyar, gestionar o coordinar la defensa del Estado en aquellos procesos jurisdiccionales que se consideren litigios estratégicos, así como patrocinar o representar al Estado en los mismos”. El Poder Ejecutivo “establecerá las distintas categorías de litigio estratégico nacional e internacional en las que podrá intervenir la Secretaría, así como las modalidades de su participación, sin perjuicio de lo que se decida para cada caso concreto”.

En su concurrencia a la comisión que estudió el proyecto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que, “en el mundo que vivimos hoy, los estados nacionales muchas veces son sometidos a órganos jurisdiccionales internacionales, donde las sumas de dinero que se les reclaman a los Estados por las políticas públicas impactan directamente y muy duramente en las finanzas públicas”. La secretaría, entonces, pretende ser un instrumento para “articular la mejor defensa posible del Estado”, lo que supone “la defensa del dinero de los contribuyentes”, afirmó Sánchez en aquella oportunidad, según consta en la versión taquigráfica.

La diputada del FA Julieta Sierra agregó este sábado que, dado que “la defensa actual es costosa e ineficiente, porque depende de forma permanente de la contratación de estudios externos”, la creación de la secretaría supone “la consolidación de un cuerpo estable de abogados”. La también diputada frenteamplista Inés Cortés acotó que se pretende “blanquear”, dado que los litigios ya se coordinan desde Presidencia, y al mismo tiempo establecer “un elenco estable”. “Me cuesta entender la desconfianza en torno a esto, creo que es una buena cosa, es una buena práctica, blanquearlo y ponerlo en papel: cuál es el objetivo de algo que, de hecho, ya se está realizando”, sostuvo.

Desde la oposición, en cambio, no está claro “cuáles son los criterios con que se va a elegir esos litigios estratégicos, con qué recursos se la va a dotar, cuáles son los abogados que habrá que contratar y cómo se va a organizar”, señaló el diputado del PC Gabriel Gurméndez. Apuntó, además, que preocupa que la secretaría absorba cometidos propios de los ministerios, los cuales, a diferencia de Presidencia, sí “deben comparecer ante el Parlamento para responder políticamente ante sus actos”.

Gurméndez y Schipani advirtieron sobre los “poderes para recibir información de toda naturaleza” que tendría la secretaría. Schipani señaló que en el proyecto se habilita a la secretaría a “requerir cualquier tipo de información, dato o colaboración de los organismos del Estado, así como de las personas de derecho público no estatal y las sociedades anónimas en las que participa el Estado, a efectos de cumplir con los cometidos que se le asignan respecto de los procesos jurisdiccionales”.

Tal y como está redactado, continuó Schipani, “le vamos a dar un poder absoluto para requerir toda la información [con la] que cuente el Estado en relación a todos los temas, en relación a las personas, en relación a las instituciones, en relación a las empresas, todo lo que pueda ser relevante para la defensa del Estado en un litigio”, incluso el secreto bancario.

El diputado del FA Joaquín Garlo argumentó que se trata solamente de “información a efectos de cumplir con los cometidos que se le asignan respecto a los procesos jurisdiccionales”.

La oposición también apuntó contra el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. “Va a estar él en la conducción cotidiana de esta Secretaría de Litigio Estratégico”, la cual “no va a tener control parlamentario”, advirtió Schipani.

Al respecto, Perrone dijo que es un argumento que no entiende, y apuntó: “Cuando sale el Ministerio de Justicia dicen: ‘No, no lo voto porque el ministro de Justicia va a ser Jorge Díaz’; entonces, Jorge iba a ser ministro de Justicia, [pero] va a estar al frente de esto… ¿Va a estar al frente de todo?”.

Por el PN, Abdala consideró que, “en la medida en que los cometidos y la misión no está debidamente descrita”, establecer “atribuciones de esta vaguedad, ya sea a Jorge Díaz o se llame como se llame el prosecretario de la Presidencia de ahora o del futuro, evidentemente crea las condiciones para actuar con arbitrariedad”.