Durante buena parte de la semana pasada, mientras la comisión especial de la Cámara de Diputados que tiene a estudio la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) suspendía su régimen de trabajo debido al fallecimiento de José Mujica, una decena de asociaciones y gremios de profesionales discutió y acordó un conjunto de posibles propuestas alternativas al proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo.
En el documento, al que tuvo acceso la diaria, los colectivos plantean tres medidas concretas que, a diferencia de la reforma del gobierno, en ningún caso implican mayores aportes ni de activos ni de pasivos. El texto fue suscrito por el Colegio de Contadores, la Sociedad de Arquitectos, la Federación Médica del Interior, la Asociación de Afiliados a la CJPPU y el grupo Profesionales Independientes en Defensa de la CJPPU, entre otras organizaciones.
En primer lugar, se propone ajustar los timbres profesionales por el índice medio de salarios (IMS), es decir, la misma variable que se utiliza para los aumentos de las pasividades. Actualmente, los timbres, que representan un 30% de los ingresos de la CJPPU, se ajustan por el índice de precios del consumo (IPC), lo cual ha provocado un “descalce” que, según los firmantes del documento, se sitúa en el entorno del 70%.
En tal sentido, para “abatir el descalce acumulado”, se propone realizar “en forma inmediata un aumento significativo adicional al que surja por el ajuste del IMS, y repetirlo, compensando la pérdida de valor por descalce”. Este planteo surgió de la Asociación de Afiliados y fue presentado en la última sesión de la comisión especial.
Allí el economista Juan Manuel Rodríguez, que asesora a la Asociación de Afiliados, comentó el efecto que tendría realizar dos ajustes anuales extraordinarios de 20% en el valor de los timbres. “Mis cuentas me dan que en 2027, con dos acumulaciones de los timbres de 20%, aproximadamente, el ingreso adicional que tendría la caja sería de un poco menos de 2.500 millones de pesos; esto es más que el déficit, con lo cual es probable que no sea necesario un subsidio del Poder Ejecutivo”, señaló, según consta en la versión taquigráfica, a la que accedió la diaria.
La presidenta de la Asociación de Afiliados, Cristina Muguerza, dijo a la diaria que “lo más necesario es que los timbres se liquiden por el mismo índice que los ingresos y los egresos de la caja, porque si no, el descalce se va a volver a producir”.
El proyecto del gobierno establece como nuevo criterio de ajuste de los timbres una semisuma entre el IMS y el IPC. El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, argumentó en su momento que la propuesta supone “ir por el camino del medio”, en vista de que, si bien una suba del IMS con respecto al IPC “genera una brecha que va provocando alguna dificultad económica en la caja”, la eliminación de esto “implica que toda la sociedad, incluidos los más humildes, se tenga que hacer cargo, en parte, de ese desbalance financiero”.
Más aportantes y apoyo estatal
La segunda medida que se propone en el documento apunta a ampliar la base de aportantes de la CJPPU mediante la incorporación de profesionales dependientes. En concreto, se plantea que haya un redireccionamiento de aportes destinados a las AFAP hacia la caja paraestatal. “Se propone que el monto correspondiente a la aportación en categoría 1 de la CJPPU se detraiga del aporte que el trabajador profesional dependiente hoy hace al Banco de Previsión Social y este transfiere a las AFAP”, se señala en el documento; este planteo surgió del Colegio de Contadores.
Por último, como tercera medida, se solicita que el Poder Ejecutivo realice aportes desde Rentas Generales “hasta que las medidas anteriores generen los recursos necesarios para el equilibrio de las finanzas de la CJPPU”. En el texto se señala que el organismo previsional “hasta ahora nunca solicitó o recibió ayuda económica del Estado” y se apunta que “desde la implantación del IASS está vertiendo recursos al BPS a razón de más de 35 millones de dólares por año”. El documento será entregado próximamente a los legisladores.
Sergio Bedrossian, referente del grupo Profesionales Independientes, dijo a la diaria que el acuerdo alcanzado significa “una señal de unidad” entre las distintas organizaciones: “Ningún grupo apoyó que se afecte a activos y pasivos, como se propone en el proyecto del Frente Amplio”, expresó.
En la presentación que realizó en su momento ante la comisión especial, el Poder Ejecutivo estimó que 42% del costo de la reforma recaerá sobre los activos, 31% sobre los pasivos y 27% sobre el resto de la población mediante el aporte de Rentas Generales y el pago de los timbres. Al respecto, Bedrossian sostuvo que, por la responsabilidad que han tenido los distintos gobiernos en la crisis actual, “la asistencia financiera del Estado tiene que hacerse sí o sí”. “Ningún grupo quiere que la asistencia financiera reviente a la gente; por eso tratamos de hacer propuestas para que sea la mínima posible”, agregó.