La Intendencia de Montevideo prepara una “batería de medidas de austeridad”, anunció Bergara

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, entiende que el gobierno nacional “arrancó con una oposición claramente crispada e inclinada a poner algunos palos en la rueda”, pero aspira a que esto no se replique a nivel departamental. Para ello aspira a actuar con “transparencia” y a tener “puentes de diálogo permanente” con los ediles opositores en Montevideo. Consideró que las auditorías solicitadas por estos sobre las horas extras de la intendencia son “bienvenidas” y “útiles”, y aseguró que si se detecta “algún tipo de irregularidad”, buscará que “esas cosas se transparenten y se hagan eventualmente las denuncias que correspondan”.

Has dicho desde que asumiste que la Intendencia de Montevideo (IM) está en una situación financiera compleja, ¿cuáles son las herramientas financieras en las que están pensando para tratar de superar esa situación?

Efectivamente, por múltiples razones que tienen que ver con la caída de ingresos en los últimos tiempos, asociada a decisiones que no son de la IM, y también con decisiones de aumento en los gastos, se generó una situación financiera complicada. Ya la rendición de cuentas que presentó la administración anterior a la Junta Departamental da cuenta de ello, con un déficit anual del orden de los 90 millones de dólares. Obviamente es una circunstancia que se arrastra a lo largo de este año e implica tener una visión de cómo ordenar la cuestión financiera y cómo continuar políticas. También diría, un poquito para desdramatizar el asunto, que si bien la situación es complicada, es una cuestión que está focalizada en el corto plazo, porque estructuralmente la intendencia tiene márgenes como para mirar hacia adelante con otras fortalezas en este terreno. Tiene niveles de endeudamiento que son bajos y un montón de fortalezas en las cuestiones operativas. Pero evidentemente afrontamos una dificultad importante en el corto plazo.

Acá no hay mucha magia, ¿no? Cuando uno quiere corregir una situación financiera, las cosas pasan o por aumentar ingresos o por reducir o postergar gastos. Nosotros trabajamos este año con el presupuesto que viene elaborado en la gestión anterior, y ahora nos abocamos a elaborar el nuevo presupuesto que hay que presentar el 8 de enero. Y no está planteada ninguna medida que implique un aumento de ingresos, por lo tanto, lo que tenemos que pensar es cómo abordamos la situación del déficit financiero dosificando, postergando y racionalizando por el lado de los gastos. Allí tenemos un poco la misma lógica que hemos tenido en otras circunstancias en el gobierno nacional, que es que todos los actores que giran alrededor del funcionamiento de la IM, de alguna manera, vamos a tener que contribuir a la adecuación de la cuestión financiera. Nosotros estamos pensando en una batería de medidas que van a implicar sacrificios de la propia intendencia, de la arena política en cuanto a lo que significan los contratos y remuneraciones de los cargos de confianza política, de las empresas, de los trabajadores y también sacrificio en alguna medida del lado de los ciudadanos o beneficiarios de las políticas de la intendencia. Estamos conversando a nivel de gabinete ese paquete de medidas de austeridad que entendemos primordial para evitar una situación peor, porque si la situación empeora, las medidas van a tener que ser más drásticas.

Esto obviamente va a implicar mucho diálogo; nos planteamos ir hacia la comprensión de todos los actores y ver cómo todos podemos contribuir para sobrellevar una situación de corto plazo que nos permita mirar con más optimismo las tareas de futuro. En principio estamos teniendo una idea inicial de que estas medidas tengan un horizonte aproximadamente hasta marzo [de 2026], y ahí, un poco junto con la formulación del presupuesto y las discusiones con respecto a mecanismos de financiamiento, reevaluar y ver con más optimismo el futuro.

¿Está planteado reducir los cargos de confianza política?

Lo que está planteado implica una reducción sensible del número de contratos de confianza política.

¿Sensible en qué proporción?

No están las cifras finales porque todavía se está en la etapa de ir contratando. El número de contratos va a ser bastante menor. No me animo a tirar una cifra concreta, pero en órdenes de 60, 70 o 80 contratos menos de los que había, y con una remuneración promedio que también va a ser menor que la que había. Creemos que más allá de la cuantía que implica esto en términos de lo que es la masa de gasto de la IM, que obviamente no es algo significativo, sí es una señal de índole política que necesariamente tenemos que dar, porque si vamos a pedir esfuerzos a las empresas, a los trabajadores, a los ciudadanos, también debemos dar el ejemplo en ese sentido.

Y en cuanto a los servicios a la ciudadanía, ¿en qué áreas se aplicarán las medidas?

Son cosas que de repente son puntuales, cada una es relativamente pequeña, pero en la suma se hace un volumen interesante. Nada que implique detener servicios básicos ni los servicios que hemos marcado como prioridad. Hemos dejado en claro que la limpieza es la prioridad en esta etapa y algunas otras áreas vinculadas al tránsito, obviamente no va a haber corte por ese lado, al contrario, pero hay un montón de aspectos..., algunos llamados que la intendencia hizo que se van postergando, algunas cuestiones vinculadas a apoyos y ayudas que vamos a estar reprogramando. O sea, acá la idea no es cancelar nada de lo hecho, sino postergar o reprogramar a la luz de las posibilidades efectivas que tiene la intendencia para hacerse cargo.

¿Esto aplicará, por ejemplo, a planes sociales?

No, no vinculado a planes sociales. Hay temas en el área de cultura que está planteado reprogramar. En lo social sí vamos a estar revisando todo el paquete de contratos y convenios, que a veces incluye área social, pero no con ningún ánimo de recorte en los servicios, sino más bien ver los formatos y el tipo de contratación que se ha hecho. En el terreno de las empresas, la normativa nos permite renegociar y hacer un recorte parcial de los contratos. Estamos hablando de empresas de envergadura, no de una cooperativa social o de una ONG. Creo que el mundo empresarial conoce la tónica de que a veces hay que aflojar un poquito las cinchas para que después las cosas puedan fluir. En eso estimamos que va a haber un monto importante de mejora o de contribución a resolver la situación financiera.

¿Tienen una estimación del monto global del ahorro?

No, aún no.

Respecto de la plantilla estable de trabajadores de la IM, ¿qué medidas van a tomarse?

Ahí vamos a estar trabajando sobre cosas que sabemos que son sensibles, pero que tenemos que apuntar a racionalizar y sobre todo a incorporar a los trabajadores en este esfuerzo que vamos a estar haciendo. Tiene que ver con cuestiones de horas extras. Vamos a ir hacia un recorte parcial de horas extras, de algunas extensiones horarias a las que no necesariamente les vemos la total necesidad. Hay que recordar que en la IM la jornada laboral es de seis horas. Entonces, la extensión a ocho horas tiene que ser algo muy excepcional y muy justificado, si no iríamos un poco a contrapelo de lo que son los planteamientos del movimiento sindical con relación a la reducción de la jornada laboral. Además, hay algunas otras compensaciones que se reciben hoy que tienen un desorden bastante grande. Esto es algo que viene históricamente de la intendencia y que hay que racionalizar. Son todo un conjunto de aspectos sobre los que vamos a estar dialogando, por supuesto, con Adeom [el sindicato de trabajadores de la IM]. Ya hemos tenido un diálogo donde quedó claro cuál es nuestra visión del panorama financiero de la intendencia y de cómo tratar, por ejemplo, el tema de los contratos. Se va a tener un diálogo con cada uno de los departamentos, porque la reducción de horas extras o de compensaciones no puede ser una cosa a rajatabla en todos los lugares. Hay áreas donde claramente las horas extras son necesarias. No es la forma natural y eficiente de gestionar en el mediano plazo, pero en el corto plazo pueden ser necesarias en algunos lugares.

¿Había cargos de confianza política cobrando horas extras en el período anterior?

Eso no puede suceder y no va a suceder.

¿Pero sucedía?

No te lo sabría confirmar, tampoco lo descarto, pero no te lo podría confirmar. Lo que está claro es que conceptualmente no puede ocurrir que un cargo de confianza política esté haciendo y cobrando horas extras.

¿La medida de reducir los montos y cargos de confianza política también sería hasta marzo?

No, el número de contratos y las remuneraciones de los contratos de confianza política van a ser para todo el período. Esa no es una medida de austeridad de corto plazo.

En cuanto a las herramientas financieras, ¿tienen planteada la presentación a la Junta Departamental de algún fideicomiso, de algún préstamo?

Está claro que todo organismo de gestión pública se maneja con lógicas de endeudamiento, que tiene que ser sostenible. El nivel de endeudamiento de la intendencia no es alto, con lo cual hay buenos márgenes como para anticipar inversiones y procesos por la vía del financiamiento. Históricamente, la IM ha financiado, por ejemplo, las obras de saneamiento, con préstamos de organismos internacionales, particularmente del BID [Banco Interamericano de Desarrollo]. Por lo tanto, la posibilidad de que en el período para ese tipo de proyectos puedan plantearse préstamos de organismos internacionales claramente está sobre la mesa. También se va a plantear seguramente la posibilidad de generar algún fondo por la vía de fideicomisos para desarrollar obras y servicios que todos los candidatos de los partidos políticos en campaña dijimos que eran imprescindibles, vinculados a la limpieza, transporte, a áreas imprescindibles.

Somos conscientes de que todo endeudamiento pasa por la Junta Departamental, y en particular el endeudamiento que se continúa pagando después del período de gobierno requiere mayorías especiales, y por lo tanto requiere el concurso de la oposición política. Nosotros estamos planteando estas cosas con total transparencia, procurando el mejor diálogo posible con todos los partidos que integran la Junta Departamental. Fuimos el día que los ediles asumieron y todos los discursos que escuchamos allí fueron contestes con nuestro planteamiento de tener puentes de diálogo permanentes, de tener toda la información con la mayor transparencia, con escucha, con control. Yo quiero que haya control de la oposición y también control del oficialismo, porque eso nos hace bien a todos. Soy optimista de que podemos tener diálogos que permitan que todos acompañemos el financiamiento de cosas que todos dijimos que había que hacer.

Fuimos a presentar el principal programa que hasta el momento hemos presentado vinculado a la agenda ambiental estratégica a la propia Junta Departamental; es una gestualidad que fue muy bien recibida. Invitamos a esta misma mesa a los cabezas de las bancadas de los distintos partidos y tuvimos también un buen diálogo. Creo que estamos, por nuestra convicción de que es lo que hay que hacer, cultivando un vínculo razonable, donde la oposición tendrá que marcar, controlar, discrepar, pero también actuar consistente con las necesidades, que no son ni del intendente ni de la IM ni del oficialismo, son las necesidades de la población.

El antecedente del período pasado no fue bueno para la IM, porque no se aprobó el fideicomiso en la Junta. ¿Te parece que jugó en esto también el vínculo entre la entonces intendenta, Carolina Cosse, y los ediles de la oposición?

Es lo que se ha planteado explícitamente por parte de la oposición, en un contexto en que también hay que recordar que el gobierno [de Luis Lacalle Pou] actuó discriminando a las intendencias de Montevideo y Canelones, que eran las intendencias frenteamplistas, en cuanto a los programas de transferencias de recursos. O sea, un contexto de relacionamiento político y financiero complejo; no podemos olvidar tampoco lo que fue aquel pedido de juicio político a la intendenta. Claramente las relaciones no eran las mejores y es probable que eso haya conspirado contra la posibilidad de que se obtuvieran las mayorías especiales para algunos de estos financiamientos.

¿La oposición te ha dado alguna señal respecto de que pueden llegar a apoyar una herramienta financiera de este tipo?

El planteamiento que hice es un poco el que te acabo de decir: tender puentes, ofrecer toda la transparencia que se requiera, dialogar sobre los temas, presentar las políticas en la propia Junta, tener el mejor relacionamiento político en el acuerdo y en la discrepancia, pero también remarcando que bloquear cosas no va en detrimento de la intendencia, no es para el juego político menor, sino que va en detrimento de la gente, que necesita un montón de servicios que la intendencia provee. Es natural, y lo hacen todas las intendencias del país, buscar mecanismos de financiamiento para hacer obras, para mejorar servicios. No estamos haciendo ni pidiendo nada que no se haya hecho históricamente y que no hagan las 19 intendencias de Uruguay.

¿Cómo viste la acción de los ediles de la oposición de presentar una solicitud de auditoría ante el Tribunal de Cuentas por el tema de las horas extras?

Todo lo que sea controles, auditorías y demás es bienvenido. No en clave de caza de brujas, sino en clave de buscar, como se dice ahora en la jerga, oportunidades de mejora en la gestión. Para eso en general las auditorías son útiles. Si en el camino se encuentran irregularidades, que se transparente y que cada uno actúe en consecuencia. Por lo tanto, no me preocupa ese aspecto. Por lo que nos han informado, la magnitud global de las horas extras en la IM no es significativa: estamos hablando del 2% o 2,5% del total de la plantilla laboral, o sea, una cifra absolutamente modesta en términos de lo que son las remuneraciones. Si llega a haber circunstancias puntuales que impliquen algún tipo de irregularidad, vamos a ser los primeros en apoyar que esas cosas se transparenten y que se hagan eventualmente las denuncias que correspondan.

El presidente de la Departamental del Frente Amplio (FA), Ricardo Russo, dijo a la diaria que veía la acción de los ediles opositores por las horas extras como parte de una movida política de la oposición y como un correlato de lo que está pasando a nivel nacional, en el sentido de que existe un clima un poco más tenso entre oficialismo y oposición. ¿Coincidís con esto a nivel general, y cómo valorás lo que sucede en Montevideo?

Creo que todo el mundo percibe que el gobierno arrancó sin luna de miel, con una oposición claramente crispada e inclinada a poner algunos palos en la rueda. En Montevideo, nosotros estamos trabajando para que haya puentes de diálogo sistemáticos, que todos actuemos con racionalidad y pensando en la gente. Después hay circunstancias puntuales en las que uno puede ver cosas que iremos puliendo a lo largo de este tiempo en el relacionamiento. Por ejemplo, ahora la Junta nos está convocando para que expliquemos un supuesto préstamo que la intendencia estaría contratando con el Banco República [BROU]. Y la intendencia no está gestionando un préstamo con el BROU. Vamos a comparecer en aras del buen relacionamiento y la transparencia, pero sí a dejar claro que el objeto de la convocatoria no existe. O sea, la intendencia no está solicitando un préstamo, está simplemente haciendo las gestiones ante el BROU para mantener abierta la línea de crédito, el llamado duodécimo del presupuesto anual, o sea, un monto equivalente más o menos a un mes de presupuesto, que es una línea de crédito que históricamente la intendencia ha tenido con el BROU y que utilizan y que han utilizado todas las intendencias del país. Seguramente hoy más de la mitad de las intendencias tienen abierta esta línea con el BROU. Ahí no hay ningún hecho extraordinario, pero bueno, vamos a ir con gusto a la Junta a explicar esta situación, a dar cifras, a dar historia de esto. Y es parte de eso, de una forma de afianzar un relacionamiento abierto, de diálogo.

En clave nacional

¿Se habló sobre este clima de crispación a nivel nacional en la reunión que tuvieron los intendentes el miércoles con el presidente Yamandú Orsi?

Ese fue un asado sobre todo de camaradería, que es bastante tradicional en el relacionamiento de los intendentes a nivel del Congreso de Intendentes. Yamandú era intendente hasta hace muy poco. Y ese fue el clima, un clima de un relacionamiento afable, positivo, de seguir afianzando puentes de diálogo. No hubo mayor comentario con relación a cómo está el gobierno a nivel nacional y cómo está la oposición a nivel nacional.

¿Quedaste conforme como intendente de Montevideo con el acuerdo al que se llegó con el gobierno nacional por las transferencias de recursos a las intendencias?

Uno nunca queda conforme en esto. Está claro que en todo proceso de negociación un buen resultado es aquel en el que nadie sale completamente satisfecho. Nosotros aspiramos a tener un volumen mayor de recursos, sobre todo para una intendencia que fue discriminada en el período anterior, pero también somos conscientes de que el gobierno nacional tiene una situación financiera y fiscal muy complicada, y eso también condiciona los acuerdos que se pueden tener con los gobiernos departamentales. El acuerdo implica algún aumento [para Montevideo], yo diría modesto, a partir de 2027. Es mejor que el cero que recibió Montevideo durante varios años, pero obviamente hubiéramos aspirado a un monto mayor, sobre todo por las necesidades que tiene la población hoy en el departamento.

De cara a la discusión presupuestal, ¿pueden llegar a surgir dificultades en la interna del FA?

Es la historia de los gobiernos del FA. Me tocó estar del lado del Ministerio de Economía en 2005, cuando era la primera vez que el Frente gobernaba y el panorama fiscal, financiero, sobre todo productivo y social del país era bastante peor que el de hoy. Y ya allí tuvimos obviamente nuestro tironeo, nuestro rifirrafe en la interna del FA a la hora de la elaboración presupuestal, y de alguna manera eso se fue replicando en cada rendición de cuentas o en las leyes presupuestales de los gobiernos siguientes, quizás no con tanta virulencia, porque ha habido aprendizajes también. Por lo tanto, no es de extrañar y es hasta esperable que cada uno desde su lugar, cada ministro, cada ente autónomo busque la mayor porción posible de los recursos disponibles.

¿Qué te parece la propuesta del 1% para gravar a los más ricos?

Yo creo que no hay que enamorarse de las herramientas, como si una herramienta se transformara en un principio. Acá lo que compartimos es la necesidad de desarrollar y profundizar políticas para determinadas prioridades. Pero no es decir “este billete viene marcado para hacer tal cosa”. Eso no funciona así en la gestión de gobierno. Hay que gestionar bien la cuestión, obviamente la cuestión financiera, de ingresos y de gasto con base en prioridades. La política económica de este gobierno es mi política económica, en cuanto a que yo no me voy a parar en un pedestal que no me corresponde, ni en lo institucional ni en lo político, como para opinar sobre lo que se está haciendo desde el gobierno. Ya el presidente y el ministro de Economía dejaron en claro que esa herramienta no está en el menú, pero que va a haber otras herramientas que obviamente también aspirarán a generar un marco de ingresos que se van a aplicar en las prioridades que el programa del FA y el gobierno definen, y que son más o menos las que a veces se asocian a esta propuesta del impuesto del 1%.

Los planes de la intendencia

Recientemente se presentó un plan de limpieza y gestión de residuos que tiene 18 acciones prioritarias para los primeros 100 días de gobierno. Dentro de ellas, ¿cuáles considerás que son las más relevantes?

Lo importante es entender el esqueleto de esto, que tiene que ver con, primero, cuestiones vinculadas a la educación ambiental y a la cultura y al relacionamiento que tenemos con los residuos. Esto tiene que ver con cosas que hacemos, como se dice en la jerga, en origen, o sea, en tu casa, en tu comercio, que tienen que ver con clasificar. Parte del diagnóstico es que el problema está en que llega mucha basura al régimen general de residuos en Montevideo y que la basura está durante mucho tiempo en la vía pública. Por lo tanto, las reacciones a esto tienen que dar respuesta a ese diagnóstico. La educación ambiental implicará que todos tengamos que clasificar la basura en origen, de manera tal que todo lo que pueda ser reciclable vaya directo a las plantas de reciclaje, que se haga más compostaje, de manera tal que venga la menor cantidad de basura posible al sistema general, a ser enterrada en la usina de Felipe Cardoso. Esto implica campañas, acuerdos con el sistema educativo.

El segundo aspecto tiene que ver con los cambios en la tecnología de recolección de residuos. La imagen de la basura en Montevideo es ese contenedor rebosante de basura, con basura alrededor. A veces se dan esos casos, a veces es que el contenedor está vacío, semivacío e igual hay basura alrededor. La idea ahí es que hay mucha basura en la vía pública durante mucho tiempo. Por lo tanto, reducir el volumen de basura y retirarlo en la medida de lo posible de la vía pública. Ahí vamos a las ingenierías que se han ensayado en Canelones y también en Montevideo, en Santiago Vázquez, en Abayubá, que es ir hacia los contenedores intradomiciliarios e intraprediales. Tenemos planteado como objetivos a corto plazo tener de acá a fin de año alrededor de unos 20.000 hogares con contenedores propios. Y a lo largo del período, más de 200.000 hogares con contenedores intradomiciliarios e intraprediales, y el retiro de más de 5.000 contenedores de la vía pública.

Sobre el tema movilidad se está discutiendo la cuestión del transporte metropolitano. ¿La propuesta que están evaluando va por el lado de la que hizo el Centro de Investigaciones Económicas [Cinve], que planteaba carriles subterráneos en 18 de Julio y ómnibus largos en las arterias centrales como Avenida Italia y Giannattasio?

En primer lugar, estamos por primera vez intentando generar un proyecto de gran envergadura –y por lo tanto muy costoso, y hay que ser muy cuidadosos en la ingeniería del asunto– en clave metropolitana. Por eso está la IM, la Intendencia de Canelones y el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Economía. Esto es de una envergadura tal que sin la concurrencia del gobierno nacional no sería posible. La propuesta que sí se va encaminando es la de generar corredores de priorización del transporte colectivo. Se habla de un corredor con Avenida Italia y Giannattasio, y otro con 8 de Octubre y Camino Maldonado como eje de la propuesta, con un tratamiento específico en 18 de Julio. Estamos hablando de que se va a abordar la mayor parte de las arterias principales de la ciudad. Esto va a implicar tiempos y también alteraciones mientras se hacen los proyectos. Uno no dice “bueno, tengo el dibujo final” y con un chasquido de dedos transforma una cosa en otra. Van a ser años en los que se va a tener que trabajar en todas estas arterias; eso va a alterar la movilidad, va a alterar los negocios, y todas esas cosas hay que incorporarlas en el diseño del proyecto y en los costos del proyecto. Yo diría que esa cuestión de los corredores especializados de transporte colectivo es una cosa acordada.

¿Qué formas de transporte se están evaluando para esos corredores?

Están planteadas tres alternativas: ómnibus articulados, tren a nivel de tierra y tren aéreo. Se está en el período de evaluación, trabajando con consultoras. El tratamiento de 18 de Julio es algo que todavía no está definido. Porque de repente, en la teoría, uno podría pensar que si todo va subterráneo puede ser un dibujo final más lindo, pero bueno, eso también requiere estudios, evaluaciones. El subsuelo de Montevideo es complicado, las alteraciones que puede generar durante bastante tiempo en 18 de Julio también, no sólo en la movilidad, sino también en la parte comercial.

¿Hay problemas con el subsuelo, o eso de que no se puede hacer un metro en Montevideo por el tipo de subsuelo es un mito?

Eso se decía, sí, hace años, pero hay avances tecnológicos. Hay tecnologías que hacen más factible eso. Pero el tema también es, primero, entender bien la lógica del subsuelo de Montevideo; en segundo lugar, los tiempos, y en tercer lugar, los costos. Ir hacia una lógica subterránea de todo 18 de Julio tiene implicancias en costos que hay que evaluar en el marco del proyecto. Pero ese es uno de los aspectos del proyecto que todavía están un poco en discusión: si vamos hacia todo subterráneo, o hacia una parte subterránea, o hacia algo a nivel de calle cambiando reglas de movilidad, por ejemplo, sacando los autos particulares de 18 hacia otras arterias y concentrar en 18 de Julio el transporte colectivo. En fin, son todas variantes que hoy están sobre la mesa y sobre las que vamos a avanzar colectivamente en la definición.

El presupuesto se tiene que entregar al Parlamento antes del 31 de agosto, ¿qué es lo que puede llegar a presupuestarse de este proyecto antes de esa fecha?

Muy poca cosa, porque hasta que no esté definido el proyecto es difícil asignarle un costo. A la ley de presupuesto estamos acordando enviar la generación de un ámbito de coordinación del proyecto, en el que obviamente van a estar el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, la IM, la Intendencia de Canelones y eventualmente la Intendencia de San José. Difícilmente se le pueda poner números a un proyecto que todavía no está definido, pero habrá instancias en rendiciones de cuentas para poder hacerlo.

Sobre el tema del pasaje del Casino Municipal al Ministerio de Economía aparentemente habría ambiente para que eso se produzca, pero ¿en qué plazos están pensando y qué va a pasar con los funcionarios?

Sí, el diablo está en los detalles, y justamente esas son las cosas sobre las que vamos a trabajar. Estamos esperando para afinar eso que pase el 31 de agosto, pero tenemos una sintonía de entender que ya a esta altura del partido está claro que una intendencia no tiene ninguna vocación de gestionar un casino. Si el mundo se iniciara hoy, en el momento cero de la creación de la intendencia, nadie en el país diría “vamos a poner un casino en la intendencia”. Porque la intendencia además no puede tener la vocación de tener una política de juego. Para que un casino funcione vos tenés que tener una política de promoción del juego, ir a buscar jugadores, cosa que la intendencia evidentemente no tiene que tener. Y, además, lo lógico es que el casino de la intendencia dependa del organismo del cual dependen todos los casinos del país, que sí tiene una política de juego, una racionalidad en la distribución del juego en el país. Esa evaluación conceptual, yo te diría, es compartida. Y lo que tenemos que afinar son los formatos de ese pasaje. Esto hay que hacerlo salvaguardando los derechos de los trabajadores, sin duda. Ahí hay que ver si los trabajadores quedan en la intendencia, si siguen trabajando en el casino o trabajan en otro lado. Vamos a tener diálogo, por supuesto, con los trabajadores. El Casino Municipal es un casino que ha venido en decadencia, porque ya no tiene paño, no tiene ruleta, tiene sólo tragamonedas. Hay 53 funcionarios aplicados al casino, de los cuales 47 tienen causal jubilatoria.

Anunciaste la creación de un gabinete de inversiones y hablaste de demoras en los trámites, ¿tienen previsto algún mecanismo para agilizarlos?

La historia del relacionamiento de la IM con los inversores y con el sector privado no es la más fluida, no es la más ágil y no tiene buenos resultados. Basta ver la diferencia entre Montevideo y Canelones en esta materia como para darnos cuenta de que Montevideo tiene una amplia oportunidad de mejorar los procesos, los relacionamientos, la visión que se tiene de la necesidad de inversiones en el departamento. Y los tiempos, porque los tiempos son un factor crucial para los proyectos. Ahí hay mucho para rediseñar en materia de procesos. A veces se da que hay pequeños cambios en un proyecto que en el ida y vuelta demoran tres meses más. Hay cosas que se ven secuencialmente, van de un piso al otro de manera secuencial, cuando ya se pueden ir viendo de manera simultánea. Yo planteaba la necesidad de un cambio de chip en cuanto al relacionamiento de la IM con los procesos de inversión, que incorpore la necesidad de vernos como aliados. Por supuesto, con base en las políticas que la intendencia tiene que respetar y hacer respetar: la salvaguarda de lo ambiental, lo patrimonial, lo urbanístico, lo territorial.

Hablaste de inversiones y mencionaste a Canelones, que permite los barrios privados; ¿considerás que en Montevideo habría que modificar la normativa que los inhabilita?

Muchas veces menciono a Canelones, pero eso no quiere decir que estemos pensando en replicar todo lo que hace Canelones. La propia experiencia de Canelones también indica que hay cosas que de repente hay que restringir un poco. Yo no soy partidario de los barrios privados, no vamos a ir hacia esa lógica de barrios privados. Soy contrario a proyectos que signifiquen desintegración social; ese tipo de proyectos no son los que nosotros vamos a acompañar.